El Congreso da luz verde a la tramitación de la ILP para regularizar a más de medio millón de migrantes

El Congreso da luz verde a la tramitación de la ILP para regularizar a más de medio millón de migrantes

Todos los grupos parlamentarios, menos Vox, han votado a favor.

Protesta el año pasado de migrantes frente al Congreso de los DiputadosSOPA Images

Todos los grupos parlamentarios, menos Vox, han votado este martes a favor de la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras en España, en el Pleno del Congreso. La aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

A lo largo de la tarde, Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, había avanzado que pondrían al Gobierno "frente al espejo" y que, por ello, darían salida a esta toma en consideración, "para que se aborde con responsabilidad". En este punto, había indicado que Cáritas y otras entidades "que cuidan y trabajan con los inmigrantes" han pedido a la formación que aborde esta cuestión.

La socialista Elisa Garrido había expresado que el PSOE votaría a favor de la ILP por el "respeto" que merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa y porque creen que necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración".

Por su parte, la diputada de Vox Rocío De Meer, había indicado de nuevo que la formación liderada por Santiago Abascal estaría en contra de la ILP. "Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común", había asegurado De Meer para añadir que la ILP es "efecto llamada".

Sumar pide un grupo para dar cumplimiento al mandato

Gala Pin, de Sumar, ha pedido la regularización de las personas extranjeras "por justicia social, porque ninguna persona es ilegal". Además, ha subrayado que, si la ILP se aprueba, "es un mandato" y "el Gobierno tiene que llevarlo a cabo". "Por eso, esperamos que mañana a más tardar se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato", ha añadido.

Por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego ha recalcado la "inmensa carga de humanidad y de decencia" de la iniciativa. En este sentido, ha expuesto que "frente al discurso xenófobo, racista y parafascista de la ultraderecha", a su juicio, "tiene que imponerse la justicia, la decencia y la humanidad".

Asimismo, Javier Sánchez, por Unidas Podemos, ha señalado que la votación de esta iniciativa "va de democracia" y ha pedido a los diputados del PP, que "si no son lo suficientemente humanos para que esto les afecte, sean interesados".

Igualmente, por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Mikel Legarda había avanzado el apoyo de su formación a la iniciativa. En todo caso, ha apuntado que consideran que debe "reorientarse" a una regularización extraordinaria "caso a caso" por motivos humanitaios, como regrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas en combinación con los derechos de los inmigrantes.

Por EH Bildu, Jon Iñarritu ha indicado que es un día de "alegría contenida" porque "existe el riesgo de que esta iniciativa sea hoy aprobada, pero quede en un congelador durante toda la legislatura". Por ello, animó a las formaciones a que la apoyaran y que se impulse "rápido" en las comisiones para que sea aprobada "cuanto antes", y que "se den papeles para todos y para todas".

Por su parte, Josep Maria Cervera Pinart había avanzado que Junts per Catalunya iba a votar a favor de la toma en consideración de la ILP por "respeto" a las entidades promotoras y por las personas firmantes. "Y lo haremos porque hablamos de personas y hablamos de derechos humanos. Lo haremos porque hay que buscar vías de solución de la situación actual", dijo. Además, añadió que lo harían porque en los próximos pasos de su tramitación podrán hacer las aportaciones "oportunas". "Y también lo haremos porque nunca nos hemos cansado de reclamar que en los parlamentos hay que poder hablar de todo, también en el de Cataluña", precisó.

Asimismo, Jordi Salvador, de ERC, ha pedido que se tome "seriamente" esta ILP, porque se está "jugando" con la vida de más de 600.000 personas. "Una regulación de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión de justicia, humanidad y también de pragmatismo", ha señalado.

Más de 700.000 firmas

En concreto, hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que estuvieran residiendo en España antes del 1 de noviembre de 2021. Para ello, han contado con más de 700.000 firmas que respaldan la iniciativa.

La iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. La ILP se registró en la pasada legislatura en el Congreso y como estas iniciativas no decaen aunque se disuelvan las cámaras se ha retomado su tramitación.

En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes, según ha recordado Legalteam en declaraciones a Europa Press.

Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicitaron la regularización 244.327 extranjeros y consiguieron la documentación 163.352.

En el año 2001 fue denominado "regularización por arraigo" y otorgó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.

Titania
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Santander

El último proceso de regularización extraordinaria lo llevó a cabo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace casi 20 años, en 2005, y en él obtuvieron la documentación más de medio millón de migrantes.