Regadíos en Doñana: las claves de la ley del PP con la que la UE se lleva las manos a la cabeza

En solo unas horas echará a andar en el Parlamento andaluz el debate de la proposición para legalizar cultivos de regadío junto al Parque Nacional de Doñana. Hasta 1.500 hectáreas que ecologistas y científicos rechazan con el espacio, argumentan, en una situación crítica, con los humedales casi desaparecidos, en un periodo de extrema sequía y con los cultivos esquilmando los pocos recursos que quedan. 

La Junta de Andalucía asegura que no se va a tocar el vital acuífero, que se utilizarán las aguas superficiales y que la regulación es necesaria por el impacto económico en la zona. La propuesta también divide a los cinco ayuntamientos afectados, en pleno año electoral. La recalificación para regadío de este suelo ha recibido un ultimátum desde Bruselas, que se lleva las manos a la cabeza con la norma. Habrá multas millonarias para España, avisan, por el reiterado incumplimiento de la protección medioambiental del parque, que es Patrimonio de la Humanidad. 

Estas son las claves del polémico proyecto.

El contexto político

Con la iniciativa que comienza a tramitarse hoy en el Parlamento andaluz, el Gobierno de Juanma Moreno oye las reivindicaciones del lobby agrícola del Condado de Huelva, que incluye a los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Los empresarios dicen que se enfrentan a "un futuro incierto por las presiones administrativas, medioambientales y comerciales" actuales, en una zona donde la competición en los comicios municipales del próximo mayo es dura, donde cualquier decisión puede inclinar la balanza, y donde la ordenación del territorio es una pelea constante desde que la diseñó la Junta en 2003, en tiempos socialistas. 

Como recuerda El Periódico de España, "en muchos pueblos de Huelva, en las generales, Vox, que lleva la voz cantante en la iniciativa y presionó al PP para volver a presentarla, sorpassó a los populares. Las prisas por la tramitación tiene que ver con las elecciones municipales de mayo. PP y Vox se comprometieron en estos pueblos a dar soluciones".

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha defendido que la proposición de Ley aborda exclusivamente una cuestión de ordenación del territorio en aquellas explotaciones "abandonadas" por el Plan de la Corona Norte y, de cara debate de esta tarde, ha pedido a la oposición que piense en los centenares de familias de Doñana afectadas por la injusticia histórica del PSOE.

Las decisiones

Para el consejero de Medio Ambiente andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, la ley que se pretende aprobar ahora "viene a dar respuesta a la inquietud que mantienen cientos de agricultores de la Corona Norte [Forestal de Doñana] desde hace ya demasiado tiempo". Sostiene que se trata de prometer agua a los agricultores, pero siempre superficial. 

La Junta sostiene que "el Gobierno de España se ha negado a sentarse con nosotros; hasta en dos ocasiones se ha comprometido con la Junta a crear una comisión bilateral técnica que pudiera abordar los diferentes asuntos que tienen que ver con el espacio natural y nos hemos quedado esperando, por lo que el Grupo Parlamentario Popular se ha visto obligado a presentar esta proposición de ley que parte de una premisa que es innegociable: el acuífero de Doñana no se toca".

Lo que se va a hacer es regularizar más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y otros frutos rojos que ahora mismo esquilman el acuífero de la reserva natural y que provocaron la declaración de "sobreexplotado" de su acuífero hace ya dos años y medio. La prolongada sequía, que golpea especialmente a Andalucía, ha hecho que la biodiversidad del parque siga en descenso pese a que en diciembre las lluvias dieron un pequeño respiro. Apenas ha llovido en enero y febrero, por lo que volvemos a la crisis. 

El texto de la iniciativa no ha sido muy aireado, pero ya a principios de 2022 defendieron y aprobaron una propuesta similar para ampliar entre 1.460 y 1.903 hectáreas de regadío junto a esta reserva de la biosfera. La proposición decayó al adelantarse las elecciones autonómicas, pero provocó la dura advertencia de la Comisión Europea de que volvería a multar a España si permitía que Doñana se seque por el aumento de regadíos. Entonces, el PSOE andaluz llegó a abstenerse del proceso. 

Cómo están las cosas

El último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, indica que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. En concreto, constata que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013, unos cambios significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas (una zona exprimida por los turistas), la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf. 

Según los datos del citado informe, el 80% de estas lagunas se secaron antes de lo esperado por la precipitación y la temperatura observadas y el 84% tuvo un área de inundación menor de lo que se había previsto en función de los mismos parámetros, lo que indica que la actividad humana está alterando el equilibrio natural de las lagunas.

Qué dice el Consejo del parque

El pleno extraordinario del Consejo de Participación de Doñana celebrado este lunes dejó clara la posición de sus miembros en relación con la proposición: rechazo mayoritario, por más que la sesión no  fuera más que informativa, sin poder de acción. 

Ese rechazo ha sido puesto de manifiesto claramente por el propio presidente del Consejo, el reputado biólogo Miguel Delibes de Castro, quien considera la iniciativa como "muy negativa" porque "no hace más que generar tensión, alimentar el conflicto y hacer juegos políticos que se parecen al toreo de salón, cuando una situación dramática como la que vivimos en Doñana y en los regadíos requiere tomarse las cosas en serio y agarrar el toro por los cuernos".

Y ello supone, en su opinión, "tomar decisiones, probablemente impopulares; gastar dinero y trabajar, es decir, todo lo contrario a hacer proposiciones de ley que no se pueden cumplir y que no van a ningún lado".

También por las organizaciones conservacionistas, que entienden que la misma viene a dar respuesta a cuestiones que no existen como "derechos históricos" o "la retroactividad" del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de 2014.

De esta forma, WWF y SEO/Birdlife han pedido en el Consejo la retirada de la proposición de ley que "contraviene la Constitución y la separación de competencias del Estado y las comunidades autónomas" y, precisamente de acuerdo a esto, Ecologistas en Acción ha pedido al Gobierno que una vez se apruebe la iniciativa en el Parlamento la lleve al Tribunal Constitucional.

Una petición que ha sido recogida y a la que se comprometió el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para quien que de lo que se trata es de "corregir un déficit que no se tuvo en cuenta en su momento" y entiende que todo debería comenzar por "habilitar un amplio espacio de consenso" para no colocar a Doñana "en una situación irreversible".

El rechazo viene también desde la rama científica, y ha sido expresado en el Consejo por el director de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), Eloy Revilla, quien tras alertar de que más de la mitad de las lagunas del espacio natural "han desaparecido", ha dejado claro que "la explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural".

En su opinión, hay una "clara falta de voluntad política" a la hora de solucionar el problema que ha llevado "al insostenible punto crítico en el que se encuentra Doñana".

En cuanto a los ayuntamientos, solo el de Almonte se ha posicionado y, alineándose con los agricultores de la localidad, lo ha hecho en contra al entender que pretende revisar el Plan de la Corona Norte "sin garantías, sin informes y sin contar con los agentes implicados" cuando, antes de cualquier revisión, "el agua superficial debe llegar al corazón de Doñana, que es Almonte". 

En el lado contrario, es decir, en la defensa de una iniciativa que consideran no supone ningún perjuicio para Doñana están los representantes del PP, la Junta de Andalucía y organizaciones agrarias como UPA y Asaja.

El aviso del Gobierno 

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado que el Ejecutivo va a “adoptar todas las medidas que sean compatibles con la Constitución y el Derecho europeo” para defender el Parque Nacional de Doñana ante la “frivolidad” que plantea la Junta, que “atenta directamente contra uno de los ecosistemas más preciosos en nuestro país”. Es una "norma que le gusta mucho decir a Vox: ideológica y sin sentido, demagógica", denuncia. 

Insiste en que hay gran consenso en el Consejo de Participación de Doñana en que estamos ante un "inmenso error" y una "gran deslealtad institucional" por parte de la Junta, que es a quien corresponde velar por la protección del Parque, el impulsar una norma de estas características y regularizar regadíos en el entorno de este enclave.

Así, pidió "responsabilidad” y “diálogo” en “las cuestiones de interés social que se puedan suscitar entre los pueblos de los alrededores" para encontrar una respuesta "mucho más adecuada".

De hecho se difunde un mensaje "engañoso", ya que "no hay agua" y, por lo tanto, "no tiene sentido prometer lo que no hay y tiene muy poco sentido prometer lo que no le toca gestionar a uno, que es lo que está haciendo la Junta de Andalucía".

El enfado de Bruselas

Hace apenas tres semanas, Bruselas amenazó con multar a España por el nuevo plan del Gobierno andaluz para indultar regadíos en Doñana. Pero el aviso no parece frenar al Gobierno popular. Considera que es una "violación flagrante" de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo que impide tocar la joya que pervive entre Huelva y Cádiz. 

La directora general de Medio ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, ha enviado una carta al Gobierno español para que en el plazo máximo de un mes le explique y aclare cómo se han cerciorado de que el plan de mejora de regadío en la Corona Norte de Doñana no producirá consecuencias perjudiciales en los espacios protegidos del parque. Ya en enero de 2022 transmitió a las autoridades españolas su "inquietud y estupefacción" por el riesgo que una propuesta similar planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que "sigue sin cumplirse".

Dicho fallo, de junio de 2021, busca proteger los valores naturales de Doñana y sostiene que la aprobación de la proposición de ley del Partido Popular del pasado 3 de marzo, "agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana".

Florika Fink-Hooijer defiende medidas como el incremento del control e inspección que aseguren el cierre y sellado de todos los pozos ilegales que persisten en el entorno del parque e incluso plantea financiar, a través del mecanismo de Recuperación y Resiliciencia, proyectos para la digitalización y la medición de las abstracciones de agua en Doñana.

“De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia”, asegura en la carta.

Advierte, en este sentido, de que la Comisión tomaría en consideración la "adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias”.