México tiene que seguir firme en cuanto a los derechos humanos en Irán

Este jueves, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, México y sus socios en América Latina votarán una resolución contra la situación de los derechos humanos en Irán. México ha apoyado esta resolución durante años, y le exhortamos a que continúe haciéndolo.

¿Por qué este año es tan crítico? Irán ha hecho un esfuerzo por fortalecer sus lazos diplomáticos y comerciales con América Latina, dirigiéndose a países como Chile, Brasil, Paraguay y México. Esto indica que, tras el acuerdo nuclear multilateral, Irán quiere proyectarse como un miembro más cooperativo de la comunidad internacional.

Aunque se le debe dar la bienvenida a este acuerdo por su contribución a la paz mundial, no debería cambiar la posición de México, porque lo que no ha cambiado este año es el historial de cumplimiento con los derechos humanos de Irán. De hecho, sigue teniendo algunos de los peores abusos en esta materia, incluyendo la pena de muerte y la violación de los derechos de la mujer.

Irán ha llevado a cabo más ejecuciones este año que en las últimas dos décadas, con aproximadamente tres muertes diarias. Esto lo ha convertido en el país con más ejecuciones per capita del mundo. Para el 1 de enero, habrán ejecutado a este paso a más de 900 personas.

La cantidad no es lo único chocante. La mayoría de estas ejecuciones se llevan a cabo después de procesos judiciales que se quedan dramáticamente cortos respecto a los estándares internacionales aceptados para un juicio justo. Los abogados muchas veces no están presentes, los juicios pueden durar sólo minutos y, frecuentemente, la única evidencia presentada contra el acusado es una confesión que fue extraída a base de tortura.

La mayoría de los ejecutados pertenecen a los grupos más vulnerables, los pobres y las minorías. Algunas ejecuciones parecen estar motivadas por la ideología, contra activistas políticos pacíficos.

El secretario general de la ONU le ha dado un toque acertado a Irán en varias ocasiones para que establezca una moratoria a la pena de muerte. Lamentablemente, este llamamiento ha caído en oídos sordos.

Irán también ejecuta a personas que son menores de edad en el momento de cometer el crimen de que se les acusa, entre ellos al menos a 17 jóvenes desde enero de 2014.

Por ejemplo, Fatemeh Salbehi fue condenada por matar a su marido, con el que, según consta, la habían forzado a casarse cuando tenía apenas 16 años de edad. Varios relatores especiales de la ONU denunciaron esta ejecución juvenil y la falta de misericordia judicial, dado que Salbehi fue víctima de violencia doméstica.

El caso de Salbehi también demuestra cómo la situación de las mujeres ha empeorado. De hecho, los matrimonios de niñas menores de 13 están aumentando tras las nuevas políticas del Gobierno para incentivar el aumento de la población.

Actualmente, las mujeres enfrentan a la discriminación en casi todas las etapas de sus vidas. No pueden ser juezas, y las autoridades nunca han permitido a una iraní postularse a presidenta. En los tribunales, el testimonio de una mujer solo vale la mitad que el de un hombre. Las mujeres no pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos, y las leyes de Irán requieren que las tengan el permiso de sus esposos para viajar, trabajar y estudiar en la universidad.

Estas leyes no están en sintonía con la realidad de las mujeres iraníes, que se encuentran entre las mujeres más educadas y dotadas de la región.

El mes pasado, a la capitana del equipo femenino de fútbol sala, Niloufar Ardalan, le prohibieron viajar para competir en un torneo en Malasia porque su esposo, el periodista deportivo Mahdi Toutounchi, rehusó dejarla renovar su pasaporte. Ardalan es una atleta que puede competir en los niveles más altos, pero no pudo usar su talento ni representar a su nación por leyes crueles y desiguales.

No obstante, los legisladores siguen tratando de empeorar la situación con varias propuestas de ley. Un anteproyecto requeriría a los negocios contratar a más hombres que mujeres, y más casados que solteros.

Durante décadas, y a un riesgo enorme, la sociedad civil iraní lleva tratando de impulsar una mayor protección de los derechos humanos. Docenas de defensores de los derechos humanos, incluyendo a la abolicionista de la pena de muerte Narges Mohammadi y a la activista por los derechos de la mujer Bahareh Hedayat, se encuentran en prisión por sus reivindicaciones pacíficas.

Irán impide que la ONU lleve a cabo investigaciones de derechos humanos sobre el terreno, y no han dejado entrar al país en más de una década a ni un sólo relator especial, los expertos independientes en derechos humanos de la ONU.

Todos damos la bienvenida a los pasos que está dando Irán, y sus esfuerzos diplomáticos. Pero México debería presionar a las autoridades iraníes a cambiar la situación de los derechos humanos sobre el terreno.

Apoyar la resolución en la Asamblea General sobre la situación de los derechos humanos en Irán podría ser el punto decisivo para que Irán reduzca sus ejecuciones ilegales y ataques continuos a los derechos de la mujer.