España no es país para abortos: doce provincias no los realizaron en 2022 y la mayoría se practican en la privada

Sumar ha propuesto seguir los pasos de Francia e incluir el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución española. En una rueda de prensa en el Congreso en la que han estado presentes ocho diputadas del grupo parlamentario, incluida Yolanda Díaz, la portavoz adjunta del grupo, Aina Vidal, ha enfatizado en la necesidad de "abrir el debate social" sobre este asunto para blindar este derecho en la Carta Magna.

“Queremos que el Congreso aborde el debate. Hemos hablado con todos los grupos (…) no es un debate de partido, sino de país y de sociedad”, indicaban al respecto. Ahora el partido busca una fórmula de llevarlo a pleno para su votación.

Este lunes Francia hizo historia al realizar una sesión extraordinaria en la que senadores y diputados votaban por amplísima mayoría incluir el derecho a la interrupción del embarazo por 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones. Francia se convertía de esta forma en el primer país del mundo en incluir de manera explícita la interrupción del embarazo en Constitución.

Sin embargo, España no es país para abortos. Cuesta tener datos, de hecho los últimos son de 2022. Analizando los datos del Ministerio de Sanidad, hay doce provincias que no realizaron ningún aborto derivando a las mujeres a otras provincias y cinco comunidades (Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia, Aragón más Ceuta y Melilla) lo hacían en la privada.

.Por ejemplo, en 2021, 4.000 mujeres tuvieron que salir fuera de su provincia para ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Tampoco la Sanidad Pública es lugar para abortos. Según los datos del informe de 2021, solo el 15,6% de los abortos que se realizaron en España fueron en centros públicos. El resto, el 84,4% fueron en centros privados sufragados con dinero público. Solo en Cataluña, Baleares y Cantabria se practican de manera habitual en la sanidad pública. En 2022 rebajó a los 82,7% en las clínicas privadas.

Entre las provincias que no han registrado ningún aborto en su territorio están Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Ávila, Segovia, Soria y Zamora y Cáceres. A estas provincias hay que sumar a Ceuta y Melilla, donde las mujeres que quieran abortar deben ir a la península ya que no tienen centros concertados en los que la Administración pague estos abortos. Tampoco se realizan en la sanidad pública.

La respuesta de las administraciones es siempre la objeción de conciencia de los facultativos. No obstante, nunca puede realizarse de manera colectiva a pesar de que hace décadas que no se practican en los hospitales.

Una cuestión que aborda la reforma del aborto aprobada hace justo un año. En su articulado obliga a las comunidades autónomas a realizar una lista de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia para evitar casos como el de Murcia, que obligó a una mujer en 2014 a recorrer 400 kilómetros para abortar por una malformación del feto. La región argumentó que todos sus médicos se declaraban objetores de conciencia.

Una cuestión que obligó a Murcia a indemnizar a la afectada ya que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, se habían vulnerado sus derechos fundamentales.

Seis comunidades autónomas aún no tienen el listado pese a que se aprobó el pasado 2 de marzo de 2023.