Hay que proteger a los funcionarios que denuncian la corrupción
Desde que en 2000 veinticinco países de la UE -entre ellos España- ratificasen la resolución de Naciones Unidas Contra la Corrupción, casi todos han desarrollado leyes específicas para proteger al whistleblower, alertador o denunciante de corrupción. Solo cuatro países de la OCDE no han escrito ni una línea dieciséis años después, entre ellos, España.
