Estos son los criterios que el Gobierno fijará para el reparto de 4.400 menores migrantes por toda España
Se tendrá en cuenta la población (50%), la renta per cápita (13 %), la tasa de paro (15 %), el esfuerzo previo (6 %), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), si es ciudad fronteriza (2 %), la insularidad (2 %) y la dispersión (2 %).
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros una reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas acojan a unos 4.400 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias y Ceuta.
El anuncio ha llegado horas después de que PSOE y Junts alcanzasen un pacto para la aprobación de este decreto de modificación de la ley de extranjería, en la que Cataluña quedará "prácticamente la última" en la distribución en función de los criterios establecidos.
El reparto de estos migrantes, según lo previsto por el Ejecutivo, se hará en relación a parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo previo (6 %), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10 %), ciudad fronteriza (2 %), insularidad (2 %) y dispersión (2 %).
En función de estos parámetros, Junts ha deslizado que Cataluña tendría que acoger a unos veinte o treinta migrantes, mientras que en la Comunidad de Madrid serían más de 700.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no ha querido dar datos concreto y ha dicho que esperará a los datos sobre migración que los gobiernos autonómicos tendrán que enviar antes del 31 de marzo.
El Ejecutivo ha confiado en que esos datos sean fiables, toda vez que es un certificado de los funcionarios. Si no lo hacen, se acudirá a los registros de los ministerios, ha puntualizado Torres después de asegurar que debería ser "una exigencia" que todos los españoles conocieran esas cifras reales.
Igualmente, el ministro ha recordado que la ley es de "obligado cumplimiento" y que ninguna región podrá negarse a la acogida, después de que territorios como la Comunidad Valenciana, Madrid o Aragón ya se hayan opuesto tras el anuncio del acuerdo.
Otra de las exigencias del PP es que haya ayuda económica para llevar a cabo estas acogidas. Según el Gobierno, la suficiencia financiera está garantizada por un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros.
