Cuestión de prestigio: la inédita decisión del Supremo de anular el nombramiento de Magdalena Valerio

Las cosas de palacio van despacio. 13 meses después de que Magdalena Valerio fuera nombrada presidenta del Consejo de Estado, el Tribunal Supremo se decantó y este jueves anuló dicha designación por primera vez en los 40 años de democracia.

Un hecho inédito que se ha llevado a cabo tras el recurso que presentó la Fundación Hay Derecho. Después de impugnar el nombramiento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dado tal paso porque considera que la exministra de Trabajo no reúne el requisito de ser "jurista de reconocido prestigio".

Una idea que, tal y como detalla el Diccionario panhispánico del español jurídico, es "susceptible de ser entendida de diversas maneras, pero solamente una es la procedente". "Y a la búsqueda de ese significado se ha aplicado la sentencia, sirviéndose para ello de los materiales ofrecidos por la propia Ley: el texto del precepto y, particularmente, su preámbulo", recoge, citando lo que señalaba otro escrito de la misma sala de enero de 2009.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, lo define de una forma más clara en conversación telefónica: "Es un concepto político y el Gobierno, en cada caso, es el que concreta qué significa prestigio".

Una decisión sin precedentes

No lo busques, porque no lo hay. No existen precedentes tras la decisión adoptada este jueves por el Tribunal Supremo. Es la primera ocasión en la que el Alto Tribunal, con el presidente de la Sala, Pablo Lucas, como ponente, ha paralizado una designación en el Consejo de Estado.

El magistrado considera que Magdalena Valerio sí cuenta con experiencia en asuntos de Estado, pero cree que no ha logrado convertirse en una jurista de reconocido prestigio. "No hay excepción, ni matización, ni preferencia de la una sobre la otra. Y la razón de ser de ambas es distinta, pero concurrente", señaló en el escrito.

"Su curriculum vitae muestra una carrera funcionarial meritoria, pero de ella no se puede deducir la pública estima en la comunidad jurídica que implica el prestigio reconocido", justificó este jueves el Tribunal Supremo.

Pero lo cierto es que desde 1980, la institución ha contado con ocho presidentes que han sido nombrados en su totalidad por el Consejo de Ministros. PSOE, PP y UCD han sido las formaciones que han ido designando a los diferentes juristas que ha tenido España en la institución en democracia. Pero lo que no había pasado nunca es que se anulara tal elección.

Joaquín Urías señala con sinceridad que cree que el Gobierno "se equivocó por no motivar lo suficiente el nombramiento" de Valerio, pero, por otro lado, defiende que "ni al Supremo ni a ningún tribunal" le corresponde "decidir qué significa reconocido prestigio". 

"Creo que la cuestión del prestigio depende de cada uno. Por ejemplo, el PP consideró para el Tribunal Constitucional el hecho de que un juez (Enrique Arnaldo) hubiera sido condenado por corrupción o por quedarse con dinero varias veces, eso no afectaba a su prestigio porque sus sentencias eran muy buenas", reprocha.

Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, de la Fundación Hay Derecho, asociación que presentó el recurso contra el nombramiento, señaló este viernes, en Hoy por Hoy, que no se trataba de “una acusación popular” y celebró la sentencia del Alto Tribunal.

“El Supremo no siempre ha reconocido esta legitimación activa a ONGs cuando no eres el perjudicado, pero sí están dentro de tus objetos sociales y puedes ir a los tribunales”, aseguró.

En sus declaraciones al programa de la Cadena SER, Elisa de la Nuez justificó que habían planteado el recurso porque consideraban que no cumplía con el requisito de ser "una jurista de reconocida competencia". "No es un problema de falta de motivación. Esta persona no cumple con uno de los dos requisitos y no puede acceder a la Presidencia”, añadió.

"Un concepto político"

Además de considerarlo un análisis jurídico subjetivo, Joaquín Urías ha reiterado en varias ocasiones que el 'reconocido prestigio' es "un concepto político" y, por tanto, le corresponde al Ejecutivo de turno. 

"Si hay un Gobierno de derechas considerará prestigio unas cosas, si hay un Gobierno de izquierdas considerará prestigio otras. Pero eso lo tiene que hacer un Gobierno democrático y no un juez", añade.

El profesor de Derecho Constitucional reconoce que, "últimamente", hay una tendencia a que "las decisiones que son políticas las tomen los tribunales". "Ya pasó, durante la pandemia, que los tribunales decidían a qué hora tenían que abrir las tiendas. Esa tendencia se está pasando al Supremo y afecta a la división de poderes", destaca.

Elisa de la Nuez justificó el término como "un reconocimiento hacia fuera" que considera "indeterminado". "Si alguien ha hecho la carrera periodismo, pero, por sus razones, se ha dedicado a otras cosas, no se podría considerar una persona de reconocido prestigio. Eso te lo da la sociedad", expuso.

Por si fuera poco, las malas noticias llegaron a Moncloa por partida doble. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace cinco años, también se opuso este jueves por primera vez a un fiscal general nombrado por el Gobierno. En esta ocasión, el Poder Judicial declinó, por un voto de diferencia, apoyar a Álvaro García Ortiz porque no lo consideran idóneo para continuar en su cargo.

Algo que, como ha ocurrido con Magdalena Valerio, sienta el primer precedente en el que se trata de corregir el nombramiento de un fiscal propuesto por el Ejecutivo central y ha provocado las críticas del PSOE.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, justificó este viernes que está "fuera de la ley" la postura del CGPJ, porque cumple con sus requisitos "perfectamente". "Cualquier otra decisión sobre cualquier otra cosa está fuera de la ley, y eso es lo que acaba de hacer el CGPJ, que está fuera de la ley", defendió.

Joaquín Urías no se sorprende por el informe del CGPJ y lo tacha de "maniobra política". "Aunque se llama Poder Judicial, es político. No sé por qué nos extraña. No es un juez. Es un órgano político que toma decisiones políticas. El PP está usando todas las armas que tiene para frenar al PSOE y hacerle daño", razona.

Enfado en el PSOE

El paso adoptado por el Alto Tribunal no ha sentado nada bien al Gobierno y desde el PSOE han salido en tromba para destacar que fue el propio Congreso de los Diputados, es decir, "la representación del pueblo español soberano", el que reconoció "la idoneidad" de Valerio.

Así lo ha recordado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, Rafael Simancas, destacando la votación que aparece en el diario de sesiones de la Cámara Baja del 27 de octubre de 2022. En el mensaje compartido en redes sociales, redondea que la designación se produjo tras 17 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones.

De hecho, uno de los primeros en pronunciarse fue el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras su reunión con el comisario de Justicia, Didier Reynders, aseguró que la sentencia sirve como antecedente para que una entidad privada ponga en cuestión una decisión del Gobierno. 

"Respetamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la compartimos", defendió, antes de destacar que la trayectoria de la exministra de Trabajo es "de rigor, de profesionalidad, de conocimiento de la administración y del derecho" que a su juicio "le hacen merecedora del puesto de la presidencia del Consejo de Estado".

Aunque se habla mucho de separación de poderes, tanto las críticas jurídicas a la futura ley de amnistía propuesta por el Gobierno, como los pasos adoptados en los últimos días, han sido bien recibidos por el principal partido de la oposición.

Fuentes del PP no tardaron en salir al paso de los hechos y dejar claro que ven en ellos un "hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional" de España.

Joaquín Urías termina dejando claro que, después de los posicionamientos de algunos magistrados contra la ley de amnistía, parece que los jueces "están empezando a opinar de política". "En ese ambiente, se favorece que, en un momento dado, un juez sustituya la decisión de un Gobierno por la suya particular", sentencia.

Mientras todo el mundo se fija en las inéditas posturas adoptadas por ambos órganos, el CGPJ cumple este lunes su quinto aniversario con el mandato caduco y las esperanzas porque el Gobierno y el PP alcancen un acuerdo sigue pareciendo una completa utopía.