La estrategia del PP y la deconstrucción del TC

En la semana de la Diada de Cataluña resulta imposible no advertir que, junto a las dimensiones económica y social de la crisis, España ha sumado a éstas una enorme crisis política y territorial que no es independiente ni ajena de las anteriores.

He escrito en anteriores ocasiones en esta columna de opinión acerca de la fatiga de materiales que acusa el entero edificio constitucional. Y lo he hecho también acerca del tremendo impacto que el ajuste de cuentas contra el Estado social perpetrado por la política del PP en el Gobierno ha tenido, y continúa teniendo, sobre la viabilidad del Estado autonómico, cuyo agotamiento los socialistas españoles pretendemos conjurar con un proyecto federal.

Como federalista y europeísta convencido, desconfío de los tintes populistas con que, de manera simplista, se ha planteado el debate "soberanista" o "independentista" como solución taumatúrgica a todos los problemas económicos y sociales de Cataluña. Muchos de esos problemas son consecuencia de años de desviación de los verdaderos debates para ocultar políticas clientelares y corruptas, al tiempo que se ha agitado una confrontación deliberadamente divisoria -la falsa diatriba "España contra Cataluña"- que atenta contra el pluralismo de la sociedad catalana.

Rechazo además la artificiosa fabricación ideológica que distorsiona los sucesos de 1714 (y sus antecedentes en la recepción de Felipe V en Barcelona y la larga Guerra de Sucesión) para apoyar una injustificable apuesta unilateral por una secesión de Cataluña que se pretende inmune a todo debate racional y al abono de argumentos y vías de conciliación.

Y refuto, desde luego, que lo que está pasando pueda afrontarse sin más con argumentos jurídicos, cuya importancia, sin embargo, no subestimo en lo más mínimo, puesto que soy jurista: resulta especialmente ofensivo ese redoble de tambor de los portavoces del Gobierno y del PP en todos los NODOS de su régimen mediático, con el manido argumento de que "se paralizará la consulta ilegal interponiendo recurso ante el Tribunal Constitucional".

Y es que parte del problema reside exactamente en esto: en el descrédito del TC, codiciosamente propiciado por los manejos del PP. Por discutibles o rechazables que sean sus argumentos o pretextos, el malestar y el hartazgo de un amplio segmento de la sociedad catalana frente a las reglas de juego de la Constitución y frente a su árbitro supremo -el Tribunal Constitucional- tiene mucho que ver con la estrategia insensatamente partidista con que el PP se ha afanado durante largos años en demoler el anterior prestigio del TC, con tal de salirse con la suya al instrumentalizarlo como ariete de carga contra el Estatut de 2006.

Ciertamente, el texto que surgió del Parlament estaba hipertrofiado y pecaba de muchos excesos. Desde luego, es también obvio que se cometieron, cómo no, errores en la gestión política del procedimiento. Pero es innegable que el asalto a la composición del TC que debía enjuiciar su adecuación a la Constitución, mediando la abyecta recusación por el PP del magistrado Pérez Tremps y de la propia Presidenta Maria Emilia Casas, marcó el principio del fin de la autoridad del TC ante una parte decisiva de la sociedad catalana.

Además, tan descabellada estrategia erosionó el crédito del TC de forma difícilmente reparable ante el conjunto de los estudiosos y hasta de los más acérrimos defensores del orden constitucional del que el debilitado órgano debería seguir siendo garante.

La hipocresía del PP ha alcanzado el paroxismo con el copernicano giro de su discurso tras la revelación de que el actual Presidente del TC, Pérez de los Cobos, ¡es militante del PP, que le propuso para su elección, y ocultó esa militancia en su comparecencia previa a su ratificación por las Cortes Generales!

De repente, todos los argumentos que el PP utilizó para descalificar a Pérez Tremps (un catedrático que jamás ha sido militante del PSOE) pretenden ahora reconvertirse para "defender el derecho" de De los Cobos a militar en el PP sin "consecuencias negativas", ni por su militancia en el PP ni por haber asesorado notoriamente a la FAES (la nada liberal factoría de ideología conservadora), ni siquiera tampoco por haber elaborado dictámenes influyentes para inspirar al PP su extremadamente agresiva "Reforma Laboral" que trituró la negociación colectiva y empoderó a los empresarios para destruir libremente todo el empleo que quisieran. Su objetivo era obvio: que aquellos trabajadores que conservasen el empleo vivan permanentemente con el terror en el cuerpo y acepten sin rechistar cualquier explotación a cambio de no ser despedidos sin más.

Con semejante ejercicio de desfachatez del PP, a muchos nos entristece -pero, lamentablemente, ya no nos asombra-, que hasta quien fue ponente del texto constitucional -uno de los llamados padres de la Constitución-, el veterano Miguel Roca, haya llegado a afirmar que la opinión de este TC "no merece respeto".

El PP ha jugado con fuego al practicar sin escrúpulos la toma al asalto y la demolición de todas las instituciones, ocupando notoriamente la Justicia, el CGPJ y, por último, el TC, con personas designadas por su observancia servicial y a ser posible incondicional a sus dictados e intereses.

Al final de esta secuencia, no nos quepa duda alguna. Son muchos los ciudadanos que tienen derecho a sospechar que el horizonte del PP es el de dictar su guión a jueces contrastadamente afines y fiscales diligentes en el socorro al poderoso, o intimidados por su poder omnímodo sobre sus carreras profesionales. Es el guión que el propio PP ha preescrito para alimentar las expectativas de impunidad de su ristra de imputados/as e imputables de primera clase y hacer descansar su impunidad en "sobreseimientos parciales", "cambios de jurisdicción" (de Baleares a Valencia, donde esperan los "amigos"), "archivos de piezas separadas", "prescripción de los delitos", "anulación de pruebas" por haber sido, según el PP, "ilícitamente obtenidas", "nulidad en la instrucción" y "defectos procesales en la investigación". El corolario está claro. El empecinamiento del PP abismará al TC a una nueva cadena de recusaciones que minará severamente su capacidad de respuesta.

Con semejantes ingredientes, es demasiado pedir que millones de ciudadanos indignados acepten sin rechistar las cínicas, despóticas y autoritarias actitudes con que ahora tanto el PP como el propio Presidente del TC despachan a quienes denuncian su doble rasero obsceno. El doble rasero con que manipularon la recusación de Pérez Tremps en el asunto Estatut, los mismos que ahora rechazan dar ninguna explicación, ahora que sabemos que asuntos de máximo voltaje que afectan al Gobierno del PP van a ser enjuiciados por algunos magistrados que llegaron al TC "con el carné del PP en la boca"... como se decía en otros tiempos.