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La costilla de Adán: hacia el negacionismo constitucional

La costilla de Adán: hacia el negacionismo constitucional

"Resulta ineludible incluir en la Constitución el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la paridad entre mujeres y hombres".

Un momento de la VI Cumbre Transatlántica por la Cultura de la Vida y la Libertad que la organización internacional de políticos antiabortistas 'Political Network for Values' celebrada en el SenadoEFE

La semana en curso, culminada con la conmemoración del 46º aniversario de la Constitución, se estrenó con un delirante discurso del prohombre popular Mayor Oreja en un esperpéntico aquelarre ideológico acogido por el Partido Popular en el Senado y protagonizado por la peor carcundia ideológica del planeta. Despreciando el más mínimo atisbo de racionalidad en el argumento, su hilarante discurso se resumió en una frase: “Entre los científicos están ganando los que creen en la verdad de la creación frente al relato de la evolución”. He aquí la verdad revelada: “Dios creó a Adán e hizo que se quedará profundamente dormido y, mientras dormía, le sacó una de sus costillas e hizo una mujer...” (Génesis 2: 21-24). Y ahí empezó todo, según el relato disparatado del ilustrado prócer popular.

Nada habría que objetar a la voluntad manifiesta de Mayor Oreja de contribuir al disparate nacional con su ridícula aportación si no fuera porque tan estrafalario intento de legitimar científicamente un dogma religioso abrió la puerta a una cascada de nauseabundas soflamas contra la dignidad de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, contra sus derechos y libertades y, en particular, contra el derecho al aborto.

No se trata de un conato altisonante de una internacional reaccionaria marginal, sino que estamos ante una expresión de la envalentonada ofensiva protagonizada por el más retrogrado movimiento católico-tradicionalista que amenaza abiertamente las conquistas logradas por la sociedad a lo largo de dos siglos y medio de constitucionalismo, en la forja constante de un mundo en el que prevalezca la dignidad y los derechos humanos y, particularmente, de las mujeres. Las últimas elecciones presidenciales norteamericanas han evidenciado la intensidad del debate en torno a la amenaza cierta que se cierne sobre la libertad y los derechos reproductivos de las mujeres.

Este negacionismo constitucional emergente comporta el riesgo de regresión en los derechos provocado por la oleada reaccionaria filofascista que envuelve las sociedades contemporáneas y que ya es una realidad frente a la que hay que actuar en muchos planos; también, en el constitucional. Francia, cuna de la razón ilustrada y origen de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, no ha dudado en reformar su Constitución hace pocos meses para reconocer y blindar el derecho al aborto de las mujeres.

España tiene que estar en la vanguardia de este debate sobre los nuevos retos constitucionales, y el PSOE ha dado pasos decididos en esa dirección en su último Congreso federal al apostar por el blindaje constitucional de numerosos avances sociales, alcanzados merced de consensos consolidados cuya regresión solo se evitará si encuentran anclaje y protección en la norma constitucional. La internacional ultraderechista, misógina y homófoba ha declarado abiertamente la guerra a las mujeres y a la comunidad LGTBIQ+, por lo que resulta ineludible incluir en la Constitución el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la paridad entre mujeres y hombres. España ha sido referente mundial en la defensa de los derechos de la mujeres y de la comunidad LGTBIQ+ y debe seguir marcando el camino de un orden mundial en el que prevalezcan la dignidad y los derechos de hombres y mujeres independientemente de su sexo, orientación o identidad sexual.

Pero no sólo. El Estado Social que consagra el artículo 1 de nuestra Constitución –esencia del pacto constituyente entre el liberalismo y la socialdemocracia– ha conocido notables avances durante las últimas décadas que el fundamentalismo neoliberal del voraz capitalismo más tardío está poniendo en cuestión, amenazando el acceso a servicios públicos como la sanidad pública universal y gratuita, que requieren de la garantía jurídica reforzada que nuestro marco constitucional ofrece ya a otros servicios- como el derecho a la educación – y que impidan los intentos de desmantelamiento y privatización ya ensayados en el ámbito autonómico.

Hace casi cincuenta años, cuando se alumbró nuestra Constitución, la sociedad de la época y su realidad económica (paro e inflación galopante, debilidad e inestabilidad económica) eludieron justificadamente algunos derechos sociales que hoy merecen ser jurídicamente revalorizados: el derecho a garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, con una financiación adecuada del sistema público de pensiones; el derecho a la vivienda mediante la garantía de la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública; y, también, la obligatoria revalorización del SMI. El pacto intergeneracional que representa nuestra Constitución debe ponerse de manifiesto también en el reconocimiento del derecho a la seguridad climática y al agua potable y el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta saludable y sostenible.

Las reformas constitucionales anunciadas solo verán la luz con un amplio consenso social y político, que solo será posible si el PP antepone el interés general al cálculo partidista. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de que prevalezcan siempre el progreso y el bienestar de nuestra sociedad. Y no cejaremos en nuestro empeño.

EL HUFFPOST PARA PMS

Artemi Rallo Lombarte es catedrático de Derecho Constitucional y portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.