Cs reaparece para decirle a la UE que el catalán, el euskera y el gallego no son lenguas oficiales
En su carta, la formación insta a los Veintisiete a abstenerse de "convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos de política interna española"
La delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo ha avisado en una carta a las representaciones de los Estados miembros de la Unión Europea de que el catalán, el euskera y el gallego, que el Gobierno ha pedido que sean lenguas oficiales en la UE, "no son lenguas oficiales del país" y de que la puesta obedece a necesidades de política interna de un Ejecutivo en funciones.
En su iniciativa, el partido 'naranja' señala que las lenguas propuestas por el Gobierno para ser consideradas como oficiales en la UE no son oficiales "como exige la normativa europea para elevar su estatus" y asegura que sería necesario un cambio constitucional puesto que la actual Carta Magna reconoce formalmente la cooficialidad de varias lenguas pero "designa el español como única lengua oficial a nivel nacional".
"Tienen que iniciar un proceso de enmienda constitucional, reunir el consenso político necesario en el Congreso que, hasta la fecha, no existe", han advertido desde Ciudadanos.
En su carta, la formación insta a los Veintisiete a abstenerse de "convertirse en una plataforma para deliberar sobre asuntos de política interna española" y critica que el Gobierno de Pedro Sánchez está en funciones y sigue "motivaciones políticas" con esta medida, que a su juicio "eclipsa" el papel que debería realizar la Presidencia de turno del Consejo.
En todo caso, recalca que la UE y España comparten un "firme compromiso con el multilingüismo" y subraya que el catalán, el euskera y el gallego ya pueden utilizarse en las instituciones de la UE desde 2005 cuando se estableció el uso oficial de lenguas suplementarias en el Consejo y, potencialmente, en otros órganos de la UE como es el caso de la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, el Comité Económico y Social Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.