Si no estuviéramos en año electoral...
¿Es necesario obligar a presentarse a todos los profesores interinos de Secundaria a un examen que ya han aprobado al menos una ocasión? ¿Favorecen estas actuaciones el desarrollo y la motivación de los profesores, o más bien, al contrario, desmotivan y limitan su capacidad?
Seguramente muchas cosas serían distintas si no estuviéramos en año electoral. Habría menos inauguraciones, menos políticos besando niños, menos promesas de difícil cumplimiento...
Habitualmente, las administraciones públicas, ya sean nacionales o autonómicas, e independientemente del signo político de sus responsables, aprovechan los meses previos a la campaña para hacer una exhibición de músculo que enfatice lo bien que lo han hecho o para tratar de paliar la mala imagen que hayan podido generar en la ciudadanía. Son muchas las medidas que requerirían un análisis detallado, pero hay una que está pasando inadvertida y que afecta a una cuestión determinante como es la educación. Se trata de la convocatoria extraordinaria de una oferta de empleo público para profesores de secundaria en algunas comunidades, entre ellas, Madrid.
Por explicar brevemente el funcionamiento, aclaremos que en España los profesores de centros públicos se dividen en dos tipos, los fijos, que accedieron a su puesto a través de unas oposiciones, y los interinos, que superaron esa prueba pero no lograron acceder a la primera categoría por el escaso número de plazas ofertadas. Pues bien, España es el único país europeo que obliga a este segundo grupo a repetir cada dos años un examen de oposición independientemente de la calificación obtenida el ejercicio anterior, que en ocasiones supera con creces el notable. Ahora, además, y aprovechando la circunstancia electoral, se añade una nueva convocatoria definida como extraordinaria para el próximo mes de junio, cuando ya se realizó una en junio de 2014 y, en teoría, no debería tener lugar hasta la primavera de 2016.
¿Y dónde está el problema?, ¿qué hay de malo en ofrecer nuevas plazas de empleo público? En efecto, algunas ventajas tiene: la posibilidad de que se sumen a la convocatoria nuevos candidatos que no se hubieran presentado previamente -cifra que suele ser inferior al 5%-, fomenta el dinamismo económico en el sector de las academias, que harán el agosto con la avalancha de matriculados de última hora y supone un innegable rédito electoral para que presuman quienes se crean con derecho a hacerlo.
Hasta ahí, nada es especialmente criticable. El problema aparece cuando nos aproximamos a las cifras. Un ejemplo cualquiera: en la comunidad de Madrid, en especialidades como Lengua y Literatura, Geografía e Historia o Biología y Geología están obligados a presentarse más de 2000 profesores interinos de secundaria para una oferta máxima de ocho plazas, de las cuales una o dos quedarán reservadas para promoción interna o para quien acredite algún grado de minusvalía. Los profesores que no se presenten quedarán fuera del sistema pese a haber aprobado el examen de oposición en al menos una ocasión y a tener amplia experiencia (en muchos casos incluso superior a 10 años). Por supuesto, tampoco es gratis presentarse a la prueba. De hecho, las tasas del examen de 2014 ascendieron a 77,87€, más del doble de las de 2012, que fueron de 36,28€. Cosas de la crisis. A eso habría que sumar la necesidad de movilizar durante casi un mes, al menos, a medio millar de profesores, unos voluntarios y otros no, para componer el centenar de tribunales necesarios.
Y lo más importante, la reiteración de estas convocatorias provoca un problema importante a los profesores interinos que se ven obligados a compatibilizar su trabajo como docentes, en muchos casos a jornada completa, con la preparación de unas oposiciones en las que no tienen apenas opciones (5 o 6 plazas para más de 2000 candidatos), teniendo que decantarse entre dedicar su tiempo a preparar las clases o a estudiar para la oposición, con el consiguiente perjuicio para quienes son los mayores damnificados del proceso, los alumnos.
¿Es necesario, por tanto, convocar oposiciones en estas circunstancias cuando las 80 vacantes que se ofertan se pueden cubrir perfectamente con personal interino, bien formado y con experiencia? ¿Es necesario obligar a presentarse a todos los interinos que ya han aprobado el examen en al menos una ocasión? ¿Favorecen estas actuaciones el desarrollo y la motivación de los profesores, o más bien, al contrario, desmotivan y limitan su capacidad?
A veces, nuestros representantes no se dan cuenta que la educación no es un juego y que, sin embargo, con la educación nos la jugamos. La principal tarea de los profesores es preparar a las generaciones del futuro. La misión de las distintas administraciones en este campo es facilitar las mejores condiciones posibles para que los niños aprendan y no parece que convocar una prueba obligatoria no prevista, con menos de 4 meses de antelación facilite la tarea al profesor que se ve en la innecesaria disyuntiva de elegir entre aplicarse para presentarse a un examen que le permita seguir trabajando el año que viene, o volcarse en el compromiso que todo profesor es consciente de tener con sus alumnos.
En ocasiones, nos empeñamos en revalidar el famoso lema de Fraga de "Spain is different" y no siempre para bien. En todo caso, cabe recordar las palabras del director general de Educación y Cultura de la Comisión Europea, Xavier Prats Monné: "Si crees que la educación es cara, prueba la ignorancia".
