El Estado de hoy no nos quiere... pero pronto nos querrá
Un accidente, una enfermedad imprevista, un parto con dificultades, un trastorno sobrevenido por causas diversas y un largo etcétera pueden ocurrirle a cualquiera. Y de repente, hay alguien que necesita apoyo, un apoyo ejercido por profesionales, además de la familia que actúa como ha de ser: como una familia y no con una función que ha de ser ejercida por profesionales. Esta atención corresponde asegurarla al Estado, pero el Gobierno no cumple.
Este artículo ha sido escrito conjuntamente con Inma Monterde Martínez, socióloga y técnico en el Ayuntamiento de Valencia
Nosotras y nosotros proponemos un desarrollo y un profundización efectiva de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Además, consideramos que la misma requiere de una reforma y modificación, siempre persiguiendo el fin último del bienestar de la ciudadanía, paliando y/o eliminando las situaciones de desventaja en la cual se encuentra uno o una con respecto al resto, en un momento determinado de la vida o de por vida, garantizando los servicios esenciales. Porque la vida da muchas vueltas, de un día para otro sabemos que un evento, una situación imprevista, puede cambiar la cotidianidad de alguien.
Un accidente, una enfermedad imprevista, un parto con dificultades, un trastorno sobrevenido por causas diversas y un largo etcétera. Y de repente, hay alguien que necesita apoyo, un apoyo ejercido por profesionales, además de la familia que actúa como ha de ser: como una familia y no con una función que ha de ser ejercida por profesionales, proporcionando una atención de calidad, que haga lo posible por mantener unos mínimos de dignidad y calidad de vida. Y esa era la idea fundamental que se pretendía con la Ley de Promoción de la Autonomía para personas en situación de Dependencia, pero ocurre que con la excusa de la crisis económica y otras historias que inventan los de arriba para excusar los recortes, decidieron recortar donde no debían ni se podía: cuentan que más de 1400 millones de euros que no fueron destinados a la promoción de la autonomía en los últimos años, pero sin embargo, algo difícil de explicar, sí se destinan a Defensa más de 850 millones, y no es para la gente que trabaja ahí, los militares, es para compra de material armamentístico.
Es cansino repetir que algo no va bien, que muchas cosas no van bien, pero hay que hacerlo, creemos en la gente del país y en sus ganas e ilusión por el cambio, por eso... Ese tipo de actitudes contrarias a los derechos humanos y favorables al poder financiero han de acabar. Por sentido común, las familias y su gente en situación de vulnerabilidad y necesitada de apoyo ya no pueden más. Las listas de espera son inhumanas, morir mientras se espera la atención -y eso ocurre en España- es imperdonable.
Que un Gobierno no se dedique a su gente -y sí lo haga con los privilegiados, con los poderes oscuros, y no con quienes hacen que un país funcione- es inexplicable a ojos de la ciudadanía. Insistimos en que es de sentido común que el Estado apoye y se solidarice, porque nunca se sabe cuándo alguien puede necesitar apoyo en su autonomía. El Estado ha de garantizar la inversión que convierte la desigualdad en igualdad, la exclusión en inclusión.
Pero claro, a los privilegiados les da igual la Ley; ellos poseen recursos, en ocasiones, los reciben en un sobre, y pueden pagarse la atención que requieran cuando quieran y como quieran. Y hay que agradecerles que no impusieran la eliminación de "malformación fetal" como causa para ejercer la interrupción del embarazo, algo que Gallardón ansiaba. Qué contradicción la de defender la vida de un no nacido y al mismo tiempo dificultar la vida de un nacido y ya crecido, como está ocurriendo con los pacientes atendidos por hepatitis C y muchas otras diversidades acontecidas por patologías diversas.
Hablamos de un sector rico en experiencias, que innova, que crea empleo, que crea una red de profesionales y familias, con entidades del tercer sector que forman parte activa en la economía de nuestro país, que tiene como consecuencia un tejido asociativo participativo. Todo ello requiere de una mayor implicación pública en la gestión de los recursos, con objeto de fortalecer nuestro sistema de Servicios Sociales, que todavía está pendiente de una ley estatal que unifique a las leyes autonómicas en dicha materia. Una nueva arquitectura del Estado de bienestar y de la promoción de la autonomía es posible, con voluntad... política. Y esto último es algo inexistente hoy en día para con los derechos humanos y sociales.
Nosotros y nosotras nos abstuvimos en la votación sobre la moción de CIU, (ver vídeo) porque consideramos que no era suficiente lo que demandaba. Somos exigentes porque así lo pide la gente que vive la situación, que ve como esa ley es papel mojado en ocasiones, gente que se encuentra una lista de espera que no es permisible en un ámbito como este, porque muchos o algunos mueren sin recibir esa atención que todo ser merece. Decimos que muchos o algunos, porque en esta materia, conseguir datos, a veces, es tarea imposible.
Seamos consecuentes, esto no puede seguir así. Si tenemos presupuesto, simplemente es una falta de conciencia con los derechos y la dignidad de la persona por parte de nuestro Gobierno. Priorizar los bienes materiales en tiempos de paz es incomprensible a nuestros ojos.
¿Qué proponemos? Promover las políticas que hagan posible la promoción y desarrollo del modelo de vida independiente y asistencia personal dentro de la cartera de servicios, incluyendo en los Presupuestos Generales del Estado partidas y recursos económicos que permitan dar cobertura a servicios esenciales para las personas en situación de dependencia que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y necesidad.
La falta de financiación se traduce en desigualdad, una exclusión de los que están abajo, aislados de la corriente principal de oportunidades. Nuestro fin es el logro de una sociedad inclusiva, y para ello se requiere a un Estado social inversor que persiga el bienestar positivo de la ciudadanía con una distribución equitativa de la riqueza.
Nos dicen a menudo los otros: "¡Hagan ustedes propuestas!" Y las hacemos continuamente; lo que ocurre es que no quieren escucharlas ni tenerlas en cuenta. Además, ¿quiénes nos gobiernan? ¡Pongan en marcha las propuestas!
Y sentimos ser tan duros o duras, pero hace un tiempo que decidimos que las cosas son como son, y por tanto, hay que decirlas tal cual. Suavizar una situación de desigualdad nos hace cómplices, con el lenguaje excusamos a la misma, y sin querer la justificamos. Y eso, se acabó... porque es la hora del cambio, y es ahora o nunca.