Un nuevo pacto constituyente

Las tensiones territoriales provocadas por las reivindicaciones independentistas catalanas y el debate generado en los últimos días en torno a la conveniencia o no de la abdicación del Rey son una muestra, a la que podrían sumarse otras cuantas, del agotamiento de un pacto constitucional que, lentamente pero sin pausa, se agrieta.

Yo fui de los muchos españoles que, por edad, no votamos el 6 de diciembre de 1978 y que, por tanto, no participamos en la definición de un sistema que, entiendo, en aquellos momentos tuvo que responder a las urgencias de la transición a la democracia. No seré yo quien niegue las muchas cosas que entonces se hicieron bien, pero también es necesario subrayar las que dejaron mucho que desear y que son, precisamente, las que llevan ya algunos años poniendo de manifiesto su torpe encaje constitucional.

De entre todas ellas la más evidente es la organización territorial del Estado, dejada en el texto de 1978 en manos de un proceso político que durante 30 años ha ido configurando razonablemente bien un mapa autonómico que ni estaba definido de antemano ni se ha ido dibujando teniendo presente un horizonte claro. Al contrario, se ha tratado de un proceso trabado a golpe de impulsos políticos, la mayoría de ellos en clave bilateral, y en el que no sólo se han alimentando los nacionalismos, periféricos y central, sino que también ha generado un modelo prácticamente federal pero con ausencia de los mecanismos necesarios para que el mismo funcione adecuadamente.

De ahí la urgencia de cerrar constitucionalmente el proceso, reafirmando su carácter federal, y de revisar el título VIII de la Constitución que en gran medida hoy resulta inaplicable y que en otra buena parte requiere de un acuerdo político que dote al Estado de un marco jurídico a salvo de las controversias políticas. Una dinámica que parecieron abrir las reformas estatutarias realizadas en el presente siglo y que no producirá los efectos deseados si no se acompaña de una reforma constitucional que posibilite que nuestra estructura territorial deje de estar condicionada por las tensiones centro-periferia y, en última instancia, bajo el único amparo de las soluciones más o menos benevolentes que a las mismas proporcione el Tribunal Constitucional.

Todo ello, por qué no, podría iniciarse a partir de la negociación que permitiera la consulta catalana, la cual, con independencia de su resultado, nos obligaría a redefinir el pacto territorial. Un horizonte que, a diferencia de lo que muchos pájaros de mal agüero pregonan, algunos pensamos que sería la única vía para no prorrogar unos debates que consumen tanto tiempo y energías.

Por otra parte, la necesidad de regular con más precisión el estatuto jurídico de la Corona, con especial atención a las funciones del Príncipe de Asturias y a las posibles situaciones de interinidad, debería llevarnos a un debate reclamado por muchos, entre los que me encuentro.

No cabe duda de que la opción por una Jefatura de Estado monárquica respondió a las componendas y equilibrios que hubo que realizar en una transición que, tres décadas después, no fue tan idílica como me obligaron a estudiar en los libros de texto. La legitimidad "de ejercicio" que fue adquiriendo el rey Juan Carlos en los años 80 sirvió durante una larga temporada para silenciar un debate tampoco resuelto en nuestro país y que, por otra parte, no sólo la clase política sino también los medios de comunicación mantuvieron en la trastienda con la ayuda de una actitud cortesana y servil.

Creo que por las muchas circunstancias que no hace falta repetir aquí, ha llegado el momento de, al menos, plantearnos ese interrogante y de tratar de respondernos, en cuanto ciudadanos, qué modelo de Jefatura de Estado queremos para el siglo XXI. Tal vez la respuesta vuelva a ser mayoritariamente monárquica, pero seguramente no será a favor de una Monarquía como la que tenemos. En mi caso, y aunque sólo sea por lealtad a los principios de igualdad y legitimidad democrática, la opción sería obviamente republicana. Aunque me temo que hoy, todavía hoy, en nuestro país siguen primando las posiciones políticas pragmáticas, digamos al estilo Victoria Kent, frente a las guiadas por unos principios firmes, como en su día bien nos enseñó Clara Campoamor.

Sólo estas dos cuestiones -a las que podríamos añadir otras muchas como las relaciones con la Unión Europea, el catálogo de derechos fundamentales o la revisión del funcionamiento de algunas instituciones- bastarían para justificar la necesidad de abrir un proceso constituyente. Sin que el contexto de crisis económica que vivimos debiera convertirse en un pretexto para no acometer las reformas necesarias. Al contrario, la crisis debería ser una oportunidad para dar un paso hacia delante en el diseño de nuestro Estado social y democrático de Derecho.

Creo, como ciudadano y como constitucionalista, que ha llegado el momento de plantearnos un nuevo pacto constituyente, una redefinición de las reglas que hoy ya no nos sirven para un juego que poco o nada tiene que ver con el del 78. El único obstáculo que frena mi entusiasmo es sin duda la cortedad de miras de una clase política que debería liderar el proceso. Por ello, tal vez, y con carácter previo a esa redefinición que reclamo, habría que plantearse una revolución: la que recupere el pulso de la ciudadanía y provoque la transformación de unas estructuras partidistas que, en vez de alimentar, asfixian nuestra democracia. Sólo entonces, me temo, sería posible comenzar el diálogo.