¿Qué esconde la anulación de la condena a Ríos Montt?

La semana pasada, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala anulaba la sentencia dictada días antes contra Efraín Ríos Montt, que le condenaba a 80 años de prisión por crímenes de genocidio y lesa humanidad.

La esperada sentencia había levantado olas de júbilo y esperanza entre buena parte de la población guatemalteca, especialmente indígena. Su anulación supuso un jarro de agua fría para los sectores de la sociedad que luchan desde hace décadas para que salga a la luz la verdad sobre el conflicto interno que sufrió el país entre 1960 y 1996 y para que se haga justicia por las más de 200.000 personas muertas o desaparecidas (1).

¿Preocupación sincera o amenazas veladas?

Sin embargo, ya desde antes de conocerse la sentencia condenatoria, grupos y personas relacionadas con el empresariado, el ejército y la política de corte conservador, habían comenzado una campaña intensiva para presentar este juicio como una "traición a la paz y a la reconciliación" y conseguir su anulación.

Y más allá: desde el inicio del juicio, organizaciones como la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) o la autodenominada Asociación contra el Terrorismo emitieron declaraciones y publicaron manifiestos intimidatorios en contra de víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, académicos y otras personas relacionadas con la izquierda política del país. En alguna de sus publicaciones, la Asociación contra el Terrorismo evidenció tener información vigente de personas que sigue identificando como el enemigo interno, contribuyendo a crear un clima amenazante en torno al proceso. AVEMILGUA por su parte llegó a amenazar con movilizar 50.000 paramilitares para marchar sobre la capital y paralizar el país hasta lograr la liberación de Ríos Montt.

La organización patronal CACIF también cerró filas en torno al exdictador. En las publicidades pagadas que se insertaron en los principales medios de comunicación del país, se llegó a alertar de un "riesgo inminente de que la violencia política reaparezca".

La violencia política no puede "reaparecer" en Guatemala, puesto que ya se hace presente a diario en todos y cada uno de los aspectos de la vida nacional. Las personas que enarbolan la bandera de la justicia y los derechos humanos en el país se señalan públicamente como objetivo de la represión y la violencia. Ataques y amenazas a quienes se atreven a investigar sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno en Guatemala, atentados contra la vida de quienes se enfrentan a los poderes económicos y allanamientos de sedes de organismos sindicales y no gubernamentales, son prácticas habituales en el país para escarmiento y disuasión de quienes se enfrentan a alguna instancia de poder local. Sólo en 2012, 13 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Guatemala.

Yolanda Oquelí estuvo a punto de ser una de ellas. Esta conocida defensora de Derechos Humanos guatemalteca sufrió el año pasado un atentado que buscaba acabar con su vida. Para ella, la anulación de la sentencia es una amenaza directa: "Quédense callados porque aquí mandamos nosotros". El "nosotros" al que se refiere son los empresarios y militares que ostentan el poder: desde el presidente Pérez Molina hasta la mayoría de cargos administrativos en el país, son exmilitares y "tienen parte grande en estos delitos, en estas violaciones de derechos humanos, en estos genocidios". Según Oquelí, este "pequeño grupo de guatemaltecos con la mente y el alma corrompida" saben que la sentencia a Ríos Montt "abría una pequeña puerta, y que después venían ellos detrás".

Por eso la estrategia de los poderes fácticos sigue siendo la represión. Como la activista afirma, en Guatemala hay muchas mujeres que, al igual que ella, estuvieron en las declaraciones durante el juicio, que estuvieron litigando y que celebraron en su momento la condena. Tras la anulación, "también su vida corre peligro", afirma.

Entendiendo este clima de violencia y amenazas se entenderá mejor el contexto en el que se produce esta anulación de sentencia, y se puede enmarcar adecuadamente el riesgo que entraña la labor de activistas, líderes comunitarias, sindicalistas o juristas en defensa de la verdad y los Derechos Humanos y las presiones a las que se somete su actividad.

Yo no soy guatemalteca ni vivo estos acontecimientos en Guatemala, pero mi paso por el país me ha dejado un ligero conocimiento del contexto, y sobre todo buenas relaciones con personas que sí lo conocen a fondo, ya que en él llevan a cabo su labor. Por eso creo que sus voces son imprescindibles y sus opiniones son clarificadoras para analizar los acontecimientos que vive el país.

Lo grave no es la anulación de la condena

El hecho de condenar a un exdictador octogenario a 80 años de prisión fue histórico. Pero varias de las personas consultadas coinciden en que lo más grave no es el paso atrás en la búsqueda de justicia y reparación que supone la anulación de la condena. Lo que resulta de especial gravedad, señalan, es el uso de subterfugios y triquiñuelas legales para conseguirlo.

Ya durante el juicio quedó claro que la defensa de Ríos Montt no se centraba en demostrar su inocencia, tarea harto difícil por la fuerza de los testimonios, los informes y las pruebas presentados por la acusación. Tampoco se emprendieron las apelaciones habituales para impugnar un fallo tras una sentencia. En vez de eso, se centraron en provocar deliberadamente errores de forma durante el proceso, para enturbiarlo y detenerlo.

En concreto, el abogado de Ríos Montt habría estado inhabilitado para ejercer la defensa por declararse enemigo de la jueza a cargo del caso. Las leyes del país señalan que en estos casos el abogado debe inhibirse de la defensa. En vez de ello persistió, provocando deliberadamente un error de forma que aparece explicado detalladamente aquí. Este error es el que se ha utilizado como excusa para anular el juicio, y por tanto la sentencia condenatoria.

La Corte de Constitucionalidad no tendría que haber intervenido

Además del procedimiento empleado por la defensa para eludir la justicia, según el criterio de abogados y otros actores la Corte de Constitucionalidad no debió haber intervenido en una decisión que constitucionalmente es competencia de los tribunales ordinarios. Tampoco tendría competencias para anular una sentencia de un plumazo porque no hubo agravio irreparable en absoluto, ya que el acusado y su defensa tenían a su disposición todos los recursos ordinarios que la ley establece para impugnar el fallo.

La Corte Constitucional aprobó la anulación de la condena por tres votos a favor y dos en contra. Los propios magistrados que votaron en contra argumentaron que la Corte Constitucional se estaba "extralimitando" en sus funciones, dejando desprotegidas a las víctimas y "perjudicando el desarrollo de la justicia".

Fragmento del voto razonado de la magistrada gabriela Porras. Fuente: Prensa Libre Guatemala.

En la misma línea, la Comisión Internacional de Juristas recordó en un comunicado que ya en 2007 dos magistrados de la Corte de Constitucionalidad evitaron la extradición a España de Ríos Montt para ser juzgado, y que con este nuevo movimiento "vuelve a amparar al militar retirado, afectando gravemente el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del pueblo Ixil, y aumentando la impunidad en Guatemala".

Lo que se plantea de fondo es una falla generalizada del sistema de justicia, que permite esta práctica habitual, que lleva a detener numerosos procesos judiciales con mala fe. Numerosas voces se alzan en estos días en Guatemala reclamando la necesidad de una reforma judicial a fondo.

¿Por qué es importante hacer justicia?

Sin justicia no hay democracia. La idea de justicia debe prevalecer sobre las irregularidades procesales. Por supuesto que éstas deben subsanarse, pero el fallo debe hacer justicia sobre los crímenes de genocidio cometidos. Es importante que así sea porque sienta un precedente para posibles casos futuros.

Hay que buscar un equilibrio entre los derechos constitucionales procesales (el derecho de defensa, a la presunción de inocencia, etc) y el derecho de reparación integral de las víctimas y el respeto de los derechos humanos, para que los derechos procesales no puedan ser alegados como maniobras dilatorias o para evitar la condena cuando se producen violaciones de derechos humanos.

La Justicia Transicional es un instrumento que permite reparar de forma integral (materialmente, con la verdad y con la justicia) a las víctimas de un conflicto armado o a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos.

Desde Alianza por la Solidaridad declaramos que combatir la impunidad y promover la investigación, el seguimiento y la captura de los sujetos responsables de crímenes de lesa humanidad es un marco institucional necesario para una transición exitosa desde un marco de violencia a uno de paz y democracia.

En Guatemala, como en España y en cualquier lugar del mundo que pretenda un futuro en libertad, paz y democracia, la sociedad civil ha de poder reclamar libremente y en total seguridad el derecho a saber la verdad y reclamar que se haga justicia a favor de los Derechos Humanos.

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1 ¿Fue genocidio?: Un informe de la Comisión de la Verdad respaldada por Naciones Unidas en 1999 -presentado por la Fiscalía en el proceso contra Ríos Montt- documenta masacres en 500 aldeas y las califica expresamente como "genocidio". También señala que entre 1978 y 1984 ocurrió el 91% de las violaciones de derechos humanos de la guerra (1960-1996), que dejó un total de 200 mil muertos y desaparecidos. 1982 y 1983 fue el periodo más sangriento, con una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que Rios Montt gobernó de facto Guatemala.