España y el 'lawfare' o cómo se utiliza la justicia para terminar con adversarios políticos: ahora, Pedro Sánchez

El expresidente del Gobierno José María Aznar fue quien tocó la corneta el pasado mes de noviembre. El líder que llevó a España a una guerra en Irak con el cuento de las armas de la destrucción masiva, el mandatario que todavía hoy defiende la insistencia del Gobierno en afirmar que había sido ETA la responsable de los atentados del 11 de marzo, dio una orden tajante, y lo hizo al lado de Alberto Núñez Feijóo: “Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española”. Y a partir de ahí, “el que pueda hacer que haga, el que pueda aportar que aporte, el que se pueda mover que se mueva”. Ante tal amenaza, dijo, “no cabe la inhibición”.

Tocada la corneta, a Aznar solo le quedaba sentarse a mirar cómo quien podía hacer, hizo, quien pudo aportar, aportó, y quien pudo mover, se movió. Desde el Partido Popular hasta los medios de comunicación afines, y desde los medios de comunicación amigos hasta el poder judicial. Felón, traidor o ilegítimo eran palabras habituales.

Y llegamos a este miércoles, cuando un juzgado ha admitido a trámite una estrambótica querella de la organización ultraderechista Manos Limpias contra la mujer de Pedro Sánchez basada en titulares y mentiras publicadas; un pseudosindicato liderado por Miguel Bernard, un exdirigente del partido fascista Fuerza Nueva.

Pero todo esto no es nuevo. Aunque quizás nunca un presidente del Gobierno había señalado de manera tan clara, como persona, sin sellos de La Moncloa ni del Gobierno, una campaña de acoso con nombres y apellidos, lo cierto es que la utilización del poder judicial con fines políticos ha sido casi norma en los últimos años. Existe, de hecho, un término heredado de Estados Unidos para referirse a ello: lawfare.

En Podemos han sido varias las personas que han tenido que soportar batallas judiciales que casi nunca llegaron a puerto alguno. Lo recordaba anoche su secretaria general, Ione Belarra, tras solidarizarse con el presidente del Gobierno: “En Podemos sabemos bien qué significa el lawfare y la persecución mediática. Teníamos que haberles parado los pies cuando acosaron al vicepresidente y a una ministra del Gobierno en su propia casa. Aún así, nosotras pensamos que siempre es el momento de defender la democracia, a pesar del alto precio que supone. O la democracia se impone o ganan los reaccionarios. La democratización del poder judicial y de los medios de comunicación es una urgencia democrática”.

La formación morada tuvo que hacer frente durante varios años a una macrocausa que terminó bifurcándose en una marea de pequeñas acusaciones. El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias los recordaba en un editorial en su medio, Diario Red: “El informe PISA, el caso Neurona, el caso niñera, la financiación proveniente de Venezuela, la financiación proveniente de Irán, la caja B, el caso Dina, la financiación de la sede, el caso de Vicky Rosell, el asistente de Echenique, la declaración de hacienda de Monedero, las inexistentes agresiones a policías de Isa Serra o Alberto Rodríguez, la lista es prácticamente interminable”. “En la inmensa mayoría de los casos – prosigue el texto – los magistrados terminaron archivando por miedo a prevaricar” y “en algunos de ellos, encontraron un subterfugio legal para condenar sin pruebas”.

En conversación con El HuffPost, Iglesias considera que “toca denunciar el lawfare contra el presidente y su familia con toda la contundencia, a pesar de que Sánchez y el PSOE miraron para otro lado cuando el lawfare era contra nosotros y trataron de aprovecharlo para debilitarnos”. “El presidente seguramente ha entendido hoy el poema de Niemöler”, comenta Iglesias en referencia al famoso texto del pastor luterano alemán: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista”.

El exsecretario general de Podemos afirma, no obstante, que “comprende su carta”, si bien advierte que “no basta hablar solo de derecha digital”. “Debería señalar con claridad a la derecha judicial y mediática”, concluye.

"Nos están fulminando"

Hace unos años, Mónica Oltra anunció su dimisión dejando una reflexión que hoy vuelve a cobrar sentido: “Que nadie se pregunte de aquí a veinte años, de aquí a veinte meses, qué cojones pasó en este país. Porque este país tiene un problema cuando absuelve corruptos, cuando M. Rajoy no es un indicio, y se encausan inocentes. Y pasan Vickys Rosells, y Albertos Rodríguez, y las niñeras. Y este país es un problema cuando no nos defendemos de la extrema derecha. Este país tiene un problema... Este país tiene un problema cuando nos desubicamos. Ganan los malos. Lo que más siento y lo que me gustaría evitar es que nadie piense que no es posible hacer políticas de izquierdas, que no es posible plantarle cara al poder, plantarle cara a la corrupción, plantarle cara a la oligarquía y a los poderosos. Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas, y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado también”.

Tras dos años de “infamia política, judicial y mediática”, el juez archivó la causa contra la expresidenta valenciana al no haber encontrado indicio alguno de ningún delito en el supuesto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido. Oltra es inocente, pero por el camino tuvo que dimitir de su cargo y el Gobierno del Pacto del Botánico no pudo aguantar. Los beneficiados, PP y Vox.

Otra persona que conoce bien el lawfare es Vicky Rosell. Anoche, la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género se dirigía así a Pedro Sánchez: “De una víctima oficial de lawfare y corrupción judicial, presidente: no merece la pena. Lo siento. Pero la decisión no puede ser que ganen, perdiendo democracia".

Rosell, que aparcó su carrera judicial para presentarse como diputada con Podemos, asistió a una confabulación del exministro José Manuel Soria, del Partido Popular, y el juez Salvador Alba, que buscaba terminar con su vida política y profesional. Su caso, a pesar del achaque, salió mal para sus conspiradores. El juez Alba acabó condenado por prevaricación, falsedad y cohecho.

El exdiputado Alberto Rodríguez llegó incluso a perder su condición de diputado tras ser condenado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, que incluía una pena de prisión e inhabilitación para cargo público. Fue en octubre de 2021 y, más de dos años después, en enero de este mismo año, el Tribunal Constitucional estimó que Rodríguez no tendría que haber sido condenado a prisión, con lo que debería haber mantenido su acta como diputado en el Congreso.

El lawfare también ha sido policial. Tal y como contaba el diario El País, “el Ministerio de Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz, del Partido Popular, entre 2012 y 2017 ejecutó operaciones policiales contra dirigentes independentistas catalanes y contra responsables políticos de Podemos” que, “según las investigaciones abiertas por los tribunales, no estuvieron ni controladas, ni ordenadas ni autorizadas por ningún juez”. “En muchos casos fabricaron pruebas falsas que difundieron a través de medios de comunicación afines al PP y que judicializaron sin lograr en la mayoría de los casos que prosperasen en los tribunales”.

Además de contra Podemos, El País destacaba “una campaña de intoxicación informativa” para “desacreditar al independentismo”, una operación cuyo autor admitiría con el paso del tiempo: el comisario José Manuel Villarejo. El periódico detallaba también “una extorsión a un banco andorrano para destapar los delitos de la familia Pujol” o “una cuenta suiza (falsa) del exalcalde de Barcelona” Xavier Trías.

Hace dos años, Pepe Mujica recordaba un encuentro en 2012 en Atlanta, ciudad en la que una “prominente figura conservadora dijo: lo que tenemos a favor es la gran prensa y buena parte del poder judicial”.