Grupos falangistas se concentrarán este lunes en el cementerio de San Isidro para rendir homenaje a Primo de Rivera

La decisión del gobierno de exhumar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, como ya hicieran con Franco en 2019, ha despertado gran malestar entre varios grupos falangistas, que en el día de mañana se concentrarán en el cementerio de San Isidro para recibir los restos mortales del dictador.

Aunque no existe una convocatoria oficial, a mediodía se producirá una concentración de simpatizantes del fundador de Falange, asesinado en 1936 al inicio de la Guerra Civil, en el cementerio madrileño, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Las citadas fuentes trasladan el malestar existente en los círculos falangistas por que el Gobierno haya hecho coincidir la salida de Primo de Rivera del Valle de los Caídos con el 120 aniversario de su nacimiento, el 24 de abril de 1903. 

Apuntan además que el Valle de los Caídos permanece cerrado desde la noche del jueves, por lo que resulta imposible acceder al recinto y ya está en marcha un dispositivo para desviar el tráfico. Previsiblemente, la exhumación se llevará a cabo el lunes a primera hora y a continuación se producirá el traslado a San Isidro.

Además de la concentración del lunes, está previsto que se lleve a cabo otro homenaje en los próximos días en la nueva ubicación de los restos de José Antonio, hijo de Miguel Primo de Rivera.

El Gobierno podría sancionarles

Respecto a posibles sanciones que el Gobierno pudiera aplicar por los homenajes a Primo de Rivera, los partidos falangistas se muestran convencidos de que no existe base jurídica para sancionarles, ya que realizan un homenaje a una víctima de la Guerra Civil, según argumentan.

El Gobierno ya abrió un expediente a Falange por varias manifestaciones que se produjeron el pasado 20 de noviembre. Señalan sin embargo que el proceso se encuentra detenido y que la Secretaría de Memoria Democrática, que depende del Ministerio dirigido por Félix Bolaños, les trasladó en marzo que abría un periodo de tres meses --hasta junio-- para recabar más información y poder aplicar posibles sancione