Arranca 2024: Presidencia belga de la UE... y elecciones europeas
La Presidencia belga cuenta aún con cuatro meses hábiles (de enero a abril) para intentar optimizar el tiempo político útil de esta Legislatura europea
Con la llegada del año nuevo —que sea bueno para todos/as, 2024— se ha activado el relevo en la Presidencia semestral del Consejo de la UE. Finalizada el 31 de diciembre de 2023 la Presidencia española —con un sobresaliente balance de conclusiones y legislación europea completada en ámbitos determinantes de la Legislatura que concluye en junio de 2024—, arranca la Presidencia belga, última de este mandato.
En cuanto las elecciones que deciden la composición del Próximo Parlamento Europeo (PE) se encuadran en esta rotatoria, el último Pleno hábil está agendado en abril, por lo que, conforme al calendario de trabajos, sólo restan cuatro meses para finalizar los procedimientos legislativos todavía pendientes.
Mayo y junio serán meses de zafarrancho electoral (preparación de candidaturas, redacción de programas y ofertas electorales de las familias políticas europeas), pero también lo serán de elecciones federales y regionales en Bélgica, con lo que volveremos a ver una Presidencia en ejercicio coincidiendo con una campaña interna en el Estado miembro (EEMM).
En todo caso, la cadencia de Presidencias inmediatamente sucesivas en el inicio de la próxima Legislatura europea 2024/2029 incluye, por su orden, a Hungría y Polonia. Es sabido que desde hace años (2016 y 2018, respectivamente) ambos EEMM se encuentran incursos en el procedimiento extraordinario de sanción del art.7 TUE por “riesgo claro” de “violación grave” y “sistémica” de los valores comunes de rango constitucional sobre los que se asienta la idea Europa de Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales (art.2 TUE).
Es cierto que Polonia, tras sus elecciones de octubre, ha propiciado un cambio político crucial, pasando la página de 8 años de Gobiernos ultraconservadores de PiS ("Ley y Justicia", liderado por J. Kaszinsky) y apostando por una coalición liderada por el liberal D. Tusk (antiguo Presidente del Consejo), lo que anuncia un regreso a la senda europeísta del que el ultraderechista Ejecutivo anterior venía alejándose con desdén. Distinto —y preocupante— sigue siendo, sin embargo, el itinerario descrito por el ultraderechista V. Orbán al frente del Gobierno de Fydesz en Hungría: no sólo porque nada indica un giro político análogo al que, afortunadamente, hemos celebrado en Polonia, sino porque los últimos movimientos políticos del Primer Ministro húngaro imponen un jaque en toda regla al proceso de integración europeo.
En efecto, por un lado, Orbán desafía el escenario de ampliación de la UE vinculado a reforma decisional de los Tratados que ha recibido el respaldo de todos los demás del club de los 27. Por otro, Orbán bloquea también la unanimidad requerida para la aprobación por el Consejo Europeo del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFF, en inglés) 2027/2034, precondición para las grandes magnitudes económicas, presupuestarias (techos de gasto nacionales) e inversoras (Fondos UE) tanto de la escala europea como de los EEMM.
Como quiera que sea, la Presidencia belga cuenta aún con cuatro meses hábiles (de enero a abril) para intentar optimizar el tiempo político útil de esta Legislatura europea que se aproxima a su fin. La valoración de su alcance (y de sus ambiciones) tiene sin duda que ver con el rendimiento —finalmente impresionante— de la Presidencia española (segunda mitad de 2023). Como hemos tenido ocasión de comentar en esta tribuna europea, se consiguió (pese a arrancar con la convocatoria, hasta entonces inesperada, de elecciones generales para el 23J), entre otros objetivos, completar la reforma del Mercado Eléctrico, la Agenda Verde con la incorporación de Energías Renovables (coronada por la decisiva participación de la Vicepresidenta Ribera, liderando la representación de la UE, en la Cumbre de Dubai), la reforma del sistema financiero, la regulación de la UE en Inteligencia Artificial (pionera a nivel global, sentando el estándar europeo de referencia), y un nuevo Pacto Migratorio & Asilo (EU Migration & Asylum Pact), tras varias rondas extenuantes de negociaciones maratonianas en el que sin duda se ha perfilado como el asunto más divisivo de toda la agenda europea.
Así, la Presidencia rotatoria belga tiene una oportunidad de llevar a término dos procedimientos legislativos aún en curso en que, pese a los avances impulsados durante el semestre español, la persistencia de algunas diferencias significativas entre los Gobiernos de los EEMM ha impedido culminar con éxito su aprobación.
Merece la pena, especialmente, reseñarse la dificultad que ha arrostrado el acuerdo —todavía no alcanzado— en dos iniciativas sumamente importantes, y por ello muy sensibles, para la Presidencia española: se trata, por un primer lado, de la Directiva contra la Trata (Antitrafficking of Human Beings), en el que, modificando la actualmente vigente de 2011 (tal y como venimos demandando los negociadores implicados por las Comisiones LIBE y FEMM del PE), se acometa, entre otros objetivos, el refuerzo de la identificación y protección de víctimas y la reducción de la demanda de los servicios (laborales y sexuales) de personas víctimas de trata mediante la introducción de sanciones (también penales) por los EEMM, lo que supondrá, en consonancia con la agenda del Gobierno progresista de España, un paso muy decidido hacia la erradicación de la prostitución en un paisaje que se enseña con mujeres traficadas a todo lo ancho de la UE; en segundo lugar, la Directiva sobre Violencia contra la Mujer y Violencia Doméstica (así denominada) que se propone, una vez conseguida la ratificación del Convenio de Estambul, asentar un suelo mínimo y denominador común en tan relevante materia para todos los EEMM.
Es sabido que España cuenta con un arsenal normativo e institucional (órganos y cuerpos especializados) que es referencia en este ámbito, pero también que hay un buen número de EEMM notoriamente retrasados en la expresión y articulación de un compromiso que enlaza sus dimensiones preventivas con las represivas del mal que debemos atajar como irrenunciable objetivo moral, político, social y, por descontado, jurídico.
Mucho por hacer en esta rampa de salida de 2024, Presidencia belga de la UE, para obtener el mejor y más completo provecho del préstamo de confianza que obtuvimos de la ciudadanía europea —440 millones de ciudadanos/as de sus 27 EEMM— al obtener un mandato de representación y responsabilidad en el PE en 2019. Un año en el que, por cierto, se cumplieron 40 años de su elección directamente democrática por sufragio universal, haciendo del PE la única Institución directamente electiva y legitimada por el voto en la arquitectura de la EU, además de ser la única supranacional en su alcance y legislativa del mundo. Y un año, 2019, en el que se produjo, por fin, un incremento al alza de la participación electoral en elecciones europeas (superior al 50% en el conjunto de la UE, 62,5% en España), después de encadenar varias décadas de declive.
Las fuerzas europeístas —desde luego, S&D y los progresistas europeos— debemos hacer y haremos todo cuanto esté en nuestra mano para estimular el aumento de esa participación. Desde la convicción de cuánto futuro está en juego. Y de que la eurofobia (las fuerzas antieuropeas) crece en número de escaños sólo cuando las que creen en una UE mejor dejan de votar con fuerza el día en que hay que hacerlo en las urnas.
