El PP intenta frenar una reforma que permite rebajar penas a los etarras, pese a que votó a favor

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha exigido al PP que use su mayoría en el Senado para tumbar este martes una modificación de la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales, con la que, según calculan, hasta 44 miembros de ETA podrán descontar la condena que ya han cumplido en Francia y hasta siete etarras podrían ser excarcelados en los próximos meses.

La reforma de la ley fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Congreso a mediados de septiembre, incluyendo a PP y Vox. Ahora, los populares se sienten "engañados" por el Gobierno.

"¿De verdad nadie se ha dado cuenta de que la modificación de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, afectaba también a los etarras?", se ha preguntado la AVT en un comunicado de prensa reaccionando a la tramitación de esta norma.

En concreto, el Pleno del Senado aborda este martes una proposición de ley que modifica la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea y estaba previsto que el PP lo acabara apoyando al no haber presentado ninguna enmienda. En rueda de prensa, Borja Sémper ya ha adelantado que votará en contra y que hará todo lo posible para que no salga adelante esta reforma.

"Vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Mañana vamos a votar obviamente en contra y vamos a intentar también, a través de los recursos que podamos tener en el Senado, pararlo", ha asegurado Sémper en rueda de prensa, por lo que la ley volverá al Congreso.

Sémper ha señalado que la modificación legal ha llegado así al Senado tras "un error generalizado en el que ha incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados", al ser preguntado por el hecho de que el PP no haya presentado enmiendas de ningún tipo.

Dicho esto, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de llevar a cabo un "engaño". "Es recurrente que el Gobierno somete a consideración del Pleno, a través de leyes que no tienen nada que ver, enmiendas. Y esto hace que el proceso legislativo no sea transparente, no sea claro, no sea limpio, que todo esté sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver", ha criticado.

"En cualquier caso, este engaño del Gobierno le procuraremos que le pase factura", ha manifestado, además de calificar de "inconstitucional" ese proceder y de decir que el proceso legislativo está "prácticamente adulterado".

El Gobierno negó en 2022 la rebaja de penas

En febrero de 2022, el Gobierno negó que existiera "voluntad" por parte del Ejecutivo para rebajar la condena de los presos de ETA a través de la modificación de la ley orgánica 7/2014. "No hay voluntad ni intención alguna", señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El titular del Interior apuntó que la reforma de la ley 7/2014 afectaba tan sólo a la "interoperabilidad de bases de datos entre países europeos", sin que tuviera por tanto efectos sobre posibles rebajas de condenas de los presos de ETA que habían estado encarcelados en Francia y siguen ahora en prisión en España.

Grande-Marlaska reaccionó de esta forma a una rueda de prensa de la AVT celebrada en febrero de 2022 en la que advertía de que el Gobierno estaba "preparando" la rebaja de penas para medio centenar de etarras, incluyendo la excarcelación para otros siete.

La AVT pedía ya entonces a los grupos políticos que "permanecieran en alerta para parar esta maniobra y que nunca llegue a ser una realidad". La interpretación de la asociación es que con esta reforma se produciría un "fraude de ley" de lo dictado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para el cumplimiento íntegro de las condenas de terrorismo.

La asociación de víctimas ha denunciado una nueva "mentira" del Gobierno de Pedro Sánchez y ha aprovechado, una vez más, para censurar que el Gobierno Vasco "prime la semilibertad" y ya haya otorgado 82 progresiones a tercer grado para 67 etarras, una decisión en materia penitenciaria que está ahora en manos de la nueva consejera del PSE, María Jesús San José.

El Gobierno dice que es una normativa europea

Preguntado al respecto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha destacado que la reforma de esta Ley Orgánica de 2014 sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, incluidos PP y Vox, y que su tramitación ha sido "pacífica", también en el Senado.

"Es una tramitación parlamentaria absolutamente pacífica. Fíjese que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por todos sin excepción, por el PP, por VOX, por todos los grupos parlamentarios del Congreso. Y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica también ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley", ha subrayado.

El titular de Justicia ha pedido que se deje trabajar a las Cortes y ha defendido esta reforma que garantizará que se aplique la directiva europea y la normativa europea también en España.