El impuesto a las energéticas, de "la lonja" del Gobierno a "una de las negociaciones más duras" entre PSOE y Podemos

Hace unos días, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, también expresidente del PNV, presionaba al Gobierno con un artículo en La Vanguardia que bien podría ser un ejercicio de prestidigitación. Mientras se declaraba defensor de los impuestos, de los que destacaba que sin ellos no habría podido llegar donde está, y de la redistribución de la riqueza, el CEO denunciaba los intentos de algunos partidos de la izquierda por establecer un impuesto permanente a las energéticas. Con el de sociedades es suficiente, defendía Imaz, quien además auguraba que una tasa impositiva diferente se tumbaría en los juzgados. Tras la publicación de su artículo y después de conocer el veto de Junts al gravamen, Josu Jon Imaz incluso se mostró tajante ante los suyos. “The tax is over”, confirmó a los analistas.

La certeza de Repsol, que ha obtenido en los nueve primeros meses del año beneficios por valor de 1.792 millones de euros, podía no estar desencaminada entonces. Tanto Junts como PNV acordaron con el PSOE tumbar el impuesto a las energéticas. El game over era real, sobre todo por la inmovilidad de la derecha independentista catalana. Josu Jon Imaz y el sector energético, que llegó a amenazar con retirar 30.000 millones de euros si no se retiraba la tasa, estaban de celebración, pero no así el PSOE, que se topó con la oposición de Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Podemos. Los de Yolanda Díaz, no obstante, aceptaban acudir a la votación en el Congreso si no lograban convencer al PSOE para, al menos, poder sacar adelante unas medidas que consideraban imprescindibles, como terminar con las ventajas fiscales de las SOCIMI. No así los demás.

Este lunes, la Comisión de Hacienda del Congreso, de la que tendría que salir la propuesta que se ha votado este jueves, se convirtió en lo que el diputado de ERC Gabriel Rufián definió como una “lonja”. “Es un esperpento que el PSOE y Sumar usen el Congreso como una especie de lonja para cumplir con su agenda de gobierno en la que los partidos tenemos que pujar por mejorarlas y negociar”, ironizó Rufián.

En definitiva, el Gobierno necesitaba el lunes los votos a favor de PNV y Junts, con quienes acordó eliminar el impuesto a las energéticas, y los de ERC, EH Bildu y BNG (Podemos no tiene voto en la Comisión), quienes no apoyarían nada si no había impuesto a las energéticas. El PSOE tenía que prometer una cosa y su contraria. Difícil, pero... Lo hizo. Tras horas de una negociación que parecía no llegar a ningún lado, ERC, EH Bildu y BNG anunciaron un acuerdo con los socialistas.

Los tres partidos pactaron con el PSOE “la presentación de un Real Decreto Ley para prorrogar durante 2025 el impuesto a las energéticas”. ¿Pero qué pasaba entonces con el acuerdo con PNV y Junts? Ah, pues nada. Poco después del comunicado de la izquierda independentista, el Ministerio de Hacienda emitía otro, de apenas tres líneas: “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Si lo de Josu Jon Imaz fue un ejercicio de prestidigitación, lo del PSOE el lunes fue casi un juego de trile. Era tan díficil encontrar la bolita que ninguno de los partidos tenía muy claro qué es lo que había pasado.

Y todavía faltaba Podemos. A los de Ione Belarra no les convencía el acuerdo de las fuerzas independentistas. Un decreto para prorrogar el impuesto a las energéticas exigía del voto favorable en el Congreso de PNV y Junts. Los primeros puede que apoyaran la medida, pero los segundos, imposible. Para Podemos, el acuerdo de las fuerzas independentistas de izquierda con el Gobierno era puro simbolismo. Puede que les sirviera culpar a Junts de tumbar un impuesto a las grandes energéticas, pero Podemos, aseguran fuentes de la negociación, quería una garantía. Los morados no estaban siquiera por la abstención, que de facto se entendería como un sí a la reforma. O se acordaba de verdad un impuesto a las energéticas, con el aval de Junts, o sus cuatro parlamentarios no permitirían que la norma se aprobase este jueves.

La primera en negociar con Podemos fue María Jesús Montero, desde antes del lunes. No obstante, las opciones de que ambas formaciones variaran su postura no avanzaron hasta después de la Comisión de Hacienda, cuando se intensificaron los contactos, sobre todo gracias a las conversaciones entre Ione Belarra y Félix Bolaños. Pese a la participación de Montero. "Al final, solo Bolaños arregla cosas”, aseguran desde Podemos.

Belarra y Bolaños protagonizaron desde el lunes una de las negociaciones “más duras” de la legislatura. Los de Podemos trataron desde el principio de que el PSOE diera su brazo a torcer, siempre con la sospecha de que en realidad tenían un acuerdo con Repsol para frenar el impuesto, “usando a Junts como excusa”. La secretaria general de Podemos tenía claro que no aceptarían la promesa de un Real Decreto que se perdería sí o sí en el Congreso, y en eso se basó casi toda la negociación.

A pesar de apurar al máximo – a mediodía de este jueves aún no había acuerdo – las posiciones del PSOE y Junts fueron suavizándose a medida que se acercaba la votación. “Al final”, comentan fuentes negociadoras en relación con Junts, “a nadie le gusta verse como los que destruyen todo”. Además, a los catalanes les interesaba que la reforma saliera adelante tras haber pactado con Hacienda, por ejemplo, rebajas fiscales a las pymes. Ningún partido, excepto PP y Vox, estaba plenamente interesado en que lo de este jueves no saliera adelante. ¿Pero cómo coser una costura tan difícil?

Al final, Podemos logró que el PSOE se comprometiera por escrito a presentar una proposición de ley antes de final de año para implementar un impuesto a las energéticas que además fuera permanente y, si no se logra un consenso entre todos los partidos, incluido Junts, el Gobierno entonces aprobaría el real decreto pactado previamente con ERC, EH Bildu y BNG, que prorrogaría el gravamen.

Si bien es cierto que cualquier cosa puede pasar y nada está 100% asegurado, la verdad es que este jueves, mientras Alberto Núñez Feijóo pedía a los partidos que se sumasen a una moción de censura, el Gobierno ha logrado, sin saber muy bien cómo, sacar adelante una reforma fiscal con el apoyo de todas las fuerzas de la investidura.