Gestionar la legislatura más loca: pandemia, volcán, guerra, inflación... y récord de empleo

Se apagan las luces, empieza la película del frenético camino que lleva hasta las elecciones generales del 23J. Érase una vez un 4 de enero en el año 2020, cuando salía adelante la investidura de Pedro Sánchez. Se forjaba así el primer Gobierno de coalición desde la II República y el primero de la democracia. La novedad era esa y que por primera vez la nueva política, encarnada en Unidas Podemos, entraría en el Ejecutivo.

Pero lo novedoso también fue breve. Brevísimo. Desde finales de 2019 llegaban algunas señales desde China. Un nuevo patógeno, el SARS-CoV2, se extendía con rapidez por el país asiático, cuyas autoridades daban la información sobre su evolución con cuentagotas. En febrero ya estaba presente, y con fuerza, en el norte de Italia. Los casos se multiplicaron exponencialmente por todo el continente... y llegó la pandemia.

La coalición, que apenas había tenido tiempo de dar sus primeros pasos, y tras quitar gravedad a la amenaza del virus, como buena parte de los países del entorno, se vio obligado a decretar el Estado de Alarma el 15 de marzo de 2020. La ciudadanía se vio obligada a permanecer en sus casas para cortar los contagios, la actividad económica se paró en seco, se generalizó el teletrabajo y la ciudadanía se vio obligada a permanecer en sus casas para cortar los contagios.

La investidura había sido apenas dos meses y diez días antes y el panorama apuntaba a una debacle económica cuando España apenas se había conseguido recuperar de la anterior crisis económica, marcada por la austeridad. Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo desplegó una serie de medidas orientadas a proteger a los trabajadores y las empresas que vieran afectada su actividad.

El "escudo social" de la pandemia

La coalición se ha referido en más de una ocasión a esas medidas de protección como el "escudo social". Además de ayudas a las empresas, que permitieron que en 2020 desaparecieran menos empresas que con el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, una de las más mediáticas fueron los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo).

Este mecanimos, que ha llegado para quedarse, permitió a las empresas beneficiarse del auxilio del Estado, que se ocupó de los salarios de los trabajadores mientras las sociedades buscaban la mejor manera de capear el temporal y reactivar su actividad. De esta manera se evitaron los despidos y los empleados pudieron reincorporarse en cuando se dieron las circunstancias para ello.

Aun con esas medidas, el número de parados ascendió con fuerza hasta alcanzar su punto máximo en febrero de 2021, con la pandemia aún muy presente y la actividad a medio gas. Pero el subidón repentino ocurrió nada más iniciarse la contingencia sanitaria, pasando de los 3.246.037 millones en febrero de 2020 a los 3.831.203 apenas un mes después.

Si se miran los datos actuales, el paisaje ha cambiado mucho. El número de parados ha descendido hasta los 2.739.110, la cifra más baja desde el año 2008, mientras que la afiliación a la Seguridad Social también maneja números históricos, con 20,7 millones de ocupados, la cifra más alta registrada nunca.

En materia de empleo, a pesar de la pandemia, el Gobierno puso en marcha la nueva reforma laboral, cuya negociación coordinó el Ministerio de Trabajo, con la hoy candidata de Sumar, Yolanda Díaz al frente, con los agentes sociales. La nueva norma, aprobada definitivamente en febrero de 2022, ha cambiado el paradigma de contratación en España, disparando la contratación indefinida.

El enemigo número 1: la inflación

Suena a ciencia ficción, pero en tiempo récord, y a través de un esfuerzo global, la humanidad desarrolló vacunas efectivas para inmunizar a la población. Las campañas de inoculación empezaron al filo del 2021 y se extendió de manera desigual por todo el orbe, avanzó muy rápido en los países desarrollados y muy lentamente en otros más desfavorecidos, especialmente en el continente africano.

Poco a poco, la población se cubrió contra el coronavirus, paso previo a recuperar la normalidad tras casi dos años de pandemia. Pero la economía tenía otros planes. La reapertura de las fronteras y la reactivación de la actividad económica acarrearon nuevos problemas... y nuevos quebraderos de cabeza.

La cadena de distribución de materiales para la construcción, de componentes electrónicos o  de materias primas colapsó debido al repentino aumento de la demanda. En consecuencia, desde mediados de 2021 los costes de transporte y de los propios materiales despegaron, y con ellos también los precios de los combustibles y de la energía. Había empezado la espiral inflacionista.

Sin embargo, el contexto no era del todo desfavorable, la economía se recuperaba a buen ritmo. Tras caer un 11% en 2020, en 2021 el PIB español repuntó un 5,5%, creció lo mismo en 2022 y en 2023 lleva una senda positiva y ya ha recuperado el nivel prepandemia.

El mercado de trabajo pintaba el mismo recorrido. A partir de febrero de 2021 el desempleo inició un descenso contundente al tiempo que los ERTE afectaban cada vez a menos personas. Además, las dificultades económicas no impidieron que el Gobierno elevara en 2021 el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 950 a 965 euros y hasta los 1.000 en 2022, rompiendo nuevamente el mito de que subir el SMI destruye empleo.

Los problemas en la distribución hicieron que el aumento de los precios comenzaran a notarse. Pero después de meses de poco gasto y confinamientos la población había conseguido acumular un colchón de ahorro que contrarrestó en buena medida esas subidas. Se suponía que tras la normalización de la distribución la inflación volvería a la normalidad...

... Y en eso llegó un volcán y la guerra

El guion de los últimos cuatro años ha sido digno de una superproducción de Hollywood para una película de desastres. Si la inflación erupcionó con fuerza conforme se iba diluyendo el riesgo sanitario, entró en escena en septiembre de 2021 nada menos que un volcán en la isla de La Palma.

El Gobierno tuvo que hacerse cargo nuevamente de un desastre de magnitudes que hacía décadas que no se producía. La economía insular se vio afectada y miles de personas perdieron sus casas. Aunque se han reabierto las carreteras, un año después del inicio de la erupción, que duró en torno a tres meses, los afectados aún denunciaban que muchas de las ayudas no habían llegado o que tardaban demasiado.

Y mientras la lava dejaba de fluir desde las entrañas de la tierra, la geopolítica jugaba fuerte en el este de Europa. Desde noviembre de 2021 Rusia comenzó a desplegar tropas en la frontera con Ucrania bajo el pretexto de la realización de unas maniobras militares. Los servicios de inteligencia estadounidenses y de otros países occidentales advirtieron de que todo apuntaba a que eran los preparativos de una invasión, aunque la Unión Europea se resistió a comprar esa idea. La tensión duró meses.

Y el 24 de febrero de 2022 la situación estalló. Moscú lanzó sus tropas por tierra, mar y aire contra Ucrania, iniciando el primer conflicto bélico en territorio europeo a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea reaccionó dando su apoyo a Kiev y lanzando, una tras otra, rondas de sanciones económicas contra el régimen de Vladimir Putin.

El conflicto supuso una reducción inmediata del flujo de gas natural desde el país euroasiático, principal suministrador, y por tanto un nuevo aumento de la inflación como no se había visto desde hacía décadas, llegando a alcanzar su máximo en julio de ese año, cuando alcanzó el 10,8%, empujada fundamentalmente por los precios de la energía.

Para remediarlo, el Gobierno acudió a Bruselas para negociar el tope al gas para España y Portugal en lo que se conoció como la 'excepción ibérica'. En el mercado mayorista de la electricidad, el precio final lo dictaba el de la energía más cara, que era la que se producía con gas, y las más baratas, las renovables y la nuclear (Que España y Portugal producen en buena medida) se equiparaban al mismo. El tope vino a redefinir el precio máximo para las renovables y a establecer compensaciones a las industrias gasistas, como explicó el economista Manuel Hidalgo a El HuffPost.

Los resultados no tardaron en notarse. El ritmo inflacionario cayó en picado desde finales de verano y se situó en torno al 6% a finales de año. El dato avanzado del mes de junio de 2023 confirma esa tendencia con una bajada por debajo del 2% hasta el 1,9% siendo el caso de España el único de la UE.

Sin embargo la subyacente sigue en el 5,9%. El precio de los alimentos ha tardado mucho más en moderar sus aumentos, ya que sus ciclos productivos también dependían de los fertilizantes que producía masivamente Rusia y el trigo para la harina y los girasoles para el aceite de Ucrania. La tendencia actual tanto en España como en los mercados internacionales se mueve hacia la moderación, aunque la realidad es que los precios no han bajado, sino que han subido más lentamente.

Para paliar esta problemática el Gobierno aprobó también una reducción del IVA en los alimentos básicos y ha aprobado cheques de 200 euros para las familias y personas vulnerables. Sin embargo, el problema sigue latente y todo apunta a que será una tarea con la que tendrá que seguir lidiando el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio.

El último capítulo de esta historia se juega ahora en las generales, pero será difícil encontrar un argumento para un spin-off de esta legislatura que pueda supere lo que deja atrás.