Puerto Rico: crónica de una crisis anunciada

Felipe VI, en su reciente visita a Puerto Rico para la inauguración de la séptima edición del Congreso Internacional de la Lengua Española hizo referencia a la alegría que le suponía volver a los Estados Unidos. Un gran error del monarca, lo cual molestó mucho en la Isla, ya que, como se debía conocer en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Puerto Rico es un territorio no incorporado a los Estados Unidos de América.

En efecto, tal como se acaba de indicar, el estatus jurídico de Puerto Rico de acuerdo con el derecho de los Estados Unidos es el de territorio no incorporado a los EEUU. Resumiendo mucho las notas básicas, los nacidos en la isla son ciudadanos norteamericanos (desde 1917, con la aprobación de la Jones Act), sirven en el ejército, votan en las primarias, pero no pueden elegir al presidente de los EEUU, ni tienen representantes con voz y voto en el Congreso estadounidense; existiendo sólo un Comisionado Residente que tiene voz ante la comisión correspondiente del Congreso. Pero, al mismo tiempo, Puerto Rico no puede pedir ayuda directamente al FMI ni dispone de todos los instrumentos de los estados soberanos para pedir ayuda financiera. La situación es tanto más peculiar que, pese a no formar parte de los EEUU, tiene unos fuertes nexos de Unión política y económica con ellos.

Unos lazos que provienen esencialmente de la historia, de la cesión que hace España en 1898 -curiosamente distinta de la ocupación que hacen los estadounidenses de Cuba- y en el que la historia puertorriqueña ha ido dibujando un escenario en el que no tiene visibilidad en el contexto internacional. La posición estratégica de Puerto Rico, que se encuentra a la misma distancia de Venezuela y de Florida, hace impensable que se pueda obtener una independencia que permita la autodeterminación de este país.

Todo lo anterior es un elemento relevante en la crisis actual. Y de hecho, la crisis actual no se puede desligar de las medidas adoptadas por los EEUU, tanto en la agricultura (en los primeros años del siglo XX, reduciendo muchísimo la economía puertorriqueña), como en el transporte. Más cercana en el tiempo está la derogación de Sección 936 del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, que proporcionaba beneficios económicos a las empresas que se se radicaban en la Isla.

Puerto Rico se encuentra en una situación de crisis económica que se extiende en diversos ámbitos: la deuda pública resulta superior al 100% del PIB; el déficit público constante y anual, del de las Administraciones públicas, llega al 20%, y con numerosos problemas en la gestión de tributos; tiene aproximadamente un 40% de la población en edad de trabajar que no está ni siquiera integrada en el mercado de trabajo; la mala gestión de la caja de las pensiones permite ver en el horizonte un riesgo grande de insolvencia del sistema de pensiones de los empleados del Gobierno central y de maestros, que podría dejar a unos 200.000 personas aproximadamente sin su pensión; una pérdida de competitividad de la economía -motivada por los costes energéticos y de transportes, que están lastrando la actividad económica- que se acompaña de una constante pérdida de la de población que está mejor formada y que encuentra su destino en el vecino del norte; y, al mismo tiempo, una crisis en la Administración pública. Los datos económicos del Banco Gubernamental para el Fomento de Puerto Rico son muy ilustrativos, y desde la publicación del polémico Informe Krueger, emitido por petición del gobernador García Padilla, la situación no ha hecho sino empeorar.

Todo lo cual dibuja un cuadro de crisis estructural en el país que no ha encontrado solución hasta ahora, a pesar de que hace años que esta crisis estaba en el horizonte y que no permite en la actualidad el recurso al mercado de capitales, que está cerrado para la isla por la bajísima cualificación de su deuda.

En la actualidad, la crisis y sus vías de gestión se vertebran sobre dos polos: por un lado, la imposición por parte del Gobierno de los EEUU de un mecanismo de gobierno para ordenar la economía y la Administración pública: la instauración de una Junta de Control Fiscal que supondría indirectamente la suspensión de la Constitución que está actualmente en vigor. Esta medida del Gobierno federal está provocando un apasionado debate entre los partidarios y detractores de la medida.

Por el otro, la tramitación de una serie de medidas por el Parlamento de Puerto de Rico incorporadas a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto sobre las moratoria del pago de la deuda; norma también controvertida y sobre la que el Colegio de Abogados ha señalado su inconstitucionalidad, añadiendo, por tanto, un factor de inestabilidad. La mayoría republicana en Washington impide, al mismo tiempo, que la Junta venga con dinero como paso inicial antes de proceder a una reforma administrativa y de las estructuras económicas.

Como se aprecia, nos encontramos ante una solución especialmente grave ya que, de entrada, hay un problema de si Puerto Rico entra o no en quiebra, desde un punto de vista jurídico. Esta es una medida a la que pueden recurrir las Administraciones públicas estadounidenses, pero no Puerto Rico, después de una medida aprobada en condiciones peculiares en el año 1984.

Teóricamente, el 95% de los créditos están sujetos a la legislación de la isla, no a la de New York. Pero esto tendría consecuencias relevantes en los EEUU, ya que una parte considerable de los mismos están en manos de entidades financieras estadounidenses, y su impago podría tener consecuencias sistémicas para el sector financiero.

Esa es la situación general de Puerto Rico en la actualidad. Una situación preocupante, ya que las vías de solución ni siquiera se intuyen, teniendo en cuenta la polarización de la población en relación con EEUU, la ausencia de recursos financieros y la finalización del mandato del gobernador Padilla y las consiguientes elecciones en noviembre próximo.

Como elemento previo a la preparación de este artículo, organicé y conduje un diálogo entre dos puertorriqueños el economista William Lockwood y la abogada María de los Ángeles Trigo y José Rubio San Román, Profesor de la Universidad Complutense que lleva años dirigiendo en Puerto Rico un Máster oficial que se imparte por la UCM y la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El audio de este coloquio se puede escuchar aquí.