Unas elecciones generales son un contrato moral

Las partes son, de un lado, el partido que resulta vencedor, y de otro los ciudadanos, que con sus votos, dan luz verde al partido ganador para que desarrolle su programa electoral.

El objeto del contrato es la implementación y desarrollo de las medidas contenidas en el programa electoral.

Un partido que, una vez logrado el poder, no solamente no desarrolla el programa electoral que le ha llevado a la victoria, sino que hace justamente lo contrario de lo que prometió, está cometiendo un fraude moral y debe ser desalojado del poder de inmediato mediante la presión social.

La mayoría parlamentaria, aunque sea absoluta, NO ES UN CHEQUE EN BLANCO. El diccionario de la RAE define

democracia.

(Del lat. tardío democratĭa, y este del gr. δημοκρατία).

1. f. Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos.

Por lo tanto, si los ciudadanos han votado a un partido para que desarrolle unas medidas, esas medidas son las que hay que desarrollar, de lo contrario las elecciones pierden sentido y la democracia se vacía de contenido. El poder pasa a ser ejercido por una especie de oligarquía política EN CONTRA DE LOS DESEOS DE LOS CIUDADANOS.

Para poner un ejemplo de la calle, Rajoy no es el médico de Paquirri en Pozoblanco: nadie le ha dicho "haga lo que tenga que hacer, estamos en sus manos".

¿Hace falta recordar cómo acabó el diestro?

Los votantes le han dicho a Rajoy "haga lo que dice que va a hacer", y para todo lo demás, consúltenos, o bien en un referéndum, o bien en una nueva consulta electoral.

El Partido Popular no solamente está incumpliendo medidas esenciales del acuerdo al que llegó con sus votantes (como el respeto a la líneas rojas de la educación y la sanidad), sino que defiende la teoría de que el gobernante, una vez que llega al poder, está legitimado para tomar cualquier medida que considere oportuna, aunque eso vaya en contra de su oferta electoral.

Este es el sentido de las palabras de Rajoy cuando afirmó en Onda Cero: "Haré lo que sea, incluso cosas que dije que no iba a hacer".

Es llamativo que en ese "haré lo que sea" no figure ni convocar elecciones anticipadas (ante la imposibilidad de cumplir con el programa) ni convocar un referéndum (para adoptar consensuadamente una medida que es contraria a lo que se pactó).

El Partido Popular no solamente defiende la legitimidad de los incumplimientos realizados hasta ahora sino de todos lo que puedan producirse en el futuro. "Haré lo que sea", tiempo futuro.

Se defiende afirmado que sus medidas electorales fueron hechas de buena fe, pensando que podrían ser factibles, pero que no lo son.

En el supuesto de que semejante afirmación fuera verosímil, que no lo es, lo ético, entonces, para honrar esa buena fe, es convocar elecciones. Los ciudadanos han votado al PP para que desarrolle

EL PROGRAMA, no CUALQUIER PROGRAMA QUE ESTIME CONVENIENTE UNA VEZ CONQUISTADO EL PODER.

¿Qué podemos hacer los ciudadanos frente a este abuso de poder?

En enero de 2011, la Audiencia Provincial de Madrid estableció en un auto que los ciudadanos no pueden demandar a los políticos por incumplimiento del programa electoral en los tribunales, porque el contrato que se establece entre las partes no es de naturaleza jurídica.

Efectivamente, el Artículo 1090 del Código Civil establece que:

En ninguna página del programa electoral del PP figura que el cumplimiento de sus medidas sea exigible en los tribunales.

Pero la constatación de este hecho, en vez de haber servido a nuestros actuales gobernantes para autoregularse, parece haberles convencido de que pueden actuar al margen de cualquier consideración moral o política, es decir, que el cumplimiento del programa electoral queda al arbitrio absoluto de una de la partes, porque los tribunales no pueden obligarles a hacerlo.

La naturaleza del contrato electoral es moral, no jurídica. Esto significa que los tribunales no persiguen a los gobernantes incumplidores porque se da por hecho que al tratarse de un conjunto de obligaciones morales (obligaciones de hacer y de no hacer), son los propios gobernantes los que deben autorregularse e imponerse a sí mismos su cumplimiento.

La obligación moral implica libertad jurídica en su cumplimiento, pues para que una conducta pueda ser objeto de un juicio moral es preciso que el sujeto la realice porque siente que debe o no debe llevarla a cabo. En cambio, la norma jurídica es obligatoria, los individuos no pueden negarse a cumplirla, pues si lo hiciera el Estado les obligaría a cumplirla coactivamente.

Las obligaciones jurídicas las establecen los legisladores pero las de naturaleza moral las establecemos los ciudadanos.

Si los ciudadanos exigimos en la calle lo que creemos que debe y no debe ser, esa será la norma moral que deban seguir nuestros gobernantes.

Las normas morales no están exentas de cualquier tipo de sanción

En absoluto: la sanción a la que se expone el incumplidor de la norma moral es el rechazo social y este rechazo social puede y debe ser expresado por todos los españoles al unísono mediante una gran manifestación contra EL CHEQUE EN BLANCO DEL PP.

Si el Gobierno del PP no es capaz de autoregularse y cumplir con su programa electoral, o reconocer que no puede cumplir con él y convocar elecciones, hemos de ser los ciudadanos los que, ejerciendo la presión social, dejemos bien claro qué clase de gobernantes queremos tener.

La unión hace la fuerza

Los incumplimientos generalizados del Gobierno están consiguiendo movilizar en la calle a los más diversos colectivos, pero todos están actuando de forma aislada, lo que resta fuerza a sus acciones.

Lo que resulta más ineficaz de estas manifestaciones es que se trata de reacciones frente a leyes: los ciudadanos se rebelan contra normas jurídicas.

El gobernante elegido democráticamente siempre puede argumentar: la Constitución establece que los diputados hacen las leyes, aunque no gusten a muchos.

El aumento del IVA es una ley, la supresión de la paga extra es otra ley, son normas publicables y publicadas en el BOE.

Pero si nos rebelamos ante cuestiones morales, que jamás podrán ser recogidas o sancionadas por el BOE, dejamos a nuestros gobernantes sin argumentos.

La calle es el BOE de los ciudadanos, es el lugar donde nosotros dictamos JURISPRUDENCIA MORAL a nuestros gobernantes.

La eficacia de la jurisprudencia moral es tal, que recientemente, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, tuvo que dimitir porque su conducta no era ÉTICA.

Una manifestación con una pancarta que diga LA MAYORÍA ABSOLUTA NO ES UN CHEQUE EN BLANCO es una rebelión moral, asumible por todos los colectivos de ciudadanos que ahora se están manifestando por separado.

Nosotros salimos a la calle y "LEGISLAMOS" con nuestra presencia en las plazas que los gobernantes son elegidos únicamente como gestores de una serie de medidas previamente pactadas con los votantes.

Todo lo demás constituye un abuso de poder que no estamos dispuestos a consentir.