Estado de Derecho en la UE: enésimo asalto del PP ante la Presidencia Española

La tercera semana de marzo tuvo lugar en Bruselas una de esas sesiones plenarias del Parlamento Europeo (PE) conocidas como miniplenos. Con una duración habitual de 48 horas, su Orden del Día se confecciona para descargar la densidad de los Plenos de Estrasburgo, un mínimo de doce al año (de una semana completa cada mes) por mandato del Derecho de la UE. Uno de los puntos clave de este minipleno de marzo residía precisamente en el debate de la Resolución del PE como respuesta al Informe de la Comisión Europea (Comisario de Justicia, Didier Reynders) sobre el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia en la UE correspondiente al año 2022.

Se trata en esta ocasión de la tercera Resolución con voto en el Pleno sobre este objeto. El Pleno del PE ya adoptó anteriormente dos Resoluciones sobre los respectivos primer y segundo Informes, en junio 2021 y mayo 2022. El tercer Informe -el más reciente hasta la fecha- se publicó en julio de 2022. En respuesta y valoración parlamentaria del mismo, esta tercera Resolución -de la que tengo el honor de ser ponente como Presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior- es la ocasión oportuna no sólo para que el PE evalúe su contenido sino para que eleve asimismo recomendaciones específicas para mejorar el impacto y la eficacia de este concreto ejercicio anual de supervisión del estado de la democracia en la UE y sus EEMM elaborado por los servicios de la Comisión Europea que preside Von der Leyen (Comisión VDL).

Atendiendo a los requerimientos formulados en los Informes precedentes, la Comisión Europea ha incluido por primera vez recomendaciones específicas por país (Country Report Recommendations). Ejemplifican este avance el enfoque incrementado en las políticas adoptadas en defensa del pluralismo informativo y de la transparencia en los medios de comunicación (Media Ownership) y de las estrategias nacionales contra la corrupción, además del seguimiento de la implementación y el cumplimiento de sentencias de tribunales supranacionales por las autoridades de los EEMM.

Dicho esto, sin embargo, procede subrayar que en nuestras anteriores Resoluciones hemos sido más exigentes: no solo hemos incluido el mandato de expandir el alcance a los valores de artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) a través del cumplimiento del Estado de derecho, de los derechos fundamentales y de los valores comunes la idea europea de democracia (art.2 TUE), sino también el análisis de las políticas nacionales de los EEMM en promoción de la igualdad y no discriminación habitualmente troncales en los prestigiosos informes de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Cabe remarcar que, por cierto, ese mismo día en el minipleno de 29 de marzo también fueron aprobadas en el PE nuevas normas de transparencia salarial para evidenciar posibles diferencias por razones de género. Complementariamente, también desde el PE hemos insistido en la negociación de un Acuerdo Interinstitucional para un Marco Preventivo sobre el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia en la UE, integrado por el PE, el Consejo de la UE y la Comisión Europea.

Ahora bien, lamentablemente, el debate que tuvimos el pasado jueves 29 de marzo en el minipleno de Bruselas, conforme a las estipulaciones sobre las sesiones incluidas en el TFUE, extravió el objeto señalado en el previo Orden del Día para someterse, una vez más, a una abstrusa escaramuza maquinada por el PP, en su obsesión por empañar la reputación constitucional y europeísta de España. La contumaz inquina del PP español contra su propio país, pasmosamente recubierta con la complicidad acrítica del PP Europeo, consiguió que el debate sobre el Informe de la Comisión Europea se cerniese especialmente sobre la situación del Estado de Derecho en España (junto con Malta y con Grecia).

Quienes tuvimos ocasión de participar en el debate afrontamos también la obligación de refutar la especie que insiste en arrojar sobre España sombras de duda y sospecha en ámbitos en los urge coraje además de ideas claras, porque es evidente que España no tiene un problema de Estado de Derecho -ni “sistémico” (art.7 TUE) ni de ninguna otra índole-. España sí que padece, en cambio, un problema creciente con el comportamiento de su oposición conservadora cada vez que el Congreso de los Diputados inviste con su confianza (art.99 CE) un Presidente progresista. La reputación de España en la UE se duele, sí -y el dolor crece, junto a la perplejidad y la desolación- de falta de conformidad de la oposición del PP a la regla de reconocimiento básica de la democracia: la de la viabilidad democrática de la derrota y la de la aceptación de la victoria del otro y la legitimidad de su acción de gobierno. 

Por deplorable que resulte, ese es el recurrente síndrome conductista del PP y sus desprendimientos hacia la extremosidad de la derecha radical cada vez que la izquierda gana las elecciones: un todo vale irresponsable de ofensiva sin cuartel contra el crédito de España en todos los frentes pensables, incluido el europeo.

De nuevo en el PE, cómo no, la polémica atinente a la coordenada española Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): es sabido por todos que es el PP y sólo el PP quien niega su renovación -y van cinco años (2018/2023)- con grosero incumplimiento de la Constitución (art.122.3 CE) y de su Ley Orgánica (LO 6/1985). con un perjuicio incremental contra la credibilidad del sistema judicial, contra su operatividad y contra la realización del derecho fundamental de acceso a la Justicia y tutela judicial en un tiempo razonable sin dilaciones indebidas (art.24 CE). 

Todo la UE sabe, además, a estas alturas, que es el PP y sólo el PP quien impide su renovación -de hecho, lo tiene secuestrado- negándose a aportar sus votos porque los sabe necesarios para la conformación de la mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras de las Cortes Generales preceptiva para ello.

Pero merece saberse -y debe afirmarse, además- que España es un país profundamente europeísta y comprometido con el Derecho de la UE sus valores comunes (art.2 TUE). Pronto (1 de julio, segundo semestre 2023) comenzará la Presidencia Española del Consejo de la UE: visto su historial reciente, muchos hemos perdido toda esperanza en esperar nada del PP que no sean sólo obstáculos, palos en todas las ruedas y desinformación contra el Gobierno de su país en su empecinado propósito de impedir a toda costa que la Presidencia española sea el éxito de España y de la entera UE que una y otra merecen. 

Un éxito por el que, sin duda, muchos trabajaremos con denuedo y sin desmayo, aunque les pese a quienes cavan en la insondable fosa del “cuanto peor mejor”.