Universidades y tíos Berni

Si Dios o quien corresponda en derecho o por sentido común no lo remedia, pasado mañana, 9 de marzo, después de haber transitado por el Senado, el Congreso aprobará la nueva ley orgánica de universidades, la famosa LOSU, que a nadie satisface pero que es un empeño personal del tándem Subirats-Pingarrón.

A lo hecho, pecho, habrá que decir. Pero no será porque no se ha advertido que era un tremendo error, una ‘oportunidad perdida’ para navegar con el mismo rumbo que Europa. Una vez más en esta materia se aplica la equivocada conclusión del conocido proverbio de que ‘ojos que no ven corazón que no siente’, porque más temprano que tarde lo sentirá.

Los autores de la LOSU, los intelectuales, los colaboradores necesarios, los palmeros serviles y los amanuenses han desoído todos los prudentes consejos y convertido en calderilla las prevenciones. De entrada, y pocas veces mejor dicho, han dejado semiabierta la rendijita de aireación, en las casas es la del ventanuco de la cocina, por donde suelen colarse los delincuentes. No digo, Dios me libre, que sea intencionadamente; no. Es por una explosiva mezcla de irresponsabilidad y soberbia.

Pero como todo lo que puede empeorar empeorará sin remedio, dicen las leyes de Murphy, por ese hueco pueden entrar los ‘tíos Berni’ que esperan su oportunidad. Hace muchos años, más o menos en la época en que secuestraron y asesinaron al industrial tabaquero canario Eufemiano Fuentes, junio de 1976, cuyos presuntos restos aparecieron en el fondo de un pozo, hablaba yo en la terraza del parque de Santa Catalina (Las Palmas de G.C.) , con un joven policía que conocí en la búsqueda, sobre las condiciones de los timadores, al ver a unos cuantos engañabobos rodeando a los turistas. Recuerdo que el inspector Regalado me dijo que eran como camaleones, que se adaptaban al medio, que inspiraban confianza, que parecían de fiar; y así te la clavaban.

El tito Berni, el Mediador, el general de la Guardia Civil… todos los individuos de este chusco episodio, que se solapa con los anteriores que han sacudido y siguen sacudiendo a este país, incrustados en todos los partidos, sindicatos y en donde se mueva dinero público o pueda traficarse con influencias y tratos de favor… forman parte de una fauna humana auto-reciclable. Y si los hay, ¡incluso!, con tricornio de charol negro, los puede haber también con bonetes de fieltro y seda de cualquier color. La cuestión es la prevención. Prevenir es mejor que curar, esto es básico en salud y en la economía y para no sentarse en el banquillo. La apariencia de honradez y eficiencia es fundamental, además.

Por esto ya desde el año 2004 el Tribunal de Cuentas del Reino viene recomendando a las universidades públicas españolas una serie de imprescindibles medidas precautorias: primero, y fundamental, que para evitar corporativismos (porque el corporativismo en sí es semilla de corrupción) se cambie el ‘proceso electivo’, o sea, el yo me lo guiso yo me lo como; segundo, que la Unidad de Control Interno o Intervención debería depender “preferiblemente del Consejo Social, siendo descartable la dependencia funcional de otros órganos vinculados con la gestión ordinaria, especialmente la gerencia o similar”. En 2012 el TdC recordaba que ya en 2004 “se destacaba la necesidad de establecer y aplicar por todas las universidades públicas un sistema objetivo de control horario y presencial para el colectivo PDI…” para comprobar sencillamente si quien tenía clase o tutoría asignada cumplía con ello. Esta asignatura sigue parcialmente pendiente.

Punto clave asimismo de los reiterados informes ha sido la necesidad de cambios “dirigidos a una simplificación y reducción de los órganos colegiados, una profesionalización y especialización en la toma de decisiones (…) y una mayor transparencia en la gestión, su control y rendición de cuentas”. Esta ley de ahora sin embargo multiplica insensatamente estos foros. Y las nubes se levantan, y los pajaritos cantan…

También se alerta por el ‘gran OCEX’ y los autonómicos que las dotaciones de efectivos a los Consejos Sociales y las unidades que ejercen el control interno “son insuficientes y la cualificación de las mismas no siempre resulta apropiada para el desarrollo por parte de las UCI de las funciones que les son propias…”. En español vulgar: con frecuencia se trata de un boicot para dificultar la supervisión. Eso sí, con múltiples y ditirámbicas excusas.

Pues bien: también la LOSU hace caso omiso de las recomendaciones del informe de la OCDE, 2021, solicitado por el Gobierno español, y de la ‘hoja de ruta para la mejora de la transferencia del conocimiento y la colaboración entre Ciencia y Empresa en España”… que vino precedido por una Proposición no de ley del Congreso de los Diputados aprobada por unanimidad. Una de sus conclusiones más importantes es una visión muy crítica del actual sistema de gobernanza universitaria, un llamamiento para su reforma, y un papel más decisivo de los Consejos Sociales. Textual: “Hoy en día la voz de la sociedad pesa muy poco en la forma en que las universidades definen sus misiones y utilizan los recursos públicos…”

Este documento considera anacrónico en el espacio europeo el actual modelo español; su “carácter único (…) sitúa a la universidad española en una situación de desventaja para responder a los retos sociales y económicos actuales, ralentiza la adopción de nuevos modelos de gestión y lo expone de manera significativa a la politización….”

Si la LRU, la primera ley de reforma universitaria de la democracia, expresaba en su preámbulo que las universidades públicas no son patrimonio de la comunidad universitaria, sino que es un servicio público propiedad de la sociedad que lo financia, la LOSU va en dirección contraria. En la realidad las ‘privatiza’ colectivizándolas. Las convierte en una especie de cooperativas subvencionadas, y se transforma, hale hop, la autonomía con límites claros del artículo 27.10 de la CE78, que la subordina a un constructo jurídico, en una suerte de soberanía que contradice frontalmente toda la específica y amplia doctrina constitucional. Ya mayores lo que es común en la Europa democrática.

Es decir, esta es una ley que está fuera del tiempo y del espacio (europeo) y que va en la dirección opuesta a los modelos de éxito en la Unión Europea. Hasta en el seno de la conservadora y corporativista CRUE, el influyente lobbi feroz de los rectores, hay algunas disensiones... creciendo. En una monografía 2021, elaborada por el exrector de la Universidad de Vigo, Doctor Domingo Docampo Amoedo, ya se contempla la creación de un ‘órgano principal de Gobierno’ similar al Consejo Social, pero con más presencia académica, para la elección o fichaje del rector. Variaciones sobre el mismo tema son la regla general en todos los informes realizados en los últimos veinte años, o más.

¿Cuál es el problema del sistema vigente? Pues es elemental, y doble: por una parte que los rectores se convierten en rehenes de los intereses corporativos y que no pueden desarrollar proyectos de mejora de la eficiencia o sencillamente de optimización de medios, organización, creación de sinergias, profesionalización de la gestión ….que afecten a intereses creados o por crear. Eso lleva a la multiplicación a veces ad infinitum de vicerrectorados, direcciones de áreas, hectáreas, centiáreas y microáreas (esto es en parte una caricatura irónica), y a su vez con perfiles inadecuados… frecuentemente para garantizar la pax académica. Ya me entienden… efecto perverso: se detraen profesores muy preparados para tareas que no son propias. Y por otro lado, segunda secuela, se pierde contacto con la realidad social, con el mundo de afuera, en beneficio de una endogamia que cierto docente sindicalista definió una vez como “la acumulación tectónica de derechos laborales sindicalmente adquiridos”. Amén.

Esta ley, en resumen, es de corto recorrido, porque provocará un colapso por la neutralización paralizante provocada por múltiples fuerzas encontradas. No solo no soluciona razonablemente ninguno de los grandes problemas vertebrales, otros sí, pero no hubieran precisado una Ley orgánica sino leyes normalitas o decretos ley, sino que al no incorporarse al rumbo europeo cada vez la distancia con el pelotón de cabeza o con el del medio será mayor.

Ergo sum, el efecto perverso para las universidades públicas es que esta ley básicamente podemita, ombliguista y populista a la vez, fomentará el crecimiento exponencial de las universidades privadas. Aparte de los titos Berni, claro, que están acechando a ver donde están más flojas las bisagras de las puertas y ventanas.

Les recomiendo que busquen en Google ‘corrupción en las universidades’. Verán que el mundo de Yuppi no existe.