#LeyAnti15M: Así nos utiliza el Gobierno

Queridas redes sociales:

El Gobierno quiere que penséis que tenéis poder para rebajar sus pretensiones. Por eso se han filtrado las medidas más calientes de la nueva ley de Seguridad Ciudadana que está ultimando Interior y que pretende llevar el viernes al Consejo de Ministros. Una vez testada la airada reacción que tuvisteis este martes, la gente de Rajoy se ha encargado de enviar recados a los diferentes grupos políticos en el Congreso para rebajar la tensión. A unos les ha llamado directamente el secretario de Estado de Interior para decirles que sobre el papel, el borrador es mucho menos heavy de lo que se está difundiendo. A otros, como a Soraya Rodríguez (portavoz del PSOE), el Gobierno le ha hecho llegar el mensaje de que es solo "un documento técnico sin el visto bueno político". Los diputados consultados están convencidos de que las exorbitantes cifras que se manejan -entre 30.000 y 600.000 euros- para las infracciones ahora consideradas graves, como la convocatoria de movilizaciones desde la red, los escraches, las fotos, grabaciones o insultos a las fuerzas de seguridad..., han sido un globo sonda. ¿Para qué? Algunos ven claro que el objetivo es no quedarse solos en su aprobación de una ley que "es una venganza" contra los movimientos ciudadanos, como dice Gaspar Llamazares. Si después de partir de unas multas tan desmesuradas, simulan que ceden durante la negociación, habrá partidos que compren la represión. Incluso vosotros podréis pensar que tenéis alguna influencia y el Gobierno os escucha.

"Lo que intentaron ayer fue lanzar un globo sonda sobre hasta dónde pueden llegar con el recorte de derechos y libertades. Un recorte inicialmente duro para que cuando rectifiquen creamos que tienen voluntad de negociar. Pero me parece un retroceso brutal, de tinte dictatorial. Me asombra cuando dicen que al fin y al cabo se multan cosas que antes eran delitos y ahora pasan a ser infracciones. Que te sancionen por esta vía genera indefensión, mientras que por la vía penal puedes recurrir. Con las sanciones siempre gana la Administración. Todo está encaminado a generalizar un proceso de represión de baja intensidad", reflexiona Ada Colau, portavoz de la PAH.

El asombro de Colau coincide con la opinión de sus señorías. "Lo que he leído es una locura. Establecer multas de 600.000 euros para sancionar conductas es absurdo porque no tienen una gravedad tan enorme, no hay necesidad de alterar el Código Penal. Antes, el desorden público implicaba que se alterase la ley en la calle, con el cambio de ahora basta con que se amenace con causar un daño, aunque no se cause. Recortan los derechos de reunión y de manifestación. No se si es anticonstitucional porque no nos han pasado el texto", dice el último ministro de Interior de Zapatero, Antonio Camacho, que asegura que él se tragó los cuatro primeros meses del 15-M en los que no hubo desórdenes públicos, salvo una agresión con porras de la policía a una manifestante. "La fuerzas de seguridad son profesionales capaces de mantener la seguridad sin cargar contra los manifestantes. Hubo un día en que en la puerta del Sol coincidieron una marcha laica y varias marchas por la visita del Papa Benedicto, más los acampados, y no hubo ningún problema", concluye. ¡Qué flaca es la memoria de los exministros, la cosa no fue tan rosa como Camacho recuerda! Los socialistas creen que la ley de Seguridad Ciudadana "debe ir a lo más profundo del cajón" dice Soraya Rodríguez, que no confía en los mensajes que les han hecho llegar desde el Gobierno. Se trata de tantear el terreno.

Ni tan siquiera en el PP cuela la desproporcionada ley de Jorge Fernández Díaz. Después del rapapolvo que el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa echó al Gobierno hace unas semanas por el excesivo uso de la fuerza en las manifestaciones, extraña que doblen la apuesta retando con medidas tan desproporcionadas. El ministro Wert, que disfruta del honor de ser uno de los más increpados, se niega a contestar. También Celia Villalobos, que no suele morderse la lengua, opta por la contención: "De la ley de Seguridad Ciudadana no digo una palabra hasta que no vea el texto". A Carles Campuzano, de CiU, no le cuadra la jugada "porque en un momento de tanta protesta, es poco inteligente criminalizarlas de esta manera. Lo único que va a provocar es más respuesta social".

Para Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, la mejor respuesta a la ley de Seguridad Ciudadana "es la que vemos en las redes sociales ante el reforzamiento de un estado cuasipolicial. Lo que pretende el Ejecutivo, entre otras cosas, es dar un bofetón al poder judicial. Y no me cabe duda de que lanzar esto después de pedir endurecer la Ley de Huelga no es una coincidencia, es una estrategia". Para la diputada, este tuit es el mejor resumen: