Melilla: una ciudad-cárcel, un Guantánamo español

Imagen del CETI de Melilla

Este lunes, los miembros de una delegación de Podemos intentamos visitar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. Y digo "intentamos" porque solamente pudimos acceder al recinto Maribel Mora y quien escribe, ya que nuestra condición de senadora y eurodiputado, respectivamente, nos habilitaba para ello. O al menos, eso argumentaron desde Delegación del Gobierno para impedirle el paso al resto de la delegación, entre quienes se encontraba la diputada andaluza Teresa Rodríguez y la responsable del área estatal de Migración de Podemos Ione Belarra. Un anuncio que nos llegó en la misma puerta del CETI y de viva voz. Unas formas poco habituales y compatibles con un Estado de Derecho avanzado que se preste.

Quienes sí pudimos acceder nos encontramos con unas instalaciones diseñadas para 480 personas adultas pero que, sin embargo y tal y como nos reconoció el propio director, alberga actualmente a más de 1.750, quinientas de ellas niños. Un centro desbordado e inadaptado, donde las familias viven hacinadas durante el día y son separadas por la noche. La presencia de subsaharianos, hasta hace poco mayoritaria, se ha vuelto testimonial. El hostigamiento de la policía marroquí y la incapacidad económica de sufragar las tarifas que exigen las mafias para pasar a suelo español han motivado que busquen otras vías de entrada. Hoy, la mayoría son sirios, que llegan en avión hasta Argelia y por carretera hasta Nador, desde donde pagan a las mafias para cruzar a Melilla. En menor medida se cuentan también iraquíes, palestinos o yemenís, mientras destaca la ausencia de eritreos, tan presentes en las fronteras griegas e italianas.

Miembros de la delegación de Podemos que visitó el CETI de Melilla

Las aulas del CETI se han convertido en habitaciones, las oficinas en aulas, y el patio en un campamento improvisado lleno de carpas. Más allá de la seguridad y administración del centro, solo tres personas atienden a los residentes: un médico, una psicóloga y una abogada de CEAR que realizan esfuerzos sobrehumanos. Tres personas para atender a 1.750. Difícil cumplir, con estos recursos, los protocolos de atención a afectados por conflictos armados previstos en los tratados internacionales firmados por el Estado español. Mucho menos aún los protocolos específicos recomendados para las y los menores. Y qué decir de la información sobre derechos básicos, trámites legales o el reagrupamiento familiar, la principal preocupación de las familias. Trámites que deberían tardar apenas unas horas se alargan durante semanas. Ante semejante carestía, sorprende menos que las y los refugiados reconozcan confiar más en la información que les proporcionan las mafias que en la que le dan las autoridades del CETI.

Pero el hacinamiento, la precariedad del servicio y la falta de recursos no son fenómenos climatológicos, sino la consecuencia de una falta palpable de voluntad política. O más bien, el resultado de una voluntad de incumplir sistemáticamente los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos, colocando los intereses geoestratégicos, comerciales y policiales por delante de la vida de las personas. Valga como ejemplo el contraste entre este campo de refugiados improvisado y el campo de golf de lujo que se extiende tras sus muros, tristemente famoso por aquella otra foto de hace casi un año donde un grupo de migrantes trataba de saltar una valla ante la presencia deshumanizada de caddies y golfistas.

Un contraste y una realidad que se extienden y reconfiguran los doce kilómetros cuadrados y a las 80.000 personas censadas que conforman el municipio de Melilla. A la presión migratoria tradicional se suma ahora la llegada masiva de refugiados. Pero como nos reconocía un taxista, esta situación se ha convertido en un lucrativo negocio para la ciudad: las pensiones y casas de alquiler encuentran en las y los refugiados con mayor poder adquisitivo una demanda permanente; los taxistas tienen más clientes por el movimiento de refugiados a lo largo de la ciudad; por no hablar de las mafias que trafican con personas, los hoteles repletos de Guardias Civiles, especialmente los efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el cuerpo de antidisturbios encargado de vigilar la valla fronteriza, o los técnicos responsables de su mantenimiento.

Capítulo aparte merece el lucrativo negocio derivado de la construcción de nuevas instalaciones de seguridad. En los últimos diez años, el Estado ha invertido 75 millones en levantar muros y vallas repletas de concertinas y cámaras de vídeo-vigilancia en las dos ciudades autónomas fronterizas con Marruecos. Dinero público gestionado en realidad por contratistas privados, como ocurre en tantos otros sectores. Más concretamente, por un puñado de contratistas. El 80% de este dinero ha ido a parar a tres grandes empresas españolas a través de sucesivos concursos públicos de adjudicación, con la transnacional Indra Sistemas a la cabeza: ha obtenido prácticamente la mitad de todos estos fondos, especializándose en la construcción de vallas en Melilla. Unos 75 millones que contrastan con los tres millones de fondos europeos destinados a renovar y mejorar las instalaciones del CETI de la ciudad, cuyas lentas obras también contrastan con la celeridad con la que se levantan los muros de su alrededor.

Inversiones en seguridad que dan sus frutos pero que no hacen desaparecer el problema: se han reducido los antaño habituales saltos de la valla protagonizados por subsaharianos jóvenes y solteros, pero han tomado el relevo las y los refugiados llegados desde Oriente Medio. Las nuevas formas de entrada incluyen el alquiler de pasaportes marroquíes por parte de familias de refugiados que se caracterizan para hacerse pasar por sus verdaderos dueños. Cuando no es posible hacerlo conjuntamente, las familias se separan. Muchos niños acaban desamparados, en las puertas del CETI o de la comisaría, a un lado o al otro de la frontera, en ocasiones en manos de las propias mafias. Un drama que podría evitarse simplemente habilitando consulados como el de Nador para que las y los solicitantes de asilo tuviesen una entrada legal y segura que les ahorrase exponerse a mafias y concertinas.

La diputada andaluza Teresa Rodríguez y la senadora Maribel Mora conversan con agentes de la Guardia Civil

En Melilla, como en tantos otros lugares, la Europa Fortaleza y la Europa del capital se dan la mano y el control de fronteras se vuelve un nicho de mercado y un apetitoso negocio en tiempo de crisis. En materia migratoria, las concertinas son la verdadera Marca España en Europa. Las que fabrican empresas españolas para la valla de Melilla o para la de la frontera serbo-húngara. No por nada, tras su visita a los CETIs y sistemas de seguridad de Ceuta y Melilla, la embajadora húngara los ha puesto como ejemplos de buenas prácticas en política migratoria. Dos ciudades-cárcel, como las definió Teresa Rodríguez o, como más crudamente la llaman los refugiados sirios que conocimos durante nuestra visita: los guantánamos españoles. Una realidad que no se merecen ni los refugiados, ni los migrantes y por supuesto tampoco los ceutíes y melillenses.