Cerrado el acuerdo de Irlanda del Norte, ¿qué pasa con Gibraltar?: el otro fleco del Brexit

Un suspiro de alivio recorre Bruselas: al fin, la Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un acuerdo sobre el controvertido Protocolo de Irlanda del Norte, un documento esencial dentro del proceso de Brexit que estaba ya pactado y cerrado pero contra el que, de pronto, se revolvió el exprimer ministro Boris Johnson, una rebelión que ha llevado a renegociarlo todo de nuevo. Era el gran fleco pendiente del divorcio, pero no el único. Más allá de incontables desacoples y tecnicismos, queda Gibraltar, la colonia que es frontera sur comunitaria, en pleno Cádiz, y que aún no ha decidido cómo serán en el futuro inmediato sus relaciones con la UE. 

En la Nochebuena de 2020, in extremis, se cerró un nuevo marco de contactos comerciales entre los dos bloques, pero había que pactar todo lo demás, con España como contraparte implicada en las negociaciones. Hace falta el visto bueno de Madrid. Y en esas estamos. Los Gobiernos de Pedro Sánchez y Rishi Sunak se afanan en indicar en estos días que se están produciendo "muchos progresos", que estamos "muy cerca" del acuerdo, pero no se niega, tampoco, que sobre la mesa quedan temas "espinosos", en palabras del embajador británico en España, Hugh Elliott. Ya va una docena de rondas de debate y la incertidumbre se mantiene. 

Lo que se negocia

Lo que está en juego es la negociación de un tratado internacional que regule las relaciones entre la UE y Gibraltar y aporte "prosperidad compartida" tanto al Peñón, donde residen 32.000 personas, como al anexo Campo de Gibraltar, con 270.000 vecinos. Por su frontera cruzan cada día unas 35.000 personas, entre ellas 15.000 trabajadores transfronterizos que pelean su pan. Ahora mismo, están vinculados por pactos provisionales, pero el limbo no es infinito y hay que aclarar las cosas cuanto antes. Tres años lleva ya el proceso a medio cocer.

Los gibraltareños, esos que votaron en masa en 2016 por quedarse en Europa (95,91% frente a 4,09%), y los españoles con los que conviven siguieron con sus vidas sin que cambiase mucho en su día a día durante un primer plazo de 11 meses, tiempo de transición que finalizó el 31 de diciembre de 2020. El Derecho de la Unión siguió aplicándose, había estabilidad. También cuando acabó ese periodo de gracia, porque España decidió establecer medidas transitorias que no alterasen el ritmo social, económico, gasta familiar, a los dos lados de la verja. Por ejemplo, seguía la validez de los permisos de conducir y de trabajo de los llanitos, así como su acceso al sistema sanitario y universitario español, la estabilidad en el sistema de pensiones cruzadas o el reconocimiento de documentos y títulos oficiales. 

Se habían ido tomando decisiones-marco, pero que había que afinar. El 1 de febrero de 2020 entró en vigor el Acuerdo de Retirada, incluía tres protocolos con disposiciones específicas relativas a Gibraltar, a Irlanda e Irlanda del Norte y a las pequeñas zonas de soberanía en Chipre. Tres textos que había que desarrollar e implementar. En el caso de la colonia, de estos primeros brochazos surgieron ya detalles valiosos que han permitido el orden en la zona, gracias a memorandos sobre los derechos de los ciudadanos -en virtud del cual los trabajadores transfronterizos gozan de los mismos derechos que los locales-; el mercado  de tabaco -que contempla controles sobre el mercado gibraltareño para la lucha contra el contrabando-; medio ambiente -era necesario asegurar los máximos estándares de protección en un estrecho por la que pasan, sin ir más lejos, más de 100.000 buques al año- y de cooperación policial y aduanera -lo que permitió reforzar los sistemas de coordinación entre autoridades policiales de los dos lados-. 

Diez meses más tarde, el 31 de diciembre de 2020, España y Reino Unido suscribieron el Acuerdo de Nochevieja, que evitó un Brexit duro en la frontera. Como dijo la entonces ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, se conseguía "levantar la verja", porque se decidía aplicar el Acuerdo de Schengen a Gibraltar y suprimir los controles que deberían imponerse a los ciudadanos del Peñón, como ciudadanos de un tercer país que son, en realidad. No era un acuerdo final, sino unas disposiciones de convivencia hasta que éste llegase. Unos pilares para seguir levantando un pacto definitivo. Es lo que falta.

Los posicionamientos

Las dos partes en litigio tienen claro que desean una frontera ágil y viable. Nadie quiere un nuevo cierre de la valla, como el que amargó a todos entre 1969 y 1982, sino una relación fluida que siga permitiendo los negocios, las compras, el trabajo y los lazos de amistad y familia tradicionales en la zona. Hay otro punto de partida superado: en este proceso no se hablará de soberanía, de aspiraciones españolas sobre Gibraltar ni cambios sobre el Tratado de Utrecht. Sin embargo, en Londres y Gibraltar hay recelos por las reclamaciones que hace Madrid, que entienden excesivas, pero también prisas: Sunak y el ministro principal de la plaza, Fabian Picardo, no pierden de vista que en nuestro país es año electoral y que es más sencillo negociar con un Ejecutivo socialista que con uno popular, más aún si tiene que pagar peaje a Vox. 

El pasado lunes, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al calor del nuevo acuerdo sobre Irlanda, dijo con tono ilusionado: "Creo que estamos muy cerca del acuerdo". La prudencia, casi secretismo, con que se están llevando a cabo los contactos bilaterales le llevó a no explicar más. Ya ocurrió así en diciembre, cuando su homólogo de Reino Unido, James Cleverly, viajó a Madrid; tras sus fotos y su encuentro a puerta cerrada, ambos sólo hicieron públicas sus buenas intenciones de avanzar "lo más rápido posible" para alcanzar el acuerdo.

Albares recordó que España y la UE han presentado una “propuesta global” que supone la desaparición de la verja de Gibraltar, el uso conjunto del aeropuerto, medidas en favor de los trabajadores transfronterizos y la equiparación de las pensiones de españoles que han trabajado en el Peñón, entre otras. Pero en esa comparecencia el ministro británico respondió que “si la propuesta fuera aceptable ya la habríamos aceptado, pero tenemos que perfilar la propuesta porque hay algunos flecos y diferencias" e invitó a mantener "un diálogo fluido" para "ver cómo sortear estos escollos”. "Espinosos", ha asumido su embajador, Elliott.

Uno de los principales atranques está en saber quién realizará los controles fronterizos. En el acuerdo de Nochevieja se optó por que Gibraltar se integre en el espacio de Schengen (al que el Reino Unido no pertenece) bajo el paraguas de España (que sí pertenece, plenamente). Ello permitiría eliminar la verja y que los controles fronterizos de entrada al espacio Schengen estuvieran en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar. España cree que ese control lo deben realizar las Fuerzas de Seguridad españolas, con el apoyo inicial de Frontex, algo que Picardo no consiente porque entiende que así no queda clara su separación de España. Eso, que desde fuera puede parecer poco práctico, desde dentro es un factor troncal de la negociación, aún por encima de las necesidades económicas, porque sigue existiendo un intenso recelo hacia el Estado español y su autoridad. Muy arraigado. 

Los problemas

En cuanto a las cuestiones aduaneras, "se propone garantizar la libertad de movimiento de bienes entre la UE y Gibraltar, sin que ello incremente los riesgos para el mercado interior de la UE, muy en particular, para los operadores económicos de la zona en materia de competencia desleal o de tráficos ilícitos, como, por ejemplo, de tabaco. Al igual que en materia de personas, ello exigirá que España, en nombre de la UE, ejerza funciones de control y protección del mercado interior, al desaparecer los controles aduaneros entre España y Gibraltar", dijo Moncloa cuando presentó sus propuestas. .

Moncloa, cuando entregó sus propuestas a Londres, enfatizó que también contempla "la protección y mejora de los derechos de los trabajadores y de los beneficiarios de prestaciones sociales en Gibraltar".

El secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Ignacio Navarro Ríos, dijo en noviembre que aún se estaban solventando "comas", informa EFE, pero al menos hasta ahora lo que ha habido son nudos gordianos que ni en 12 rondas se han superado. El ministro principal de Gibraltar, habitualmente la parte más crítica, también se ha mostrado optimista en los "Miles de reuniones, llamadas y sesiones informativas después, podemos estar a punto de lograr un tratado que nos dé la oportunidad de dejar atrás el Brexit".

Plazos como tal no hay. El 31 de diciembre pasado vencieron los plazos de los mecanismos de adaptación, pero la malla tejida por las dos partes que garantiza los derechos actuales permite estirar los tiempos. No hay una fecha en rojo, un precipicio, un día d. Más temprano que tarde, quieren todos. 

Entre tanto, no deja de haber roces entre vecinos. Este mismo febrero, el Gobierno español tuvo que negar que la zona próxima al Peñón donde dos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de España habían resultaron heridos graves tras ser apedreados al intentar abortar un alijo de tabaco de contrabando, fuera de “supuesta soberanía británica”. No hubo, dice, incursión en aguas de la colonia. La oficina de Picardo así lo había denunciado, calificando el suceso de "una grave violación de la soberanía y la jurisdicción”. Y más tensión: también el mes pasado, el Ministerio de Hacienda aprobó la orden por la que se determinan “los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas” por parte de nuestro país. Un año más, ahí está la colonia británica que, sin embargo, no aparece ya en la lista de la Unión Europea desde octubre. 

Y aunque se han tratado de dejar atadas las cosas fundamentales del día a día, los trabajadores españoles que han de entrar cada día al Peñón tienen quejas, porque hay cosas que no acaban de estar claras. En un carta enviada el pasado otoño a Albares, la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) se quejaba del "incumplimiento" de sus derechos y de "indefensión en cuanto a falta de información en asuntos laborales, de salud, sociales, de convivencia", a lo que se sumaba la "absoluta falta de traducción a nuestro idioma escrito o hablado, que dificulta nuestras relaciones como trabajadores en el extranjero".

Reclaman "una Oficina de Asesoramiento, Información, Mediación, Defensa y Traducción con nuestras empresas y puestos de trabajo", porque por ahora es la asociación la que, por "solidaridad", da "exclusivamente" esos servicios, que llevan años reclamando y ahora entienden más necesaria que nunca. "Gibraltar no se acoge a los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) ni a los europeos y desde el pasado 31 de diciembre de 2020 nos afecta más preocupantemente", denuncian. Insisten en que se producen cambios en horarios y salarios, no se les entregan debidamente documentos ni se reciben prestaciones plenas, por ejemplo, por bajas, y que hay demoras en la frontera que llevan a gastar una hora para cruzar, por más que sean empleados de siempre. 

Ascteg expone su miedo, además, a que Gibraltar llegue a un pacto con Marruecos para su abastecimiento y para lograr mano de obra, en el caso de que las negociaciones no lleguen a buen puerto, y el grueso de los trabajadores actuales quede relegado. "No queremos más incertidumbre", zanjan.