Desbarajuste eléctrico

Viviendo a miles de kilómetros de Madrid, de España, las cosas que suceden en nuestro país se ven desde otro prisma. Ni mejor, ni peor, diferente. Y esta semana la pregunta que cualquiera se hace tras lo sucedido con la última subasta de la luz de último recurso -TUR- , es ¿cuándo se perdió el sentido común?

Dos años lleva el Ministerio de Industria diseñando una reforma eléctrica que pusiera coto al despropósito de la legislatura anterior, esa en la que Miguel Sebastián, exministro de Industria, decidió que se sentía rico y que como cualquier país rico tenía que apostar por subvencionar energías nuevas, distintas, que nos hicieran líderes mundiales en algo más que en kilómetros de Ave a ninguna parte. Y efectivamente lo consiguió. Instauró una ley por la que las primas a las renovables -subvenciones encubiertas que pagamos los contribuyentes- se disparaban de forma exponencial para los siguientes 25 años con una rentabilidad fija del 20%. No contento, por ley se decidió que la energía fotovoltaica y solar era la primera en entrar al sistema a un precio 7 veces superior al de la energía nuclear -por ejemplo- que es la más limpia, la más barata y la que menos contamina. Unos 50 euros cuesta un KW./H de electricidad nuclear frente a unos 450 euros Kw./H de termosolar.

En ésta melé de intereses con uno de los sectores mas fuertes de la industria española, las eléctricas aseguran que la culpa de que en España tengamos una de las facturas de la luz más caras de Europa es de todos los gobiernos de la Democracia. Seguro que es así, pero alguna culpa tendrán las eléctricas también, ¿no? Por ejemplo: sea como fuere, vamos a asistir dentro de diez días a una situación absolutamente bolivariana, las eléctricas se verán obligadas a aceptar por decreto la intervención directa del Gobierno en un mercado libre para fijar el precio de la luz.

Pero volvamos al asunto. Cuando a casa llega la factura de luz, esa que te presupone un master para entenderla, resulta que prácticamente el 60% de la misma son impuestos, subvenciones y tasas de origen legislativo. Si, cuando uno paga la factura de la luz, tiene que pensar que no solo está pagando la luz, también paga: el impuesto verde, subvenciona la luz a los españoles que viven en las Islas, subvenciona la tarifa de último recurso, el céntimo para las comunidades autónomas, la parte correspondiente de subvenciones a las renovables, total: 12.000 millones de euros al año que no tienen nada que ver con lo que cuesta generar, distribuir y comercializar la luz. El hecho de que 12.000 millones de euros para hacer frente a cuestiones políticas estén dentro de la tarifa del luz implica que somos muy solidarios. El gesto de encender la luz es un gesto generoso, comprometido con el medioambiente, en realidad con todo lo verde.

Durante décadas la factura de la luz ha sido un instrumento político mas. Se ha congelado en épocas electorales, se ha reducido de forma sustancial a los colectivos más desfavorecidos, se ha primado cualquier electricidad menos la nuclear -cuya moratoria seguimos pagando-. En fin, que la luz es un elemento electoral más, hasta que la deuda con el sector eléctrico ha llegado a los 30.000 millones de euros, el 30% del PIB. Una deuda que el Gobierno de Rajoy ha conseguido que no compute como déficit público ante Bruselas con el compromiso de reformar el sistema hasta eliminar la deuda contraída.

Paralelamente el coste energético es el segundo más alto en la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, la subida de los precios de la luz encarece los productos, bienes y servicios y se refleja en el IPC.

La semana pasada, la subasta de la parte liberalizada de la tarifa de la luz se disparó hasta los 61,70 euros Kw./h. La subasta de la TUR se lleva a cabo cada 3 meses y se toma como partida el precio de los futuros de la luz. En un sector intervenido -ya que el precio está garantizado por el Estado- , la inestabilidad regulatoria dispara la prima de riesgo del coste de la luz, y como es normal, los operadores apuestan a esta incertidumbre.

La suspensión por primera vez en la historia, de una subasta de luz con operadores financieros de todo el mundo -que se llevaron el 80% de la misma, por posible "pacto de precios"-, es un lío monumental por tres razones:

1.- Imaginemos que hay "colusión" tal y como ha dicho el Gobierno y el Comisario Almunia. Implica ponerse de acuerdo 38 operadores distintos -difícil pero posible-. Si esto es así habría que imputarles inmediatamente por estafa, manipulación de precios, etc. Las empresas eléctricas españolas que apenas participaron en la subasta, exigen al Gobierno que diga quien participó en la misma y en qué condiciones lo hicieron.

2.- Imaginemos que la Comisión nacional del Mercado de la Competencia argumenta que "no ha habido colusión". ¿Quién ejecuta el coste de la subasta inhabilitada? ¿Quién cierra las posiciones de los operadores? ¿Quién paga el coste de la subasta suspendida?

3.- Y en tercer lugar, el Gobierno ya ha anunciado que no habrá nueva subasta y que estudia un mecanismo de "fijación de precios, sin fijar el precio en un mercado liberalizado". Para ello tiene hasta el 31 de enero. Y después: ¿habrá nuevas subastas? ¿Quienes acudirán a esas subastas? ¿Cómo se financiará esa parte de la tarifa no regulada?

En 18 horas alguien se ha cargado la "seguridad jurídica" del sistema eléctrico español sin pensar en las consecuencias de cara a los mercados internacionales. Pero aún hay mas, los españoles seguiremos sin saber, exactamente cuánto cuesta la luz cada vez que encendemos el interruptor, porque será una cuestión del libre albedrío de un algoritmo supuesto de alguien -supuesto también- dentro del Ministerio de Industria. Siempre hay un día en que todo el sentido común se pierde, de repente, sin avisar, cuando menos te lo esperas. La reforma eléctrica aprobada el viernes en el Parlamento no prevé mecanismo alguno para sustituir a la subasta eléctrica. Y así estamos inmersos en la perplejidad.