Lampedusa: otro extremo del drama de rescates y naufragios trágicos

Estremecidos en febrero por la espantosa tragedia en las costas de Calabria, sacudidos hace apenas unos días por otra estremecedora mortandad en las aguas del Mar Jónico cerca de la costa griega, entristecidos por el incesante incremento del cómputo de muertes en las aguas canarias que engullen a tantos desdichados en su ruta hacia la UE, leemos a diario en la prensa los intercambios de críticas entre testigos y analistas de las operaciones de Salvamento & Rescate (S&R) que no pudieron evitarlo pese a tantos esfuerzos.

En esta tercera semana de junio he presidido durante tres días intensos una misión del Parlamento Europeo (Comisión de Libertades, Justicia e Interior) a Lampedusa, extremo sur de la UE en el Mediterráneo, a apenas esos 100 kms. de distancia de Túnez, los mismos que separan a Fuerteventura de la cornisa noroccidental africana.

En la pequeña isla pelágica, impresionantemente bella, tanto su reducida población local (en torno a 6.000 habitantes) como el turismo estacional conviven desde hace décadas con operaciones de rescate de embarcaciones de todo tipo, hacinadas de subsaharianos, pakistaníes, bangladesíes y tantas personas desesperadas —mujeres y niños vulnerables son frecuentes entre ellos— que han pagado precios prohibitivos a alguna mafia criminal de traficantes por lanzarles a la mar en la esperanza de llegar vivos a poner el pie en tierra europea. El centro de acogida e identificación —llamado Hotspot, en la jerga UE—, con una capacidad para 380, multiplica por tres cotidianamente esa cabida; un dispositivo engrasado por Cruz Roja y Policía, con la cooperación de Frontex, despacha diariamente esos contingentes hacia la vecina Sicilia o hacia la Península Itálica en barcos fletados y autobuses.

Nuestra misión incluyó —junto a la visita al Centro y a la interlocución con las autoridades locales y regionales, ONGs y organismos internacionales involucrados en la ayuda— una navegación de media jornada en el “Dattilo”, buque emblemático de la Guardia Costiera italiana que, junto a la Guardia di Finanza, despliegan un incansable trabajo de búsqueda y salvamento en condiciones tremendas, al filo de lo imposible en dependencia de la mar y de la avanzada hora de la noche en que reciban notificación de alguna coordenada que indique personas en situación límite. Esa misma noche el “Dattilo” recuperó los cadáveres de al menos seis personas, entre ellas un niño de 2 años y su padre que intentó salvarle, de la marejada que los devoró en una absoluta oscuridad.

Quienes perdieron la vida en ese último naufragio en Grecia, quienes la pierden en aguas canarias, quienes la pierden su ruta hacia Italia —Europa, siempre Europa— sabían bien que la arriesgaban junto a la de sus seres más queridos; y, aun así, emprendieron viaje, conscientes del riesgo asumido y de la sombra de la muerte rondando sobre cada ola. Si, a pesar de tanta penuria o tras tanto sufrimiento, continuaron adelante, sólo puede haber una razón: la opción de no hacerlo era peor, aún más inasumible para cada una de ellas. El miedo insuperable a la ausencia de oportunidades vitales, la huida desesperada de la opresión, la hambruna, la desertización, la guerra y violencia cotidianas, empujan a miles de personas a ponerse en movimiento: ¡si existiesen “vías legales y seguras” de acceso o entrada en la UE —como tantas veces hemos reclamado en los votos y actos legislativos desde el PE— las habrían intentado sin tener que recurrir a traficantes sin escrúpulos que, tras esquimarles de todo, los lanzan a ese último tramo en que pueden perecer caso de que no sean rescatados en una tensión extrema!

Hemos dicho desde el PE que, por descontado, ha de haber una investigación independiente y exhaustiva cada vez que se producen muertes en operaciones donde se involucran fuerzas, unidades o agentes sujetos al Derecho europeo (Guarda Costas, Frontex, Agencia UE de Asilo...). Ninguna desgracia ni tragedia puede ser normalizada, ni menos aún ritualizada en la teatralización del lamento sin responsabilidad, sin lecciones aprendidas ni propósito de enmienda. Con toda seguridad cada episodio luctuoso vendrá a la Comisión LIBE y al Pleno del PE en Estrasburgo para exigir que la Comisión Europea ejerza frente a los Estados miembros (EEMM) su indeclinable papel de “guardiana” del Derecho de la UE.

En ese Derecho de la UE reside, precisamente, nuestro trabajo en este medio minado por las dificultades y las contradicciones políticas y nacionales que arrostra su cumplimento.

Las misiones del PE tienen como objetivo profundizar la visión de la complejidad de un desafío que es, sin duda, el objeto político y legislativo más divisivo de la UE: lo es geográficamente, ideológicamente, política y electoralmente. Y, sin embargo, hay que abordarlo, porque es un mandato imperativo del Derecho de la UE actualmente en vigor: el Tratado de Lisboa (TL) y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE), cuya virtualidad consiste en proteger no sólo a la ciudadanía europea sino a cualesquier persona -extranjera y migrante- sobre las que se aplique el Derecho de la UE. El art. 80 del TFUE ordena que esta respuesta se edifique sobre los principios de responsabilidad compartida y de la solidaridad, que ha de ser obligatoria en los casos de emergencia o crisis humanitaria. 

Y es poco dudoso que territorios de frontera físicamente próximos al continente que actúa de gran plataforma de origen y tránsito del hecho migratorio viven cronificadamente en un estado de emergencia. Pongamos que hablamos de Canarias, Ceuta, Melilla, Lampedusa, Lesbos, Samos, Kíos, Kos...

Una vez más, la Presidencia española que arranca el 1 de julio entraña una oportunidad —a mi juicio, la única y, seguramente, la última— de alcanzar un equilibrio entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante ante crisis migratorias y arribadas de migrantes que huyen de la desesperación, forzadas a probar su suerte —y perder la vida en el empeño— por una vía irregular en ausencia u oclusión de las vías regulares con alguna garantía y alguna seguridad. 

El Pacto de Migraciones y Asilo —que debería complementarse con un Mecanismo UE de Salvamento & Rescate que proporcione una red de apoyo y confianza mutua a los esfuerzos fragmentarios y, lamentablemente agónicos de las capacidades individuales de respuesta de los países situados en la primera línea—, Legislación europea que actualmente negocia el PE con el Consejo —reunión de los Gobiernos de los EEMM—, puede y debería obtener del compromiso y liderazgo español ante este drama un esperable avance hacia una UE mejor que esta.