Un avance con muchos peros: así ven las organizaciones sociales la nueva ley de Vivienda

Tope al precio de los alquileres a un máximo del 3% durante 2024. Un nuevo índice alternativo al IPC a partir de 2025 para evitar subidas. Una nueva definición de 'gran tenedor', rebajando de diez inmuebles a cinco inmuebles (excluyendo garajes o trasteros). Nueva definición de zona tensionada para ampliar su alcance. Y bonificaciones fiscales a pequeños propietarios que topen los precios de su alquiler. 

Son algunas de las medidas del acuerdo que ERC y Bildu han alcanzado con el Gobierno de coalición para desbloquear por fin la ley de Vivienda, estancada en el Congreso desde hace más de un año, y que se prevé aprobar en unos días. 

[Todos los detalles de la nueva ley de Vivienda].

Un acuerdo que los distintos actores políticos han celebrado, pero no tanto así las organizaciones sociales y plataformas que trabajan día a día en temas de vivienda. 

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), su portavoz, Laura Barrio, reconoce a El HuffPost que están contentos porque finalmente haya salido un acuerdo del que dudaban. "Hemos visto reflejadas reivindicaciones históricas de la PAH y estamos de enhorabuena en ese sentido. Sabemos que no es fácil torcer el brazo del PSOE y que hayan conseguido doblegar voluntades y llegar a un acuerdo en cosas tan concretas y con modificaciones sociales al texto inicial, que era muy tímido", asegura. 

"A pesar de estos elementos, que sí que van a cambiar la vida de la gente a corto plazo, nos faltarían medidas estructurales a largo plazo", admite Barrio, quien cree que para estas medidas "harán falta años y muchos millones". "Como primer escalón de este largo camino, sí es positivo", resume sobre el acuerdo de este viernes. 

Un acuerdo del que, desde el Sindicato de Inquilinos, rebajan las expectativas al recordar que se trata de un borrador y que las negociaciones siguen adelante. De hecho, afirman, van a seguir "presionando para que se modifiquen cosas", como indica su portavoz en Madrid, Pablo Martínez. 

Aun así, al igual que la PAH, ven "mejoras" respecto al texto inicial que llegó al Congreso. Por ejemplo, la medida que obliga a los propietarios a hacerse cargo de los honorarios y no que lo paguen los inquilinos. "Una cosa obvia", a juicio de Martínez. 

Sobre este último asunto, Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC, cree que es uno de los puntos más positivos del acuerdo y que da respuesta "a una reivindicación histórica". "Está muy bien que se haya puesto por ley", afirma. 

Escorihuela también pone en valor la nueva definición estatal de vivienda vacía, la posibilidad de aumento del IBI hasta un 100%, el reconocimiento del 30% de reservas de vivienda de protección oficial o los desahucios abiertos, que a su juicio "quedan más blindados y tienen una definición más interesante". 

Desde la PAH también consideran que hay medidas positivas. Coinciden con el Observatori en algunas definiciones "de cosas que estaban un poco en el aire" como la definición de gran tenedor o gran propietario, que ahora pasa de diez a cinco inmuebles. "Eso es una de las enmiendas que habíamos puesto todo el mundo sobre la mesa y que reclamábamos de toda la vida", asegura Barrio. Otra medida positiva, según la portavoz de la Plataforma, es la que define a nivel estatal qué es alquiler social y qué es vivienda vacía, ya que hasta ahora "había diferencias abrumadoras a lo largo del territorio". Aun así, lamenta que regiones como en la Comunidad de Madrid, sin una ley de vivienda autonómica, se queden "huérfanas". "Aquí poco podremos aterrizar estas medidas gobernando quien gobierna", dice en alusión a Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.

Barrio también considera un paso adelante que se prohíban desahucios con fecha abierta y que se obligue a fijar día y hora en la que se va a personar la comisión judicial. "Es una mínima garantía de defensa jurídica que requieren las familias. Que esto no sea el corredor de la muerte esperando a ver cuándo suenan las sirenas". 

"Pequeñitas cosas", consideran en la PAH, "que tienen trascendencia a corto plazo en la vida de la gente". Aun así, no es oro todo lo que reluce en este acuerdo. Desde la Plataforma valoran positivamente habilitar la vía de acuerdos extrajudiciales de mediación, pero aseguran que van a estar "muy encima" para ver "en qué condiciones se traduce y cómo se define esta mediación". "Porque estamos cansadas de que se nos pongan soluciones imposibles y tramposas. Por ejemplo, te ofrecen vivienda en Aranjuez, pero no tienes coche, ni sitio para los estudios de tus hijos, y si no quieres esa vivienda, te ejecutan el desahucio", explica. 

Una de las medidas más destacadas del acuerdo es el tope al precio de todos los alquileres hasta un máximo del 3% durante 2024 y, a partir de 2025, la creación de un índice alternativo al IPC para sacar al mercado de la espiral de la inflación. 

Medida que no deja satisfechas a las organizaciones. Desde la PAH consideran que lo ideal es "pinchar la burbuja" y que "todo lo que sea incrementar la renta" no les gusta. Valoran, eso sí, "que se desligue del IPC porque es un caballo desbocado", pero piden que exista "un equilibrio entre la capacidad de pago de las familias y lo que cuesta el alquiler". "Mientras esto no se dé, no nos puede gustar una medida que no reduzca esa brecha y, mientras no se haga, todas las medidas serán insuficientes", agrega. 

"La cuestión es que el precio del alquiler se debería ajustar a la renta de la familia que habita la vivienda", pide Martínez desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, donde consideran esta medida "un mal que por bien no venga" y piden escapar de esa "dicotomía" de considerar la vivienda un bien de mercado por tener "valor de mercado". "Más allá del valor de mercado, es un valor sustancial de la propia sociedad", afirma su portavoz. 

Desde el Observatori DESC también ven "margen de mejora" en este asunto, pero admiten que es "histórico" que en la primera ley de Vivienda a nivel estatal "se establezca el marco del control de precios" que es "una batalla ideológica" que las organizaciones han venido dando desde hace muchos años. "Veremos qué alcance tiene la regulación y dónde se hace la declaración de mercado tensionado", afirma con cierta prudencia su directora. 

Desde la PAH proponen que a largo plazo exista "una opción de alquiler público". "Si existe un volumen suficiente de alternativa, de alquiler público regulado y social, el mercado bajará las rentas", asegura su portavoz. "Habrá rentas altas para quien pueda o quiera pagarlo, pero siempre habrá una opción pública a disposición de cualquiera, no sólo de las clases vulnerables", añade. 

En este sentido, Barrio pide acabar con la estigmatización del alquiler de vivienda pública. "Que no sea de una persona pobre fracasada que ha tomado malas decisiones. Eso no tiene que ser la vivienda pública, sino una opción más y que puedas decir orgulloso que vives en una vivienda pública". 

Tanto desde la PAH como desde el Sindicato de Inquilinos echan de menos, sin embargo, medidas estructurales "de calado". "Necesitamos medidas que cambien el paradigma del mercado de la vivienda", indican. 

Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos, advierte de "carencias estructurales" en la propia norma. Por ejemplo, "que se permite que los alquileres suban un 10% cuando hay remodelaciones en la vivienda". "Esto es muy peligroso, porque nosotros en el día a día vemos cómo elementos como este son usados como excusa para subir los alquileres. Esto va a servir a los propietarios y a las inmobiliarias para escabullirse de la aplicación de la ley", afirma. 

Por otro lado, critican que el borrador "se olvida" de los alquileres de temporada, esos que por un año o nueve meses son más caros que uno residencial, de mayor duración. Advierten desde esta organización que este tipo de alquileres "afecta a muchísima población joven y no tan joven" y que "estas características de vivienda se dan mucho más ahora por la situación actual". 

Sin embargo, la parte que más preocupa al Sindicato de Inquilinos es que se deje en manos de las comunidades autónomas la aplicación de la ley. "Esto es muy peligroso, porque un día después de que Sánchez e Iglesias dijeran que iba a haber una ley de Vivienda esta legislatura, Almeida y Ayuso sentenciaron que jamás habría regulación de alquileres en Madrid", advierte Martínez. 

"No entendemos cómo la vivienda, un elemento fundamental para el desarrollo de la vida digna, puede ser un arma arrojadiza entre administraciones gobernadas por distinto signo político. Nadie lo entendería con la Sanidad o con el Salario Mínimo", añade el portavoz del Sindicato de Inquilinos, que cree que "una ley que pretende mejorar la accesibilidad de la vivienda tiene que ser de ámbito universal y no dependiente del color político que gobierne". 

Desahucios e hipotecas

Sobre los desahucios, desde la PAH valoran que se amplíen las prórrogas y los plazos para suspenderlos mientras se buscan soluciones, aunque insisten en que lo que quieren es "que no haya plazos". "No queremos que se paralicen, queremos que se prohíban los desahucios a familias vulnerables", indica Barrio, que recuerda "el desvelo" y los problemas de salud mental y desarrollo madurativo en los niños que genera "la amenaza constante" de desahucio a la que "se está cargando a generaciones enteras". 

También reclaman desde el Observatori DESC que se acabe con los desahucios y que se apueste por el alquiler social obligatorio. Lamentan, además, que no se haya hecho caso a las Naciones Unidas ni al Consejo de Europa en sus recomendaciones a España sobre esta materia. 

Desde la PAH plantean al Gobierno medidas en materia de hipotecas, un tema del que no se habla en el acuerdo conocido este viernes. Por ejemplo, que no se puedan quitar las casas a los avalistas, que las viviendas que se desahucien pasen a formar automáticamente del parque público o que en la subasta de ejecuciones hipotecarias, las entidades públicas —ayuntamientos y comunidades— tengan derecho de tanteo y retracto preferente para adjudicárselas. 

Pese a las críticas que se hacen al acuerdo conocido hoy, todos reconocen los avances y el esfuerzo realizado para sacar adelante la norma. "Conocemos bien que esto es David contra Goliat. No se ha llegado más lejos porque no se ha podido, pero seguiremos peleando y estirando la ley como un chicle para que se refleje en el BOE y en la calle", dicen desde la PAH. 

"La perspectiva es muy interesante a nivel de derechos humanos que se establecen", agrega Escorihuela desde el Observatori DESC. "Hay una perspectiva general del derecho humano a la vivienda que es muy interesante e importante que estuviera en la ley", agrega.

También desde el Sindicato de Inquilinos, quizás los más críticos con el borrador, consideran que es "un avance" y que les "hace coger más impulso para seguir reclamando y peleando los siguientes pasos necesarios para que la vivienda sea un derecho universal". 

Medidas, indica su portavoz, como "empezar a hablar de expropiar vivienda de los bancos y movilizarla como parque público o sancionar mucho más gravemente a las viviendas destinadas a alquiler y que están vacías". "Políticas más ambiciosas", reclama, a las que pretenden aspirar para avanzar en lo que llaman "un estado de emergencia de la vivienda" que vive actualmente el país.