Urdangarín, la infanta y los que callaron y otorgaron

Hace tiempo que llegué a la conclusión de que la eficacia es eficacia y la eficiencia, eficiencia y que siempre es así independientemente del adjetivo que le acompañe. La eficiencia pública no es menos eficiente que la privada ni al revés; lo que pasa es que hay menos de la primera.

Algunos se empeñan en culpar de la ineficacia pública sólo a los funcionarios y sus derechos adquiridos. El caso de los Duques de Palma demuestra que el problema pasa también -y con cifras astronómicas- porque el dinero público no se administra con el mismo cuidado con que lo hace un Consejo de Administración que sabe que su silla depende de que sus accionistas estén contentos. Es un hecho que aquí los votantes perdonamos sin parar corrupciones e ineficacias en las urnas.

En el sector privado los empleados solemos quejarnos de que los gestores administran como si el dinero fuera suyo. Les cuesta soltar cada céntimo. En la público, la paradoja es que siendo de todos no se administra como propio si no como de nadie.

Lo duro de que Urdangarín y su esposa se forraran presuntamente a cambio de nada en muchos casos es descubrir que nuestros políticos no sólo contratan a precio de oro servicios por venir de quien vienen sino que, encima, no son capaces de reclamar cuando no se obtiene lo contratado por el mismo motivo.

Durante años, en este país, muchos dirigentes públicos supieron antes que todos los demás que Urdangarín, con su escudo -su mujer y su suegro- estaba, presuntamente, robando sin rubor, sin piedad, sin pudor y con una cara muy dura de las arcas del Estado y nadie tiró de la manta ni reclamó ni un duro. Sus razones tuvieron. Cualquiera se metía en semejante lío viendo lo que le está costando al Juez Castro intentar hacer justicia.

El abogado de Torres primero se empeñó en imputar a Gallardón, Lissavetzky y Montilla (alcalde, secretario de Estado de Deportes y ministro del ramo, entonces) por los 144.000 euros que Madrid entregó a Urdangarín para que promocionara Madrid 2016 y por cuyo importe no aparece ningún trabajo acreditado. El juez no lo consideró necesario. Ahora, el abogado insiste solicitando que al menos se les cite como testigos. La Fiscalía no lo aprueba pero a mí me parecería muy sano que al menos se les pusiera la cara colorada al tener que reconocer que ninguno se atrevió a denunciar semejantes fraudes indiscutibles. Sería pedagogía democrática y penitencia por mirar para otro lado. Pagar por nada a quien sea no es eficaz ni eficiente y hace un roto en todos los balances económicos ya sean públicos o privados.