El Constitucional admite a trámite el recurso de Vox contra la ley del 'sólo sí es sí'
El Pleno ha adoptado esta decisión por unanimidad.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado este martes admitir a trámite el recurso presentado por el partido de extrema derecha Vox contra la conocida como 'ley del solo sí es sí', que ha supuesto hasta la fecha la rebaja de decenas de condenas por delitos sexuales en nuestro país.
El recurso de Vox, cuya ponencia ha recaído en el magistrado progresista Ramón Sáez, se dirige contra las disposiciones finales cuarta, séptima y decimoséptima de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
La vicepresidenta jurídica de Vox, Marta Castro, explicó al presentar la impugnación que recurrían porque creen que la nueva ley es una "aberración jurídica" por "vulnerar todos los principios básicos del ordenamiento jurídico y la Constitución".
Castro indicó que atenta contra los principios de legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia, ya que, a su juicio, la nueva regulación del consentimiento "invierte la carga de la prueba".
Para los de Santiago Abascal, la ley deja "desprotegidas a las víctimas" y permite un "marco de discrecionalidad muy amplio de análisis por el juez, en cada uno de los casos".
La ley del solo sí es sí ha generado una enorme polémica desde su entrada en vigor el pasado octubre, cuando comenzaron a hacer públicas las primeras sentencias que rebajaban las penas de condenados por delitos sexuales al aplicarles la nueva ley, por ser más beneficiosa para el reo en algunos casos.
Con su nueva mayoría progresista de siete magistrados frente a los cuatro conservadores, el Pleno ha votado a favor de revisar la polémica Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la Ley del solo sí es sí, si bien el magistrado Juan Carlos Campo no ha participado en la votación una vez que el Pleno ha aceptado su abstención en este procedimiento.
El magistrado se ha apartado por su participación y votación en decisiones relacionadas con esta norma cuando formó parte del Gobierno de Pedro Sánchez como ministro de Justicia.