Begoña Gómez entrega emails en los que la UCM le pedía registrar el software a su nombre: "El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña"
Esta petición forma parte de uno de los correos remitidos por la Complutense y facilitados al juez Peinado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno.
Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha entregado este lunes al juez Peinado dos emails que probarían que fue la Universidad Complutense de Madrid quien le pidió firmar el pliego de condiciones para el registro del software de su cátedra.
Ambos correos electrónicos forman parte de una serie de diligencias que su defensa ha pedido incorporar tras la querella interpuesta por Hazte Oír y admitida en el proceso, donde se le acusa de apropiación indebida e intrusismo a raíz del software para pymes que desarrolló y pagó la UCM.
"El pliego de prescripciones técnicas ha de firmarlo Begoña. He modificado el término 'recomendación' para que sea una exigencia y el perfil se adapte exactamente a lo que solicitáis como cumplimiento obligatorio", se puede leer en uno de los emails aportados por Begoña. Ambos son remitidos por María Jose Sánchez Rosales, de la Gerencia de la Escuela de Gobierno de la UCM.
Por este motivo, la defensa ha solicitado a Peinado que llame a declarar en calidad de testigo a Sánchez Rosales, cuyos datos aparecen en el pie de firma de ambos documentos.
Gómez pretende demostrar así que "si firmó el pliego de prescripciones técnicas, fue porque la Universidad Complutense así se lo indicó expresamente". E insiste en que fueron dos miembros de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Complutense (OTRI), María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero, quienes le señalaron cómo debía registrar el dominio de internet. Ambos también han sido reclamados por la defensa para declarar en el juicio.
El software objeto de la querella se utilizó para la cátedra que dirigió Begoña Gómez y se pudo desarrollar gracias a la colaboración de tres empresas: Indra, Telefónica y Google. Consistía en una página web donde las pequeñas y medianas empresas podían consultar de manera gratuita distintos parámetros sobre competitividad, responsabilidad social y desarrollo sostenible.
La organización ultra Hazte Oír denunció que Begoña Gómez se apropió de forma indebida de este software, al considerar que lo habría "inscrito a su favor" a través de la entidad Mercantil Transforma TSC SL, de la que ella sería titular. Es decir, se habría "adueñado" de un software financiado por empresas privadas que aportaron el dinero porque estaba dirigido para una cátedra de la Universidad Complutense.
En efecto, Begoña Gómez registró en noviembre de 2023 Transforma TSC, S.L. Pero no se ha demostrado por el momento que la empresa, creada para poder desarrollar actividades profesionales diferenciadas de las que llevaba a cabo en la Complutense, haya puesto a su nombre la propiedad intelectual de ningún software. Cabe recordar, además, que en la web de la aplicación - ahora eliminada por no renovarse la cátedra - se señalaba de forma explícita: “El uso de este software no tiene coste, y puede ser utilizado por cualquier empresa que quiera transitar el camino hacia la sostenibilidad".
La Complutense investigó esta posible apropiación y, en julio, admitió que no había detectado ninguna ilegalidad. Pese a todo, pidió al juez Peinado que siguiera investigando este asunto "por la falta de colaboración de Gómez".
Peinado imputó recientemente a Begoña Gómez un segundo delito por presunto intrusismo al considerar que la querellada habría incurrido en ellos al "redactar los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación, por parte de la Complutense, de un servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica" para la creación de este software. "La querellada no ha acreditado, disponer de conocimientos ni facultades, para estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores", sostiene el juez.
Peinado ya investigaba hasta ahora a Begoña Gómez, al empresario Juan Carlos Barrabés y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
