Consumo abre expediente sancionador a Alquiler Seguro por prácticas abusivas

El Ministerio de Consumo ha incoado un expediente sancionador a una gran agencia inmobiliaria por "posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler". Según han informado a través de un comunicado, el procedimiento de sanción parte de la investigación que se inició el pasado mes de octubre desde el departamento liderado por el ministro Pablo Bustinduy, una indagación que todavía sigue en marcha respecto a otras inmobiliarias que podrían estar cometiendo las mismas prácticas.

Según ha desvelado el Sindicato de Inquilinas, se trata de la inmobiliaria Alquiler Seguro, compañía a la que denunciaron ante la Dirección General de Consumo "por llevar a cabo prácticas abiertamente contrarias a la legalidad de manera estructural: cobro de honorarios, imposición de cláusulas abusivas en sus contratos e incumplimiento del derecho de desistimiento, entre otras".

Además del Sindicato de Inquilinas, Consumo recibió también las denuncias de FACUA y la OCU, que destacaron infracciones como pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, imponer la contratación de un seguro o la obligación de contratación de servicios no solicitados por el inquilino. El Ministerio ha destacado que la Ley por el derecho a la vivienda "prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato".

Las mencionadas cláusulas o prácticas abusivas podrían ser constitutivas de infracciones graves (con multas de hasta 100.000 euros) o muy graves (multas de hasta un millón de euros). Ambas cantidades podrían sobrepasarse en función del beneficio obtenido.

Más expedientes

El procedimiento se une al expediente sancionador abierto hace tres meses contra una plataforma de alquiler de viviendas turísticas. Entonces, se puso en marcha porque la plataforma mantiene miles de anuncios de alojamientos que fueron catalogados "como publicidad ilícita". Además, en febrero se abrieron expedientes sancionadores a empresas que administran viviendas turísticas en diferentes Comunidades Autónomas tras detectarse que estarían ofreciendo "información falsa o información que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios".

El Ministerio de Bustinduy ha querido recordar que "la vivienda es un derecho y un bien de primera necesidad amparado por la ley". Todas estas acciones, han señalado, "se enmarcan en el objetivo fijado como acción prioritaria de proteger los derechos de las personas consumidoras en el acceso a la vivienda".