Escoramiento y neutralidad de los jueces
"Para conseguir una justicia más interclasista y por lo tanto más plural, sería deseable avanzar por el camino de facilitar mediante un pródigo sistema de becas el acceso universal a las oposiciones"
No creo que sea imprudente ni aventurado afirmar la obviedad de que el colectivo de los miembros de la carrera judicial está considerablemente escorado a estribor. Es más, no estamos ante una opinión sino frente a un hecho objetivo: si se observa cómo se han asociado estos profesionales, se corroborará un desequilibrio que es suficientemente significativo; el 56% de los jueces y magistrados pertenece a alguna asociación; de las seis constituidas, tres son las más importantes: Asociación Profesional de la Magistratura (de derechas, 1.355 afiliados en 2020); Asociación Judicial Francisco de Vitoria (de centro, 859) y Jueces y Juezas para la Democracia (progresista, 436). Las cifras son algo antiguas pero no han variado los órdenes de magnitud.
Las razones de este escoramiento, que parece notable (la derecha triplica a la izquierda) son bastante evidentes. En primer lugar, la materia profesional, que es la aplicación del Derecho, el mantenimiento del orden y del respeto a las leyes, es per se conservadora, más tradicional que propensa al cambio o a la reforma.
En segundo lugar, las oposiciones a juez o fiscal son arduas y ocupan generalmente varios años de la juventud del opositor, que difícilmente podrá encontrar tiempo para ganarse además la vida en ese periodo. Tendrá, pues, más facilidades para cumplir su objetivo el opositor bien instalado, de clase media alta y de tendencia conservadora, que quien venga de más abajo y haya de subsistir a su propio cargo.
Estas evidencias inciden, como es natural, en los equilibrios internos de un Estado democrático con separación de poderes, pero surgido en todo caso de la soberanía nacional emanada de las urnas. Puesto que solo las cámaras parlamentarias son un retrato exacto y fidedigno del cuerpo político de la nación, el poder judicial, sin merma de su independencia, debería surgir del legislativo en todo lo referente a su institucionalización. Alguno dirá que esto es un sinsentido porque el Derecho es uno solo y por lo tanto no afectan las ideologías al desempeño del poder judicial, pero semejante tesis es insostenible en cuanto se efectúa el debido contraste con la realidad: con una pertinacia insistente, todos los miembros de los órganos judiciales, tanto los institucionales como los propios tribunales, se comportan con sistemática afinidad con las siglas políticas que los han impulsado. Podría decirse que hay una justicia de derechas y otra de izquierdas y estaríamos interpretando lo que piensa la mayor parte del cuerpo social.
Para conseguir una justicia más interclasista y por lo tanto más plural, sería deseable avanzar por el camino de facilitar mediante un pródigo sistema de becas el acceso universal a las oposiciones, para que estén al alcance de cualquiera con vocación y aptitudes. Asimismo, para evitar clientelismo y corrupción en las relaciones entre justicia y política, deberían ensayarse procedimientos que fiasen al azar las designaciones. El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, propuso recientemente sortear las plazas de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como vía para desbloquear la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato está prorrogado desde diciembre de 2018. Guilarte asumió así, con algunos matices, la propuesta que defiende la fundación Hay Derecho.
La neutralidad de los jueces en aquellos márgenes en que colisionan política y justicia debería lograrse en todo caso por el procedimiento de la mayor lealtad constitucional de los togados, que a veces se echa en falta. La actual crisis de la justicia recuerda inexorablemente aquel célebre artículo de Ángel Ossorio, ‘La crisis de la justicia’ (“Ahora”, 16 de junio de 1936): “¿Es verdad que la República se encuentra hostilizada o, cuando menos, desasistida de la Magistratura? Hostilizada, no. Salvo media docena de casos significativos –y alguno horripilante–, no puede decirse con verdad que los jueces y magistrados discurran y actúen para dañar deliberadamente a la forma de Gobierno. Pero desasistida, sí. Son muy pocos los togados que, ni ahora ni antes, han mostrado estimación a la democracia triunfante el 14 de abril. Muy al contrario, le han prodigado desabrimiento y sequedad”. Desabrimiento y sequedad; estas son las percepciones que muchos tenemos en este momento de la relación de la Justicia con nuestra democracia triunfante en 1978.