Interior dificultó a la UCO investigar su contrato con la empresa del 'caso Koldo'

La UCO tuvo problemas para recabar información sobre el contrato que el Ministerio del Interior tuvo con Soluciones de Gestión sobre la trama del 'caso Koldo'. Así se percibe de uno de los informes que forman parte del sumario al que ha tenido acceso El HuffPost.

Los agentes trataban de tener información sobre un contrato de casi 3,5 millones de euros, pero el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska proporcionó "archivos en formato ilegible". Además, en una segunda intentona por tener más información, se les impidió leer un documento que detallaba el por qué contrataron a la empresa investigada.

De hecho, los agentes tuvieron que realizar la investigación por dos vías. La primera fue en la Subdirección General de Gestión Económica, que apenas tenía información de los contratos. Una cuestión que los agentes de la Guardia Civil consideraba "cuanto menos extraño", ya que fueron los que realizaron el contrato que fue firmado digitalmente por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, 'número 2' de Marlaska.

Tras recibir una carpeta con la información requerida, la UCO señala que, aparte de no poder ver muchos por ser "ilegibles", no había ninguno "que haga mención al suministro de material por parte de la empresa adjudicataria ni a los contactos con la misma para el perfeccionamiento del contrato". Solo había información referente a las autorizaciones para el gasto.

Por ello, en el departamento les recomendaron acudir a la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, que también depende del Ministerio del Interior.

Está dirigida por el comisario Daniel Belmar Prieto. Su puesto estaba jerárquicamente por debajo Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por otro policía de la máxima confianza de Marlaska en el que se diseñan todas las estrategias de seguridad que Interior pone en marcha.

Volviendo al auto, en este departamento es donde, según en la anterior Subdirección, los agentes iban a encontrar más datos. O eso creían. En un primer momento, el comisario aseguró a los agentes que sí tenía información y que iba a entregarla. Después cambió de opinión y aseguró que la entregaría cuando la UCO lo pidiera por escrito a su departamento ya que el requerimiento judicial se había mandado al primer departamento.

No obstante, contó a los agentes que las empresas que tuvieron un contrato de emergencia durante la pandemia en el Ministerio del Interior "surgieron de una reunión interministerial en la que el Ministerio de Fomento y Transportes puso sobre la mesa un abanico de sociedades que les habían provisto a ellos de material sanitario". Al parecer no fueron los únicos. A renglón seguido se indica que, "dada la escasez de material sanitario que había en esos momentos unido a las dificultades para acceder a líneas de compra", los ministerios decidieron "acudir a los proveedores seleccionados por el Ministerio de Fomento y Transportes".

En la misma entrevista admitió que existía un acta de la reunión interministerial, pero no dejó a los agentes que leyeran el documento. “De hecho el señor Belmar manifestó que existía un acta de dicha reunión interministerial en la que por parte del Ministerio del Interior acudió personal de la Dirección general de Coordinación y Estudios llegando incluso a mostrar a los agentes un documento de texto en la pantalla del ordenador, si bien no dejó a estos leer su contenido, de aquel acontecimiento se levantó acta haciendo constar tal vicisitud”, indican los agentes.

Una vez realizado un nuevo requerimiento judicial, Belmar Prieto mandó toda la documentación disponible a la UCO, que, indican, "estaba previamente preparada" al haber habido ya una conversación verbal y estar esperando al trámite burocrático.