Ayuso cede a la escuela concertada otra parcela pública, esta vez valorada en 18 millones
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento impulsan los primeros centros de este tipo en todo un decenio, según 'El País'.
Alianza entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para impulsar los primeros centros educativos de régimen concertado que se crearán en la década. Según ha publicado El País, ambas administraciones de las que son responsables los populares Isabel Díaz Ayuso y Jose Luis Martínez-Almeida, han rubricado un convenio que permitirá al Ejecutivo regional destinar una parcela pública valorada en 18 millones de euros para construir y explotar un colegio privado concertado en El Cañaveral (Vicálvaro).
Según el citado medio, con esta y desde 2020, ya son tres los acuerdos para las cesiones de terreno a los que han llegado ambas administraciones , rompiendo con la dinámica de un último decenio marcado por la ausencia de nuevos centros concertados en la Comunidad de Madrid. A este del distrito de Vicálvaro, que está pendiente de los pliegos y condiciones, se suman los de Villa de Vallecas y Hortaleza. En esos dos últimos casos, las parcelas han sido cedidas gratis a una empresa.
Fuentes del consistorio madrileño han explicado a El País que "nosotros cedemos [el terreno] con el uso que tiene: dotacional educativo", recordando que la decisión final de que se destine a la escuela concertada recae en Sol: "El resto, depende de la Comunidad de Madrid". También han señalado que "en la actualidad, la Consejería de Educación está construyendo en El Cañaveral una escuela infantil y en breve comenzarán las obras de un Colegio Público. Además, se está redactando el proyecto de un Instituto Público".
Vía para sortear la ley estatal de educación
En esta línea, en la mencionada información se recoge que la ley nacional educativa prohíbe a los municipios ceder terrenos públicos para la construcción de centros privados concertados, ya que solo abre esta posibilidad "a los centros docentes públicos". La clave está en los acuerdos de cesión a la Comunidad de Madrid, puesto que los gobierno autonómicos no están afectados por dicha normativa y pueden sacar el concurso para que una empresa privada se haga con la construcción y explotación del centro.
