El Congreso, un suplicio para Sánchez
Sólo ha aprobado dos leyes seis meses después de su investidura. El PSOE perdió hace dos semanas seis votaciones y retiró una ley en la misma sesión plenaria ante la falta de apoyos.
El pasado jueves, el Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva por mayoría absoluta la polémica de ley de amnistía para los encausados y condenados por el procés, la norma que posibilitó la investidura de Pedro Sánchez tras una ardua negociación con ERC y Junts.
El texto, que se tramitó por vía de urgencia, tuvo un difícil recorrido por la Cámara y estuvo a punto de descarrillar, después de que el PSOE no apoyara dos enmiendas presentadas por los de Puigdemont en enero, antes de su primera votación en el pleno del Congreso. Después, el PP usó su mayoría en el Senado para dilatar al máximo los plazos de tramitación hasta que, finalmente, la mayoría 'progresista' dio este jueves su luz verde definitiva.
Su aprobación satisface las pretensiones de los partidos independentistas y para el PSOE supone el fin legislativo de un "culebrón" que le ha provocado un fuerte desgaste, con sucesivas protestas frente a su sede en Ferraz y una caída considerable en las encuestas. Ahora, su aplicación quedará en manos de la Justicia, tanto de la española como de la europea, en una batalla jurídica que podría retrasar su implantación plena más de un año.
La amnistía ha supuesto la segunda ley aprobada en los seis meses que llevamos desde la investidura de Pedro Sánchez, si no contamos la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el texto "disminuidos". La única otra norma aprobada junto a la amnistía fue la ley de enseñanza artística el pasado 23 de mayo.
La difícil aritmética parlamentaria está llevando al Gobierno y a los partidos que lo forman (PSOE y Sumar) a encadenar derrota tras derrota en las votaciones de la Cámara Baja. El mismo jueves, tras aprobar la amnistía, se rechazaba una iniciativa de Sumar para proporcionar más información económica a los sindicatos a la hora de negociar convenios colectivos y se aprobaba una moción del PP sobre políticas de juventud a la que el Ejecutivo se había opuesto. Junts y el PNV fueron determinantes en ambas votaciones.
La semana anterior fue aún peor para el PSOE al sufrir seis votaciones perdidas y verse obligado a retirar en mitad de la celebración del Pleno la ley del suelo, ya que ni siquiera Sumar apoyaba la iniciativa. Y en el cajón se han quedado los Presupuestos para 2024 después de que se convocaran las elecciones catalanas, ante el temor evidente de que Junts y ERC no iban a aprobar las cuentas en plena disputa electoral.
Las dificultades para impulsar leyes o aprobar decretos han sido una constante desde el propio arranque de la legislatura. Sánchez tuvo que abrirse a permitir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso para que ERC y Junts apoyaran a Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. Y también tuvo que hacer nuevas concesiones a los de Puigdemont para salvar en enero el último decreto anticrisis o la reforma en la Justicia y en la Función Pública. Sí fue tumbado por culpa de Podemos el decreto ley redactado por el ministerio de Yolanda Díaz que incluía una reforma del subsidio por desempleo.
A ello se sumaron más adelante la reprobación al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles en el puerto de Barbate (Cádiz); o la aprobación de iniciativas impulsadas por la oposición como la exigencia de la deflactación del IRPF para compensar la subida de la inflación, relajar la protección al lobo ibérico o depuración de responsabilidades por el 'caso Koldo'.
Además de la ley del suelo, Sumar también se posicionó en contra de su socio de Gobierno ante la ley contra el proxenetismo, que sólo recabó los apoyos de una parte del grupo mixto; y en una moción del PP para revocar su giro en sus políticas sobre el Sáhara.
El 23 de mayo fue el día más duro perdiendo hasta cuatro más votaciones más impulsadas por la oposición, en las que se instaba al Gobierno a tomar medidas para reducir el IVA de los alimentos básicos en todos los eslabones de la cadena alimentaria, así como a mantener la reducción de IVA de productos básicos y ampliarlo, cuando menos, a carne, pescado y conservas. También, en materia de política exterior, se emplazó al Ejecutivo a hacer público el calendario pactado con Marruecos para la reapertura de la aduana comercial en Melilla y la apertura de la de Ceuta; y una condena de la violación de derechos humanos en "dictaduras" de América Latina.
La 'parálisis legislativa' dificulta la promesa de Sánchez de aprobar hasta 49 leyes durante este 2024, tal como anunció el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado mes de marzo cuando presentó el Plan Anual Normativo de 2024. El Ejecutivo tiene actualmente 20 proyectos de ley registrados actualmente en la Cámara Baja, además de tres proposiciones de ley presentados por el PSOE y nueve por parte de Sumar que están actualmente en tramitación.