La Fiscalía denuncia a dos altos cargos del PP de Murcia por una trama corrupta en Cartagena
El Ministerio Público se querella contra la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y otros miembros del organismo así como empresas del puerto por el supuesto amaño de contratos.
La Fiscalía de la Región de Murcia ha presentado una denuncia contra dos altos cargos del Partido Popular de Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, por una supuesta trama de corrupción en la Autoridad Portuaria de Cartagena. El Ministerio Público y la Policía investigan el posible amaño de contratos públicos para favorecer a una serie de empresas y la adjudicación de empleos entre los años 2015 y 2021.
Los cargos implicados en la denuncia, tal como avanza el diario La Verdad, serían la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz y también el ex presidente del organismo, Antonio Sevilla. Ambos fueron consejeros en los diferentes gobiernos del PP en la Región de Murcia. Así, Muñoz ocupó la Consejería de Educación y Cultura de 2015 al año 2019. Sevilla, por su parte se encargó de la Consejería de Obras Públicas entre 2011 y 2014, en el último gobierno de Ramón Luis Valcárcel.
El mismo diario explica que el escrito presentado por la Fiscalía en los juzgados de Cartagena hace referencia a los presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos.
Además de los altos cargos del PP de Murcia, la investigación y querella instruida por el fiscal especial anticorrupción Juan Pablo Lozano incluye a otros cargos que están o han pasado por la Autoridad Portuaria de Cartagena: J.P.V., ex director general del puerto, M.J.B., jefa del Área de Planificación y Gestión de la Autoridad Portuaria, y J.S.M., director del Departamento de Instalaciones.
También figuran varios empresarios, como la administradora de una sociedad especializada en recursos humanos, el consultor de una compañía de innovación tecnológica, una empleada del puerto que ejerce de accionista de una empresa privada y una consultora.
La UDEF se personó en 2022 en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Cartagena para recabar información sobre varios expedientes de contratación y la Fiscalía habría tomado declaración a numerosos testigos en los últimos meses con el objeto de aclarar los criterios que se habrían utilizado en la redacción de los pliegos de condiciones y en la adjudicación de esos contratos.
