Se trata de una "discriminación indirecta" respecto a los hombres, ya que el requisito de que ellos lleguen a 1,65 metros es menos exigente, dicen ahora los jueces.
Al pedir al menos 160 centímetros de talla, entre el 30 y el 45% de las españolas no pueden acceder a la oposición, frente al 2 o 3% de varones que quedan excluidos.