España es un país fuertemente descentralizado, a partir del reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que lo integran. De hecho, la democracia y la descentralización política han ido de la mano en nuestra historia reciente. De hecho, ha sido la base del despliegue de buena parte del Estado de bienestar.

A lo largo de los años, las comunidades autónomas han ido asumiendo distintas competencias, con funciones legislativas y ejecutivas. Lo han hecho en materias tan importantes para la vida de la ciudadanía como la sanidad, la educación, la vivienda, la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del medio ambiente, el fomento de la cultura, la agricultura y la ganadería, la pesca en aguas interiores o las obras públicas de cada región.

En este sentido, un nuevo modelo de financiación autonómica, después del logrado en 2009 con el presidente Zapatero, es una prioridad para garantizar el desarrollo del Estado de bienestar con criterios de equidad, suficiencia y corresponsabilidad, frente a las políticas de competencia fiscal y de bajada de impuestos a los más ricos, que practican gobiernos regionales como el de Madrid.

La función de las autonomías no se limita a una dimensión meramente gestora, sino que, a través de sus parlamentos y gobiernos, expresan la diversidad del país. Es más, el autogobierno territorial ha ensanchado el pluralismo político. Este hecho no es baladí, porque, a través de la cogobernanza entre el Estado y las autonomías —sin olvidar al papel fundamental de los entes locales—, este pluralismo ha propiciado los avances del desarrollo del Estado Autonómico.

Por eso, si creemos en la naturaleza federal de nuestro Estado —cuya defensa alcanza un hito en la Declaración de Granada del PSOE en 2013—, resultan ociosas las críticas de la derecha a las supuestas “cesiones” que el Gobierno de coalición habría protagonizado al pactar con ERC la quita de la deuda de todas las autonomías, incluidas las que gobierna el PP. Esta condonación, valorada en más de 83.000 millones de euros, se dirige a todas ellas, hayan contraído la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o en el sector privado. Porque, como ha afirmado la ministra María Jesús Montero, “con menos deuda, hay más Estado de bienestar”. En tal caso, habría que convenir que los gobiernos del PP de Aznar fueron auténticos maestros en estas cesiones ignominiosas, al transferir las competencias de tráfico a los Mossos d’Esquadra o el 30% del IRPF a las comunidades, fruto de los Pactos del Majestic.

La condonación de una parte de la deuda autonómica, producida durante los años de la crisis financiera, es un acto de justicia para las administraciones territoriales. Aquellas que sufrieron un trato injusto por parte de los gobiernos del PP de Rajoy, con menos transferencias y un creciente sobreendeudamiento. Esta respuesta contrasta con el apoyo recibido por los gobiernos de Pedro Sánchez en los últimos años, también en momentos difíciles, como las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y de la guerra de Ucrania, con la inyección de más de 300.000 millones de euros respecto de los gobiernos de Rajoy.

La decisión del Gobierno da un paso en la buena dirección para fortalecer la autonomía financiera, recuperar la credibilidad de las autonomías en los mercados financieros y, sobre todo, centrar los esfuerzos de éstas en financiar servicios tan necesitados como la sanidad y la educación. Por eso, la ciudadanía no entendería que las comunidades autónomas gobernadas por el PP rechazaran esta quita por un mero cálculo táctico, como ha ordenado el señor Feijóo a sus líderes territoriales. Sería una forma de dar la espalda a los millones de ciudadanos que demandan mejores servicios públicos de sus autonomías.

El presidente del PP repite el error que cometió ante el decreto de subida de las pensiones motivando su voto en función del daño que puede infligir al Gobierno. El problema es que creyendo derrotar al Gobierno, pueden acabar dañando, todavía más, la vida cotidiana de sus gobernados. Pero la última palabra no la tiene Feijóo, sino presidentes como Juan Manuel Moreno Bonilla, Carlos Mazón, Fernando López Miras o Isabel Díaz Ayuso. Hoy, los barones del PP deben decidir entre obedecer a Feijóo o a la ciudadanía a la que se deben.  

Amador Marqués es diputado por Lleida y portavoz de Deporte del Grupo Parlamentario Socialista.