La lucha antidroga, basada en la militarización de la seguridad pública, continúa en México, y cada vez más sirve de cobertura a una guerra sucia que amenaza a periodistas, activistas de derechos humanos, líderes sindicales e incluso a las familias que piden investigación y justicia para sus muertos o desaparecidos.
A un año de que Peña Nieto se convirtiera en presidente de México, la violencia y la inseguridad siguen siendo gravísimas. Los cambios prometidos han sido retórica y sus resultados limitados. La guerra contra las drogas continúa, entre abusos generalizados de los derechos humanos.
La guerra contra el narcotráfico en México sale de mi ámbito de competencia porque yo no cuento con el monopolio del uso de la fuerza. Sin embargo, el privilegiar a ciertos cárteles y descabezar a otros es el acto más inmoral de este Gobierno.