Las otras exhumaciones pendientes de la Ley de Memoria: Del Bosch y Moscardó

Franco, Primo de Rivera, Queipo de Llano, Bohórquez... Las leyes de memoria españolas, poco a poco, van sacando a los golpistas de los lugares de honor en los que descansaban hasta ahora para ser llevados a enterramientos particulares, que no ensalcen ni su figura ni sus ideas. Sin embargo, aún quedan exhumaciones pendientes para aprobar la asignatura de la reparación. 

Tras la salida del líder de Falange, hoy, de Cuelgamuros, quedan otros dos militares en una posición de privilegio: los tenientes generales José Moscardó y Jaime Milans del Bosch, que yacen en la cripta del Alcázar de Toledo. Un recinto que que actualmente acoge el Museo del Ejército (propiedad del Ministerio de Defensa) y la Biblioteca de Castilla-La Mancha (del Gobierno regional). 

El Gobierno castellanomanchego del socialista Emiliano García Page siempre ha sido partidario de "hacer los cambios sin mucho ruido". Desde la Asociación Manuel Azaña están peleando para sacarlos. "Los restos tendrán que ser exhumados y trasladados a cementerios familiares, pero no se puede seguir manteniendo este tipo de cosas en dependencias del Ministerio de Defensa en un estado democrático", señalan en un comunicado. 

El ministerio que comanda Margarita Robles ya ha iniciado los expedientes para las exhumaciones de estos dos militares franquistas, pero no es un proceso sencillo, porque en la cripta del Alcázar yacen algo más de 200 personas que participaron en la sublevación militar también y que permanecieron dentro de la fortificación mientras el Ejército de la República intentaba hacerse con el Alcázar, en uno de los episodios más idealizados en el imaginario nacional.  

Tras dos meses de batalla, al principio de la insurrección, en la vieja fortaleza de Carlos V que entonces albergaba la Academia de Infantería del Ejército, las tropas de los golpistas entraron en Toledo y la abordaron, en la que fue una de las primeras victorias del bando sublevado y que inspiró novelas y películas. 

Hasta el año pasado, los enterrados en el Alcázar recibían un homenaje cada último domingo de septiembre, algo que la Ley de Memoria Democrática prohíbe en los espacios públicos y que ha quedado al fin impedido.

Moscardó fue el más destacado de los sublevados contra la Segunda República en la capital manchega y alcanzó celebridad por su defensa del alcázar de Toledo donde ahora descansa.  Fue el coronel que dirigió la defensa de los sublevados frente a las milicias republicanas, hasta la llegada del Ejército de África procedente de Andalucía y Extremadura. Un símbolo para los fascistas. Murió en Madrid en 1956, pero sus restos fueron trasladados a Toledo.

Milans del Bosch está allí porque también fue defensor del Alcázar; una vez finalizada la contienda fue combatiente voluntario a la División Azul y participó en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, contra la URSS, con rango de capitán. En el 23-F, fue el único de los capitanes generales que se sumó sin reservas y realizó acciones ofensivas de importancia. Doblemente golpista. Milans del Bosch era entonces el responsable de la región militar de Valencia. Solo cumplió nueve años de condena y nunca se arrepintió de participar en la intentona, pese a que fue de los pocos que sacó hasta los tanques a la calle. 

La Ley de Memoria Democrática recoge que ningún responsable del golpe de Estado de 1936 puede estar enterrado en otro sitio que no sea un cementerio. Nunca en un lugar de acceso público y relevancia, que pueda favorecer “la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura”. La ley también señala que es responsabilidad de las administraciones públicas que esto se cumpla.