El PSOE plantea una ley para el fin de denuncias basadas en recortes de prensa e impedir a partidos ser acusación popular
La propuesta de ley registrada por los socialistas en el Congreso también recoge la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos. Busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de "acciones judiciales abusivas" y descansa en la doctrina del Tribunal Constitucional.
El PSOE ha registrado este viernes una proposición de ley que prohíbe ejercer la acusación popular a partidos políticos y asociaciones o fundaciones vinculadas con ellos y con la que busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de "acciones judiciales abusivas".
El portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha registrado esta mañana en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley que incluye también la doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades y que suprime el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ya avanzó su intención de aprobar este año la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una norma que sustituirá a la actual, que data de 1882, y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.
De la lucha contra los bulos y la desinformación al cerco al 'lawfare'
Esta propuesta normativa aterriza en los primeros compases de 2025, pero el pasado año ya se presentó otra propuesta de ley que busca combatir los bulos y la desinformación, otra pata de un mismo problema que el Gobierno quiere combatir. Este cerco al peligro que generan noticias directamente falsas o imprecisas llega tras el paquete de medidas del plan de regeneración democrático.
Entre dichas medidas se incluyeron la obligación de establecer un registro de medios de comunicación, con información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben; así como una reforma de la ley electoral para obligar a los candidatos acudir a debates electorales en fases de campaña o que las encuestas que se publiquen en periodos electorales vengan acompañados de sus microdatos.