El pazo de veraneo de los Franco, público tras más de 80 años de secuestro, ya no es explicado por personal de la Fundación Franco, sino por historiadores democráticos.
La Audiencia Provincial de A Coruña ha aceptado el recurso de la familia del dictador alegando que el Estado no había reclamado el mobiliario y lo condena a una indemnización.
Unas 60 familias aguardan al inicio de los trabajos para recuperar los cuerpos de los suyos de entre más de 30.000 esqueletos, un reto desconocido para los forenses.
Entrevista con el historiador de la Complutense, autor de ‘El gran error de la República’: “Tú no das mando de tropas a un tío que te ha querido hacer un golpe”.
Los herederos del dictador alegan que el Estado se "desentendió" del pazo y señalan que el fallo admite "dudas o incertidumbre" sobre su titularidad pública.
El convenio entre el Estado y los monjes se extinguió entonces, por lo que la asociación memorialista reclama a Carmen Calvo el desalojo de Cuelgamuros.
Deben establecer con el “máximo rigor científico” qué bienes son de carácter histórico y patrimonio del Estado y cuáles pueden ser personales, de los antiguos moradores.