Entre bloqueos en redes y defensa de la fruta: los problemas reales que el ruido político no pueden tapar

Lo que pasa en la política repercute en los ciudadanos. Pero, entre polémica y polémica que rodea a un presidente, ministro o alcalde del partido que sea, hay algo que el ruido político no puede esconder, los problemas reales de la gente.

Los mejores ejemplos los hemos tenido en estas últimas semanas con los titulares que han copado tanto el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como la presidenta Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Primero fue la polémica generada con el lema que la dirigente madrileña usó, con mucho orgullo, para justificar que había llamado "hijo de puta" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras asistía a su investidura en el Congreso.

El PP de Madrid, lejos de recular y pedir perdón, aprovechó la tesitura para crear una nueva jugada. Bromeando con que la líder autonómica dijo "me gusta la fruta", hicieron camisetas y los mensajes con el hashtag #Megustalafruta se repitieron horas más tarde.

Aquí las polémicas van de un lado a otro y sí, el nexo de unión también está en esas cuatro palabras. El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, estuvo muy activo en redes sociales el pasado fin de semana tras las repetitivas incidencias que se habían ocasionado en el Cercanías de Madrid.

En plenas quejas por los problemas en la red de transporte público gestionado por el Gobierno, varios concejales del PP de Madrid denunciaron que el ex alcalde de Valladolid les había bloqueado en la red social.

La cosa no quedó ahí y el ministro no dudó en responder a uno de los tuits que compartió Ayuso, en los que mostró su descontento por la gestión del Gobierno con el Cercanías: "Haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación de Sánchez por el Cercanías".

"Tranquila presidenta. Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España", contestó Puente.

El ministro de Transportes, que se dedicó a responder a todas las réplicas que recibió con un "a mí también me gusta la fruta", volvió a protagonizar una nueva polémica junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El enésimo episodio de un ruido político que oscurece unos problemas que deberían solucionarse.

La realidad de la gente

Muchos han sido los políticos que han usado uno de sus discursos para mencionar que hay que tratar de solucionar los "problemas reales de la gente". Lo cierto es que uno de esos inconvenientes deriva de la gestión política que acaban haciendo.

En el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el del pasado mes de noviembre, los españoles sitúan a la política en general como el primer problema que hay en España. Un 15,4% de la ciudadanía la sitúa como la principal, aunque, en términos totales, ocupa la tercera plaza, a 0,4 puntos del paro y a 2,9% de la crisis económica.

Entre todas las polémicas anteriormente mencionadas hay dos realidades a las que muchas personas tienen que hacerle frente casi todos los días. Una de ellas es el problema que sigue habiendo con el Cercanías y, aunque es bastante peor, otra es la alarmante situación que llevan viviendo decenas de familias en San Fernando de Henares.

La pesadilla de San Fernando de Henares

Mientras el diálogo entre algunos representantes políticos deja mucho que desear, las noticias que llegan a San Fernando de Henares no son nada buenas. El pasado martes, la Plataforma de Afectados por la ampliación de la Línea 7B de Metro denunció que la Comunidad de Madrid llevará a cabo dos nuevos derribos de viviendas.

Después de reunirse con la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, los vecinos fueron informados de una demolición que afectará a una veintena de familias que ya habían sido desalojadas.

Se trata del último paso tras años de desprecio a cientos de familias que han sido afectadas por las obras en la línea 7B del Metro de Madrid. Un proyecto fallido puesto en marcha por el Gobierno del PP en mayo de 2007, del que el responsable fue el Ejecutivo madrileño, según señalaron los tribunales.

Pero, en estos 15 años, las obras del Metro de Madrid se han llevado consigo los sueños y las vidas de muchas personas. Más de 600 viviendas se han visto afectadas, 88 familias han sido desalojadas y 54 viviendas ya han sido derribadas.

Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por la ampliación de la Línea 7B de Metro, habla de lo más reciente, los dos nuevos derribos que la Comunidad de Madrid comunicó el pasado 12 de diciembre.

"Ya sabíamos que esto iba a pasar. Era la crónica de una muerte anunciada, porque la Comunidad Madrid ha operado así en otras circunstancias. Siempre ha sido el modus operandi: unas obras de apuntalamiento, sacan a los vecinos tres meses, esos tres meses se alargan y al final las obras de consolidación repercuten negativamente sobre los edificios y se derriban", relata.

Algunos vecinos llevan casi dos décadas de una eterna lucha contra un problema que "va a más". "La Comunidad de Madrid ha escurrido el bulto, técnicamente, porque no ha querido dar informes ni documentación hasta que la situación ha sido irreversible", añade.

Alejandro Escribano recuerda las dos opciones de realojo temporal que los diferentes Gobierno regionales han ido dando en estos últimos 15 años. "La primera, apartahoteles de 20 metros cuadrados en polígonos industriales, con vecinos denunciando plagas de insectos y problemas estructurales", explica, antes de hablar de la segunda de ellas, "en viviendas de alquiler".

Pero el problema es mayor a la hora de recibir la negativa de las inmobiliarias a formalizar un alquiler porque "no estaban de acuerdo con las condiciones que habían hablado con la Comunidad de Madrid". "Te quedas absolutamente vendido. Teníamos que abonar las primeras mensualidades, lo que suponía entre 4.000 o 5.000 euros de personas que se estaban quedando sin casa", detalla.

"El problema empieza cuando te tiran la casa"

El portavoz de la Plataforma de Afectados es bastante claro a la hora de justificar que "el problema real empieza cuando te tiran la casa". "Cuando se derriba, la Comunidad de Madrid deja de darte ayuda directa. Hay gente que se ha rehipotecado, sólo para pagar su alquiler y sus necesidades cotidianas", razona.

"Nosotros sabemos quién es el responsable, la expresidenta Esperanza Aguirre y su exconsejero de Transportes, Francisco Granados", señala, antes de hablar con datos de la gestión que ha hecho el Ejecutivo de Ayuso.

Alejandro Escribano asegura que cuando la líder del PP de Madrid llegó al Gobierno, en San Fernando de Henares se estaban cayendo 60 casas, "incluida la mía, repartidas en 13 calles diferentes". "Hoy en día, hay más de 600 viviendas afectadas, hay 88 familias desalojadas, 54 viviendas derribadas, más las 18 que se van a derribar", matiza.

Los vecinos del municipio madrileño critican que hayan tirado "más de 130 millones de euros a la basura" por unas soluciones técnicas que "no sólo no sirven, sino que extienden el problema" y apuestan por seguir los pasos que se dieron en el hundimiento del Carmel (Barcelona), en el año 2005. "Se resolvió en tres meses y nosotros llevamos 15 años", añade.

Parece que el foco no siempre apunta a los vecinos, pero la situación sigue siendo catastrófica. El propio Alejandro Escribano cuenta que le comunicaron hace unas semanas, de forma oficial, que su casa será una de las siguientes en ser demolidas. "Ocurrirá a finales de enero. Veremos cómo las máquinas se tragan nuestras casas. Esto va a más y nadie toma soluciones sociales", expone.

Cientos de incidencias en el Cercanías

Aunque las comparaciones poco tienen que ver, las incidencias en la red de Cercanías también siguen afectando a miles de ciudadanos cada mes. Los problemas en algunas de las principales líneas de Madrid, entre tanto tira y afloja político, lo sufren aquellos que las utilizan casi a diario.

En pleno debate sobre los tres descarrilamientos de un tren en Atocha en las últimas semanas, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes han cruzado críticas mientras la gente llegaba tarde a sus destinos. 

Según los datos que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha apuntado en un informe, ascienden hasta las 710 en 2023. Ha contabilizado problemas en la red y averías en trenes que han repercutido en 8 de las 11 líneas, lo que supone un incremento de hasta el 53% respecto al año 2022, cuando se computaron 375.

El Ejecutivo madrileño asegura que de los más de 650.000 madrileños viajan diariamente en esta red ferroviaria, más de 300.000 "se ven perjudicados como consecuencia de la falta de calidad del servicio".

Algo a lo que el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, respondió recordando que en 2017, con un Gobierno del PP, hubo "más de 4.200 incidencias" y "no merecían la más mínima preocupación".

Los problemas de mantenimiento y personal

Rafael García, secretario de Organización, Institucional y Formación del Sector Ferroviario Estatal de CC.OO., reconoce que el problema viene de años atrás, pero que las incidencias siguen repitiéndose.

"Adif tenía unas plantillas de incidencias de personal propio que se conocían las zonas como la palma de su mano. El viajero, en otros tiempos, no se enteraba de que no había una avería porque no se quedaba tirado. Eso cada vez sucede menos, porque hay menos personal propio y más contratado", señala.

Las incidencias, según Rafael García, derivan de los problemas de mantenimiento y personal. "Las empresas participantes han preferido tener este sistema de rotación de trabajadores temporales. La calidad formativa no es la adecuada. Es una mala política de personal", expone.

Los trenes pueden durar "más de 50 años", pero debe contar con "revisiones impolutas y transformaciones", pero recuerda lo que lleva pasando desde la crisis económica de 2008. "Duran mucho si inviertes en un buen mantenimiento y el sector ferroviario se ha resentido en cada crisis", explica.

Uno de los datos más llamativos es que, en 2017, CC.OO. enumeró en un informe más de 4.200 incidencias. "Hemos tenido años peores. En los años previos a la pandemia, aumentó el número de limitaciones por mal estado de las vías", recalca.

Por si fuera poco, unido al malestar que las cancelaciones y los retrasos siguen ocasionando en los pasajeros, Rafael García también hace hincapié en que han aumentado "de forma bárbara" las agresiones al personal. "Llevamos varios años trabajando en campañas para tratar de concienciar a las personas de que quién no tiene que pagar el gato es el que es el trabajador, porque no tiene sentido. Está sucediendo mucho", añade.

Lo que está claro es que, en medio del ruido político, los ciudadanos siguen viviendo las consecuencias de unas u otras gestiones, independientemente del color, mientras los titulares se llena de cruces de acusaciones, insultos y duras críticas que difícilmente sirven para adoptar soluciones resolutivas.