Armengol admite que aún falta abordar la "complejidad técnica" que supone usar las lenguas cooficiales en el Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha reconocido este viernes que implantar el uso del catalán, el euskera y el gallego "tiene sus complejidades" en cuanto a medios y ha dicho que va a estudiar las "posibilidades técnicas" con las que cuenta la Cámara Baja, pero que el objetivo es que las lenguas cooficiales puedan utilizarse "lo más rápido posible": "Es mi compromiso".

"Tenemos que ver las posibilidades técnicas y la realidad de lo que tenemos en la Cámara", ha señalado Armengol en declaraciones a Cadena Ser, recogidas por Europa Press, preguntada por si se van a introducir pinganillos para las traducciones.

Después de decir que va a trabajar "intensa y rápidamente" para ello, ha considerado "apresurado" decir el calendario y los medios que se emplearán, a la pregunta de si será posible para la investidura.

También ha precisado que, además de hablar con los servicios técnicos del Congreso, tiene que hacerlo con "todos los grupos" parlamentarios, desde una posición de "consenso", para "cumplir ese objetivo lo más rápido posible con la eficiencia técnica que supone".

Armengol se estrenó este jueves en el cargo anunciando que permitirá el uso del catalán, el gallego y el euskera en la Cámara Baja, una de las condiciones que habían puesto para apoyar su elección partidos independentistas como ERC y Junts.

Un reto logístico.. y económico

El caso del Senado marca un precedente ya que desde 1994 su reglamento se han modificado para mejorar el uso de las lenguas oficiales en la vida parlamentaria.

Actualmente, en la Cámara Alta se pueden debatir en otras lenguas las mociones que van al pleno y también las iniciativas en las comisiones.

El primer cambio fue hace 29 años cuando se autorizó el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en la primera intervención del Presidente electo en la sesión constitutiva así como en las intervenciones en el debate sobre el estado de las Autonomías que se desarrollaba en comisión.

En 2005 se amplió su uso en todas las sesiones de la Comisión General de Comunidades Autónomas, y en la publicación de las iniciativas de carácter no legislativo. Y en 2011 a todo tipo de escritos en el registro de la Cámara Alta, así como su publicación, y a la intervención de los debates de mociones en el pleno.

En otro plano está el coste económico y logístico que supone utilizar tres lenguas diferentes del castellano en las Cortes.

Traductores, cabinas, sistemas técnicos o auriculares para los 350 diputados tendrían que ponerse a disposición de la Cámara Baja, lo que elevaría el presupuesto anual del Congreso, que en 2023 se elevó a 110,4 millones de euros, representando el capítulo de inversiones el 2,5 % del total.

En el caso del Senado el último cálculo señalado por JxCAT para implantar las lenguas en su integridad rondaba los 950.000 euros anuales.