Pornografía política

Es difícil concentrar en una conversación de despacho tanta pornografía política como la que contiene las conversaciones del Ministro del Interior con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, desveladas por el diario Público. Y es difícil entender cómo, horas después de estallar el escándalo, tanto Fernández Díaz como Rajoy siguen creyendo innecesario ni dimitir, ni dar al menos explicaciones que no sean un insulto a la inteligencia de los ciudadanos.

Lo primero y más grave es el uso partidista del cargo que hace todo un ministro del gobierno de España. Todavía están frescos los ecos de la indignación que provocó en la magistratura un mitin de Juan Carlos Monedero en el que anunciaba "las órdenes" que dará Podemos a jueces y guardia civil para acabar con la corrupción si llegan a gobernar... Resulta que el gobierno del PP, con el conocimiento del presidente Rajoy -según estas conversaciones-, ha teledirigido las investigaciones de la Oficina Antifrau (que depende del Parlamento catalán) para rebuscar contratos en los ayuntamientos gobernados por ERC y colocaciones de familiares de políticos de CDC, en plena efervescencia del proceso soberanista. Y en ese empeño, Fernández Díaz se ufana de poder utilizar los servicios de la Fiscalía General del Estado, con el fin de dar solidez a las -endebles, según ellos mismos reconocen- pruebas de cargo.

No es el Watergate, pero es mucho más que juego sucio: es prostituir las instituciones del estado para el propio beneficio político.

El hecho de que esas conversaciones tuvieran lugar en el despacho oficial del ministerio nos conduce a la segunda cuestión. ¿Se pueden grabar conversaciones sin conocimiento del Ministro en su lugar de trabajo? Recordemos que de él depende la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, o el Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Recordemos que desde hace casi un año España se encuentra en el Nivel 4 (Alto) de Alerta antiterrorista. Por estas y otras razones, claro que es relevante saber quién grabó y posteriormente filtró la conversación. ¿Fue el propio Daniel de Alfonso? Resulta difícil de creer que un magistrado quiera desvelar la sumisión con la que actúa ante JFD. Y él lo niega, aunque chirría el énfasis que pone a lo largo de la charla en señalar que él está cumpliendo órdenes.

¿Alguien intervino su teléfono y lo utilizó como grabadora? Dicen los expertos que es factible, con o sin el conocimiento de De Alfonso. Inquietante. Pero más aún la posiblidad de que en el despacho de JFD alguien puede colocar micrófonos ocultos. Si es así, y pensamos en las batallas internas que los mandos de la policía han protagonizado en los últimos cuatro años, a golpe de dosieres e informes, es para echarse a temblar. Lean el artículo de Pedro Águeda en eldiario.es, que no tiene desperdicio aunque el titular concentra toda la dinamita: 'Cuatro años de guerra sucia policial contra la oposición le estallan al PP en vísperas de las elecciones'.

Así pues, tanto el contenido de las conversaciones como la grabación y filtración de estas justificaría que Fernández Díaz hubiera renunciado de inmediato al cargo en funciones que ocupa. Por contra, sus explicaciones han sido bochornosas: él es la auténtica víctima, las grabaciones son antiguas, están manipuladas y fuera de contexto... Es una burla a los ciudadanos. Y si no él, su jefe directo, Mariano Rajoy, tendría que haberle apeado del cargo nada más estallar la noticia, en vez de jugar al gato y al ratón asegurando que ni siquiera sabía que existía un director de la Oficina Antifraude.

Si no lo ha hecho es porque el quid de este escándalo es el propio Rajoy. Fernández Díaz, un hombre de su absoluta confianza, le cita al menos en dos ocasiones, y deja claro que es el presidente el que espera los informes y el que decide en última instancia. Lo que revela esa reunión es que, superado políticamente por el tsunami independentista, Rajoy da orden a Fernández Díaz de activar otras armas, los resortes ocultos del Estado. Nada que los partidos nacionalistas catalanes no lleven tiempo denunciando: ahora tienen la prueba, de viva voz.

Sigue en el aire la pregunta clave: Quid prodest? ¿A quién beneficia esta filtración? A quién perjudica ya lo sabemos: a una ciudadanía a punto de volver a las urnas, incrédula del nivel de desprecio a las instituciones al que puede llegar el gobierno de un partido de orden como el PP.