El fin de la precariedad en las universidades

Sanidad pública, educación pública. Ese es nuestro modelo frente a la derecha del “sálvese quien pueda”, cuya propuesta principal es que sólo se cure o estudie quien tenga dinero.

Nosotros creemos en dar oportunidades a todos desde la cuna, que es donde nacen las desigualdades. De ahí que blindemos con leyes la educación pública en todos sus tramos. De 0 a 3 años, para la igualdad. La LOMLOE para garantizar equidad. La ley de FP para la ocupabilidad. La ley de Ciencia para el avance y la innovación. Y la ley de Universidades (LOSU), para garantizar el conocimiento.

Los recortes del PP en los años de la crisis financiera dejaron en los huesos a las universidades públicas, las únicas que garantizan la equidad en el acceso a la educación superior. La derecha, que junto con la ultraderecha considera la educación una mercancía de lujo para una élite, había creado un ecosistema universitario pensado para hacer negocio.

Este modelo de la derecha se ve bien en Madrid, donde se ha pasado del pelotazo inmobiliario al universitario: los fondos de inversión han entrado en el mercado de la educación superior. Hay 13 universidades privadas (muchas de ellas sin investigación, como muestran los rankings) frente a seis públicas. A éstas, además, se les reduce la financiación hasta el punto que los rectores tuvieron que reclamar por vía judicial lo que se les debe.

Mientras las universidades privadas a las que se da todo tipo de facilidades se convierten en un networking caro para que la gente de bien haga contactos, la pública se precariza para que el único camino a la educación superior acabara siendo privilegio para unos pocos, como antes del Gobierno de Felipe González, en 1982.

La LOSU aprobada esta semana en el pleno del Senado pone fin a esa dinámica y prevé que al menos el 1% del PIB vaya a las universidades públicas para, entre otras cosas, desprecarizar a su personal docente e investigador. Este umbral mínimo garantiza además la igualdad entre los diferentes territorios, sea cual sea el signo de sus gobiernos.

El proyecto de ley aprobado en el Congreso recibió en el Senado una segunda lectura que enriquece el texto definitivo vía enmiendas transaccionadas con otros grupos parlamentarios. Un proceso de escucha y diálogo con universidades, colectivos y comunidades autónomas, lo que muestra la utilidad y relevancia de la Cámara Alta para mejorar las leyes.

Entre esas mejoras, y a propuesta del PSOE, se establece un régimen transitorio que permite a las universidades contratar personal docente en las figuras de profesor laboral permanente con las normativas de los concursos vigentes antes de la aprobación de la ley, si las plazas se publican antes del 31 de diciembre.

Las universidades dispondrán así de profesorado dedicado a tiempo completo a la enseñanza, la investigación y la transferencia de conocimiento, seleccionado bajo principios de igualdad, mérito y capacidad. Como en la Sanidad Pública, en la Educación Pública no se puede retener talento si sólo ofreces precariedad, incertidumbre e inestabilidad.

Esta política progresista, socialista, que ve la Universidad como servicio público se complementa con becas potentes como las que el Consejo de Ministros aprobó también esta semana. Más de 2.520 millones de euros para becas con una dotación de 400 euros extra para el alumnado con necesidades especiales. Porque nuestro país necesita talento. Todo el talento.