España deporta a Marruecos a dieciséis de los saharauis que solicitaron asilo

El Ministerio español del Interior ha deportado a dieciséis de los solicitantes saharauis de asilo que estaban en el aeropuerto de Madrid, algunos de ellos desde hace un mes, tras serles denegadas las solicitudes de protección internacional, informaron este viernes a EFE fuentes jurídicas.

Retornaron en un vuelo que salió ayer de Madrid a las 23.50 horas (21.50 GMT) con destino a Marrakech, mientras que otros 15 permanecen en las salas de asilo. Algunos de ellos ya tienen la deportación programada para el próximo domingo en un vuelo de las mismas características.

Las fuentes explicaron que, según las familias de los afectados, dos de ellos han sido detenidos por las autoridades marroquíes al llegar y están siendo interrogados.

Todos ellos contaban con documentación que acreditaba su origen saharaui, expedida por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) o por España, potencia colonizadora entonces, con el censo de 1974.

Y tenían una recomendación favorable de la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) para que se autorizase su entrada en España y pudieran completar su solicitud de apatridia, simultánea a la de protección internacional.

En uno de estos informes, al que tuvo acceso EFE, Acnur recomendaba autorizar la entrada del solicitante en España "dadas las limitaciones de los plazos para el procedimiento de apatridia y no siendo factible que se resuelva en un tiempo razonable durante la estancia del solicitante en el aeropuerto".

Y se apoyaba para ello en una sentencia reciente del Tribunal Supremo español sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de apatridia mientras el peticionario se encuentre en un puesto fronterizo -en este caso el aeropuerto- tramitando un procedimiento de protección internacional.

Fuentes de Interior consultadas por EFE negaron hoy poder ofrecer datos sobre este asunto, aunque recalcaron que cada caso "se evalúa individualmente" antes de adoptar una resolución, que se atiene siempre a "los criterios y requisitos establecidos en las legislaciones nacional e internacional en materia de protección internacional".

El Sáhara Occidental, antigua provincia española, está en disputa entre Marruecos, que controla unos dos tercios del territorio, y el Frente Polisario, que reclama su independencia total.

"Sin testigos"

Podemos ha acusado al Ministerio del Interior de deportar "sin testigos" y ha denunciado que distintos "cargos socialistas" están maniobrando para que estas deportaciones se realicen "sin posibilidad de escrutinio" por parte de cargos electos.

Así, recuerdan que a la propia Belarra y a sus eurodiputadas Irene Montero e Isa Serra se les ha denegado el acceso a la sala del aeropuerto para solicitantes de asilo, ante denuncias de que no había las adecuadas condiciones higiénicas y sanitarias, y que pidieron amparo por ello ante la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la presidenta de la Comisión de Interior, la socialista María Carmen Castilla.

Según la versión de la formación morada, la presidenta de la Comisión planteó la opción de organizar una visita a esas instalaciones la próxima semana, algo que era "inaceptable" para Podemos que demandó cursar la entrada en dicho recinto lo antes posible. Una petición que, según alegan, no recibió respuesta.

Una vez que las deportaciones de saharauis se han iniciado, el partido acusa a Interior y a estos cargos del PSOE de actuar para impedir que los diputados hablaran con los demandantes de asilo y las expulsiones se produzcan "en la más absoluta impunidad".

Por todo ello, han exigido que se paralicen las devoluciones que aún no se han efectuado y creen que el Gobierno vuelve a mostrar "complicidad" con la "dictadura marroquí". "Las políticas migratorias de (Pedro) Sánchez son indistinguibles de las que aplicaría un Gobierno del PP", han zanjado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya anunció que los solicitantes de asilo en el aeropuerto madrileño que alegaban ser saharauis perseguidos serían "deportados" si la ley no les ampara y así queda ratificado judicialmente.

También defendió que Interior tiene una "comunicación, coordinación y cooperación permanente" con ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para estudiar "individualmente" cada petición de asilo "en caso de que proceda" el reconocimiento de protección internacional o, en caso contrario, autorizar las expulsiones.